Cuando en 2008 Islandia declaró el default de su sistema bancario, el mundo pareció asomarse a un nuevo abismo. La voluntad de los islandeses de no aceptar pagar con su sacrificio personal y patrimonial la deuda contraída por su Gobierno y por los bancos, llevó a miríadas de páginas de papel y digitales a anunciar catástrofes decimonónicas y un largo periodo “fuera del mundo” para este país ubicado en el extremo norte del planeta.
Pero resulta que nada de ello ha ocurrido. Muy por el contario, se conoce ahora que Islandia se ofrece como país exportador de energía verde. El proyecto para conectar su red eléctrica con Escocia, primero, y la Europa continental en un segundo paso, sigue adelante, según explicó a ABC Magnus Thor Gylfason, portavoz de la compañía promotora de la iniciativa, Landsvirkjun, propiedad del Estado islandés, genera el 75% de toda la electricidad utilizada en el país; la electricidad de Islandia procede en su totalidad de fuentes renovables (hidroeléctrica y geotermia).
Según la empresa, entre los potenciales países de llegada de la electricidad se barajan Reino Unido, Holanda, Noruega y Alemania. Se trataría del mayor cable energético submarino jamás construido, entre 1.200 y 1.900 kilómetros en función del país de destino. En la actualidad, el cable energético submarino más largo lleva electricidad desde Noruega a Holanda a lo largo de 580 kilómetros.
En un país con sólo 320.000 habitantes, Landsvirkjun vende el 17% de la electricidad a los hogares y la industria local. El resto va principalmente a las fundiciones de aluminio, propiedad del gigante estadounidense Alcoa, y otras empresas extranjeras que han sido atraídas a esta remota isla del Atlántico Norte por su abundante oferta de energía barata. Aunque lo que Landsvirkjun cobra a las fundiciones norteamericanas es un secreto (The New York Times baraja una cifra media de unos 30 dólares por megavatio/hora), la compañía islandesa promete ofrecer los precios más competitivos de Europa, explotando su enorme potencial de energía geotérmica.
Si de epítetos, conjuras y venganzas se habló y se escribió, es de repaso lo que los medios españoles señalaban cuando Argentina tomó de Repsol el 51% de las acciones de YPF. El diario La Razón titulaba: “La guerra sucia de Kirchner”. Y detallaba: “Argentina expropia la filial de Repsol YPF y expulsa de la sede de la petrolera a los directivos españoles. La medida es hostil y arbitraria”. La Vanguardia sostuvo: “Argentina expropia YPF a Repsol”. Revelaba, asimismo, que la Comisión Europea había advertido al Gobierno argentino que la expropiación del 51% del capital social de YPF, controlada por la española Repsol, enviaría una señal “muy negativa” a los inversores y podría dañar seriamente el clima de negocio en el país. El diario El Mundo, por su parte, vinculado ideológicamente al gobernante Partido Popular (PP), indicaba que la presidenta Cristina Fernández “somete a la Argentina una vez más a un escenario de cuestionamiento internacional”. El País, perteneciente al grupo Prisa y alineado al pensamiento del socialismo español (PSOE), destacaba que la decisión de la Presidenta “rompe el clima de amistad” entre Argentina y España. Y subrayaba que los directores españoles que se desempeñaban en la compañía petrolera habían sido expulsados. “Expolio”, titulaba el diario ABC, y resaltaba que finalmente la jefa del Estado argentino “consuma su amenaza y nacionaliza la división argentina de Repsol”.
En estos días, el título es: “Avanza el acuerdo de YPF y Repsol para asociarse en Vaca Muerta, con el apoyo de ambos gobiernos”. Todo pasa, los intereses prevalecen y quedan.
