A caballo de una necesidad objetiva, más y mejor seguridad, Gustavo Arnaldo Pulti se ha lanzado a proponer una consulta popular con el objetivo de entretenernos, mientras hace como que resuelve algo que no puede resolver, porque lo supera completamente.
Los diputados provinciales Alfredo Lazzaretti y Pablo Farías emitieron recientemente un comunicado, fruto de la pluma del abogado Alberto Rodríguez, en el que señalan que Pulti miente. Decir que el intendente de la ciudad, el jefe político, es un mentiroso, no puede ser una expresión porque sí. Ninguna expresión debe serlo, claro, pero en un caso de representación institucional, un actor político elegido por el soberano, se debe fundamentar. Y muy detalladamente. ¿Por qué Pulti miente? Está muy a la vista, pero iré al detalle.
El comunicado de Lazaretti/Farías dice: “Queremos ser claros: la Provincia es quien detenta el monopolio del uso de la fuerza. La actual legislación provincial no permite que ningún Intendente organice cuerpos policiales armados por cuenta propia. La Ley Provincial de Organización Policial (Ley 13842) establece en su artículo 56 que las Policías de Seguridad Comunal actuarán en los Municipios que cuenten con hasta 70.000 habitantes, aunque está prevista para situaciones excepcionales la inclusión de algún municipio que no cumpla con dicha regulación. Resulta oportuno recordar una obviedad. En el ámbito del Derecho Público, el principio general indica que ‘todo lo que no está expresamente permitido, está prohibido’”.
Segunda cuestión: nada se aclara sobre aspectos tales como dónde recibirán entrenamiento los agentes de seguridad, de dónde y cómo se reclutará el cuerpo de profesores que alistarán la fuerza, qué contenidos deberán cursar, o dónde se van a desempeñar orgánica y ediliciamente. Y agrego a mis interrogantes por demás básicos otros que ha señalado Gustavo Serebrinsky, quien entiende de cuestiones jubilatorias por haberse desempeñado pública y privadamente en este metiér: ¿a qué caja estarán afectados sus cargos por jubilación? ¿Municipales?, ¿provinciales?, ¿vigiladores privados? Nadie sabe, nadie contesta.
Posando para foto de ocasión, el secretario de Gobierno Marcelo Artime -lo cito porque nadie sabe ya que ocupa tan digno cargo público- señaló que se le hará a los marplatenses una simple pregunta, por sí o por no a una policía comunal pagada con una nueva tasa aplicada o mayores cargos a los ya existentes. Más cargos, eso es lo que plantea la peor administración pública comunal en democracia, la que reconoce hoy un déficit acumulado de algo más de $200 millones, y admite que ha violado la ley al haber usado para gastos corrientes $51 millones de fondos afectados.
Todo está en ruinas: el Teatro Colón, la Biblioteca Municipal, las salas de salud. Tomemos el caso de la salita del Barrio Centenario. Desvalijada tres veces en lo que va del año, recién ahora Alejandro Cristaldi manifiesta que pondrán custodia policial las 24 horas. Luego del último robo -complementario de otro anterior, porque los delincuentes regresaron por un plasma que se habían olvidado de llevar-, llegó hasta el lugar en tren de explicar lo inexplicable el responsable (es un modo de decir) de la seguridad comunal César Ventimiglia. Apuntó que esto no va a pasar cuando tengamos la policía comunal. Y agregó: “Ponemos (como si fuera dinero propio) 15 millones por mes a la policía y no hacen nada”.
Cadena de mentiras, un relato que, entre otras cuestiones, calla que Alberto Binder es el autor responsable de la espantosa reforma procesal de la provincia de Buenos Aires. Es decir, es el progenitor del “garanticidio” que nos mata día a día.
