La causa Hooft | La justicia convoca a los jueces y secretarios que actuaron en el ámbito penal durante la dictadura. El actual juez federal Mario Portela, acusador acérrimo de Hooft, aparece firmando el archivo de la denuncia por un secuestro ilegal en 1977, y dice que con los hábeas corpus hacían avioncitos de papel. ¿A él también lo van a acusar?
La causa Hooft ya se parece más a un capricho que a un procedimiento judicial. El juez de Azul Martín Bava, ha cobrado algún protagonismo reciente por llevar adelante los intentos fallidos de poner al juez Pedro Federico Hooft en el banquillo de los acusados, a pesar de que fue sobreseído.
En efecto, el magistrado había sido llevado a un jury por presuntos delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, pero resultó absuelto por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses, en abril. Como se recuerda, la causa contra Hooft comenzó en 2006 tras varias denuncias de la secretaría de Derechos Humanos. Pero en ese marco, el fiscal federal Juan Pettigiani realizó una declaración testimonial que la defensa del juez Hooft presentó en la Cámara Federal. En ella sostiene que el fiscal Claudio Kishimoto —que acusaba a Hooft– reconoció en una charla informal que sufría presiones oficiales para perjudicar al acusado. Reconoció que no había nada contra el juez, y la persona que lo estaba obligando a actuar era Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Ahora el juez Bava, que nunca se cansa, firmó una nueva actuación que apunta a continuar con la instrucción. Allí solicitó que se localice efectivamente a todos aquellos que se desempeñaron en el fuero penal como jueces entre 1976 y 1983, así como la documentación que respalda su actuación: “(…) informe si se encuentran secuestrados a su disposición los libros de índices y movimientos de expedientes del ex Juzgado, Penal nº 1, Secretarías 1 y 2; ex Juzgado Penal Nº 2, Secretarías 3 y 4; y ex Juzgado Penal Nº 4, Secretarías 7 y 8; correspondientes al año 1977 y, en su caso, tenga a bien de remitir en préstamo dichos libros por el plazo de 7 días (…)”.
También solicitó a la Secretaría de Personal de la S.C.B.A. que informe qué funcionarios se desempeñaron como secretarios durante los turnos de los meses de julio, septiembre y noviembre del año 1977, en el ex Juzgado Penal Nº 3 de Mar del Plata, como así también quiénes eran los fiscales a cargo de las fiscalías 1, 2 y 3 de esta ciudad durante el mismo año. La requisitoria se extiende a la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mar del Plata. En la nómina figuran: Carlos María Vallejo, Eduardo Bernardo Dartiguelongue, Alberto Radziunas, Juan Alberto Ferrara, Mario Alberto Portela, Enrique Aníbal Ferraris, Reinaldo Fortunato, Jorge Simón Isacch, Rodolfo Morales Ridecós, Oscar Nicolás García, Jorge García Collins, Carlos Alberto Pelliza, Edgardo Bernuzzi, Carlos Enrique Haller, José Antonio Martinelli, Bernardo René Fissore, José Luis Peralta, Ricardo Monterisi, Cecilia Margarita Boeri, Alica Ramos, Oscar García Durán, Federico Gastón L’homme, Julio Bepré, entre otros. Sobre algunos de ellos, el juez ya dispuso librar oficios a la Cámara Nacional Electoral a los fines de obtener sus domicilios actuales.
Pero a partir de las imputaciones realizadas por Bava, debería ser imputado en breve el actual juez penal federal Mario Alberto Portela, quien se desempeñaba como secretario judicial, e incurrió en graves contradicciones al declarar contra Hooft. Primero, porque prestó declaración testimonial en el jury a Hooft, cuando se había declarado su enemigo, es decir que estaba comprendido en las generalidades de la ley. Pero además, porque, por más que intentó por todos los medios minimizar su accionar como funcionario judicial de la dictadura, la documentación desenterrada lo pone en las mismas condiciones que a los demás. O quizá peor, porque como se verá, el magistrado sí firmó en acuerdo con archivar denuncias de secuestros ilegales de personas, sobre las cuales decía no tener elementos para investigar.
El peso de la historia
En su declaración, Portela había afirmado varias veces que durante la dictadura militar, la secretaría 4 del Juzgado Penal nº 2 a su cargo no había recibido causas por privación ilegal de la libertad. Dijo: “Nunca hubo ningún hábeas corpus o de privación ilegítima de la libertad denunciado en el Juzgado 2, Secretaría 4, hasta el año ‘78, en que yo pasé a ser secretario de la Cámara durante un año y medio”. Y además: “Insisto: no tuve ningún tema de privación ilegal de la libertad en la Secretaría 4, Juzgado Penal 2 entre los años ‘76 y ‘78”. Increíble: se ve que ninguna de las personas que intentaron infructuosamente que la justicia los respaldara cuando sus familiares desaparecían fue a dar con Portela.
Su negativa duró hasta que a pedido del abogado Héctor Granillo Fernández, el Tribunal le exhibió el expediente por el secuestro y desaparición del procurador y escribano marplatense Roberto Carlos Lavagna, sucedido el 30 de agosto de 1977. En el documento puede leerse que el juez Jorge Simón Isacch y su secretario Mario Portela dispusieron el sobreseimiento provisorio de la causa, por no haberse individualizado a los autores del hecho. Habían trascurrido solamente 40 días desde el secuestro, y ellos no investigaron a nadie: Roberto Carlos Lavagna permanece desaparecido.
Pero ese no fue su único desliz: Portela declaró que en 1976, los cuatro jueces penales Isacch, Hooft, Morales Ridecós y García, junto con sus ocho secretarios, habían comenzado a realizar una inspección en las comisarías, pero que Isacch, luego de la primera inspección, les había comunicado: “esto es una payasada, esto no se puede seguir haciendo”. Tras lo cual agregó: “el doctor Isacch y sus cuatro secretarios no fuimos más a ninguna comisaría”.
Pero lo que dijo resultó no ser cierto: los cuatro jueces penales -incluido Isacch- continuaron realizando durante los años ’76, ’77 y ’78 visitas a las comisarías, y siguieron denunciando ante la Suprema Corte las pésimas condiciones de detención en que se hallaban los presos. Y los originales de esas comunicaciones se habían agregado tanto al jury como a la causa federal.
Esa y otras falsedades quedaron expuestas con numerosa prueba documental: por esa razón los miembros del jurado dejaron a Mario Portela a disposición, durante el tiempo que duró el jury.
Por otra parte, resulta llamativo que la desaparición del escribano Lavagna nunca fuera materia de análisis ni tratamiento en el denominado Juicio por la Verdad, llevado a cabo por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata que integran los jueces Portela, Roberto Falcone y Néstor Parra. Tampoco fue, ni es materia de investigación por el juez Bava, quien aun con la documental del secuestro de Lavagna en la mano, hasta el día de la fecha no dispuso ninguna medida investigativa, ni la remisión de copias para que otra autoridad judicial intente averiguar lo sucedido.
Origami
Ante la prensa, Portela se refirió al accionar de los jueces a partir de 1976, hasta la llegada de la democracia: “El 24 de marzo del ‘76 se decreta asueto y se cierra la Justicia por 7 días. Pasado ese tiempo, Videla le toma juramento a la nueva Corte, designada por la Junta Militar. A ese acto concurrieron el 85 o 90% de los jueces con jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires, a aplaudir rabiosamente la instalación de la nueva Corte Suprema de Justicia”.
¿Y él?¿Estaba allí? Agrega: “Muchos jueces que actuaron durante el Proceso hacían avioncitos con los hábeas corpus. Otros favorecían la represión ilegal directamente. Una minoría hasta iba a los centros clandestinos de detención, y algún ejemplo aislado asistía a sesiones de tortura. Muchos de ellos fueron confirmados por el gobierno democrático de 1984, en un terrible error del inicio de la democracia, tal vez más grave que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Soy un convencido de que si los jueces hubieran adoptado en ese entonces el lugar que les correspondía, la práctica social del genocidio hubiera sido absolutamente distinta. No lo puedo probar, pero lo que sí sé es que los jueces del ‘76 al ‘84 no hicieron lo que debían hacer. Lamentablemente, después hubo un recicle, porque los peores represores luego son los primeros demócratas y muchos de estos recibieron el acuerdo y hasta siguieron haciendo carrera judicial”.
Pero, como puede leerse, no aclara nada acerca de lo que él mismo hizo con los papeles que llegaron a sus manos, como por ejemplo, la denuncia por la desaparición de Lavagna: tiene la firma de Portela cuando se procede a su archivo.
El jury de la justicia provincial dejó en claro que no existe cuestión criminal alguna que pueda cargarse sobre Pedro Federico Hooft por su actuación como juez de instrucción en los años de la dictadura. La conducta desplegada por el juez Martín Bava encierra en una burbuja tóxica la búsqueda de la verdad: es un caso extremo de denegación de justicia a derecho que no registra antecedentes en la Argentina en tiempos de democracia. Sobre todo porque la Cámara se negó a investigar la existencia de una conspiración, explicitada por el fiscal Claudio Kishimoto, con argumentos falaces.
Martín Bava no debería haber ocupado un cargo en la magistratura, si no fuese por este escenario ideológico bizarro que lo protege, en un contexto que hace de la procuración de justicia una burla al ciudadano. Bava fue cuestionado severamente por la colegiatura de Azul al momento de debatirse su pliego en el Senado, y hoy sólo se dedica a ejecutar la tarea encomendada.
Ahora deberá hablar de Portela: si él mismo declaró acerca de lo que hacían los jueces de la dictadura, habrá que preguntarle por qué jamás denunció a ninguno de los que –afirma- asistían a sesiones de tortura. Si los jueces de la dictadura hacían avioncitos de papel con los hábeas corpus, él, que era el secretario, como mínimo se los doblaba.