Los acontecimientos de esta semana han sido y serán gravitantes para la vida republicana de la sociedad argentina. El paquete de medidas destinado a modificar de raíz el armado judicial y el plexo legal que da forma a nuestro orden jurídico cayó, en medio de una batalla política de proporciones. Las denuncias, los falsos votos negativos, los falsos positivos, han arrojado una vez más al cadalso público a la dirigencia política en general. Horas de debate, una carpa sin custodia política, dirigentes del oficialismo que hacen de la violencia verbal una rutina feroz, enmascaran el verdadero objetivo de este paquete de leyes.
La ley crea la Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal, la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social, y la Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial, con sede en Capital Federal. El único objetivo: custodiar la caja del Estado, que debe afrontar solamente en este año el pago de 30.000 de los 300.000 juicios por reclamos de jubilados.
Luego del denominado caso Badaro, la Corte ha hecho públicos requerimientos a la ANSeS para que no envíe más expedientes. “Basta de más de lo mismo y pague las sentencias en tiempo y forma”, le ha dicho. Argentina se ha comprometido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Internacional de Derechos Sociales que depende de la OIT a no postergar los tiempos de pago de los juicios y a cumplir con el carácter del emolumento jubilatorio, cuyo sentido de ser es sustitutivo del salario.
La creación de estas instancias ralentiza definitivamente los reclamos, y permitiría crear cámaras que actúen de consuno con el interés del Estado de dilatar sine die los pagos resarcitorios a jubilados y otras obligaciones del Estado.
Oscuros nubarrones atraviesan el escenario de lo público, ya conmocionado por la situación devenida de la riqueza de Lázaro Báez y su asociación con el ex presidente Néstor Kirchner. Ahora, a este malestar se le suma la polémica que ha instalado Elisa Carrió, quien sostiene frente a todo el arco político que hay un acuerdo entre el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y la presidenta Cristina Fernández.
La intervención de Lorenzetti está avalada por un documento firmado por los presidentes de las 24 cámaras federales del país. Luego de la denuncia de Carrió, se sucedieron apoyos de los presidentes de las distintas cámaras nacionales y federales, sumando respaldo a la persona de Lorenzetti.
En simultáneo, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación advirtió que las modificaciones introducidas al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura impulsado por la Casa Rosada, a instancias del presidente de la Corte, para resguardar las facultades administrativas del máximo tribunal, son positivas, “pero de ningún modo suficientes”. Lo que abre claramente a la posibilidad de que, ni bien publicadas las nuevas leyes en el Boletín Oficial, se formalicen los amparos por inconstitucionalidad, que dejarán así fuera de carrera las posturas más belicistas en cuanto a la conformación del Poder Judicial.
Los próximos días dejarán en claro la naturaleza de lo que está realmente en juego.