Son por haber cobrado para liberar presos, proteger a narcotraficantes y haber sido parte de bandas delictivas; desde 2016 dejaron su cargo 30 magistrados.
En la provincia de Buenos Aires hay 122 investigaciones en trámite contra jueces y fiscales provinciales. Las denuncias se incrementaron en los últimos años, según los datos de la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense, el organismo que las nuclea. Y solo desde 2016 provocaron la salida de 30 jueces y fiscales. Más de la mitad de esos funcionarios renunciaron mientras avanzaban denuncias en su contra.
Las acusaciones, de lo más variadas, incluyen sospechas de hechos graves de corrupción. Hay jueces y fiscales acusados de haber cobrado por liberar presos, de haber protegido a narcotraficantes y hasta de haber sido parte de bandas delictivas.
En la Justicia bonaerense, donde no suelen apuntar los grandes focos de la atención pública, los operadores del sistema permanecen bajo los radares hasta que estalla algún caso escandaloso. El más famoso de los últimos tiempos fue el del juez de Garantías César Melazo, quien renunció el año pasado y fue detenido, acusado de haber integrado una banda que asaltaba casas a sabiendas de que en ellas había dinero no declarado. A la misma organización pertenecía el magistrado Martín Ordoqui, primer integrante de la Cámara de Casación Penal bonaerense en ser sometido a un juicio. También el juez Federico Atencio es investigado por un presunto pedido de coimas a procesados por sobreprecios en la obra social provincial IOMA. Y el exfiscal Fernando Cartasegna , quien es investigado por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Esta semana la Justicia provincial volvió a captar la atención política. El protagonista fue el juez Luis Carzoglio, quien rechazó el pedido para llevar a prisión a Pablo Moyano . Él es uno de los jueces con causas abiertas en su contra. Está acusado, entre otras cosas, de librar órdenes de allanamiento sin fechas ciertas, de dictar medidas en una causa en la que ya había dejado de ser juez, de malos tratos a una fiscal y de irregularidades en la concesión de salidas laborales a detenidos. Cuando en medio del caso Moyano se hicieron públicas estas denuncias, él dijo que eran todos “carpetazos” de la Procuración de la provincia, con Julio Conte Grand a la cabeza, que lo estaba apretando.
Se había difundido también su pasado ligado al peronismo. LA NACION informó que antes de ser juez, Carzoglio fue director del cementerio municipal de Avellaneda durante el último de los cuatro mandatos de Baldomero Álvarez de Oliveira como intendente.
Conte Grand le contestó que era un juez sin idoneidad y que por eso le había pedido a la Corte bonaerense, ya en abril pasado, que lo apartara preventivamente. El mes que viene, un jurado evaluará si avanza contra él.
“Las denuncias contra magistrados se han incrementado en el último tiempo”, afirmó Ulises Giménez, secretario permanente del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia. De acuerdo con los números del organismo a su cargo, en 2017 se iniciaron 51 expedientes contra magistrados bonaerenses, más que en cualquiera de los seis años anteriores, y en lo que va de 2018 se abrieron ya otros 47.
La gobernadora María Eugenia Vidal afirmó el viernes que su gobierno está dando una pelea muy importante contra la corrupción judicial. “La corrupción en la provincia de Buenos Aires, que se construyó a lo largo de 30 años, no abarca solamente a la fuerza policial o a la política, también lamentablemente abarca a jueces y fiscales, que son la última instancia de garantía”, dijo.
En el oficialismo sostienen que hay un problema de base difícil de combatir: que muchos jueces provinciales llegaron a sus cargos promovidos por caudillos del PJ con quienes los magistrados nunca cortaron el lazo político. Y que eso, además de comprometer su imparcialidad, les dio protección todo este tiempo.
“Hoy el crecimiento de funcionarios que se van por jury o cuando estaban a punto de ser removidos se debe a que está funcionando como nunca el sistema del Jurado de Enjuiciamiento”, dijo a LA NACION el senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan.
De acuerdo con datos oficiales, desde 2016 tres magistrados fueron echados, siete fueron suspendidos, a uno le dispusieron un “apartamiento preventivo” y uno fue “licenciado”. Otros 18 renunciaron, la mayoría con investigaciones avanzadas en su contra.
El kirchnerismo, la mayor fuerza opositora en la provincia, cuestionó los manejos del gobierno de Vidal. “Muy lejos de pretender transparentar el accionar de la Justicia, busca disciplinarla y amoldarla a sus objetivos políticos”, dijo la senadora bonaerense Teresa García (UC-FPV) a LA NACION. Según García, prueba de eso fue la salida, “porque no podían controlarlo”, del juez Luis Arias [removido por un jury hace dos meses] y el “desplazamiento del fiscal que investigaba los aportes falsos en la campaña” de 2017.
“Además, esta semana una fiscal vinculada a Conte Grand cerró de manera bochornosa la investigación sobre corrupción en la Dirección de Infraestructura Escolar, mientras se conocían las presiones del procurador sobre un juez en el caso Moyano”, dijo García.
En la misma línea, el viernes la agrupación Justicia Legítima apuntó también contra Conte Grand. “No resulta admisible que el funcionario acusado concretamente de ejercer presiones indebidas sobre los jueces sea quien lleve adelante el proceso de jury contra los jueces que le efectúan tal imputación”, afirmó en un comunicado.
La crítica tiene que ver con el funcionamiento del sistema de destitución de magistrados en la provincia. En territorio bonaerense no hay un Consejo de la Magistratura que haga las investigaciones preliminares y vote o no la apertura del juicio político.
Cuando se recibe una denuncia va directamente al Jurado de Enjuiciamiento, que hace un primer análisis sobre si corresponde abrir el procedimiento. Si resuelve que sí, el caso lo instruye el secretario del Jurado. Pero son los acusadores los que deciden después si impulsan o no el jury. Entre esos posibles acusadores están el procurador general -hoy Conte Grand- y la Comisión Bicameral de la Legislatura.
En cuanto al jurado, que es el que decide la suerte de los magistrados, está compuesto por 11 integrantes: cinco legisladores abogados, cinco abogados matriculados en la provincia y el presidente de la Suprema Corte bonaerense, en este caso Julio Pettigiani, que preside además el jurado. Los legisladores y abogados son elegidos por sorteo.
Magistrados en el banquillo
Investigados por delitos varios, denuncian persecución
Federico Atencio
Juez de Garantías de La Plata
Es investigado por un presunto pedido de coimas a empresarios y funcionarios de IOMA, causa que había sido archivada y fue reabierta. El juez denunció que la reapertura es un “apriete” de operadores de Cambiemos, como consecuencia de no haber renunciado a su cargo. Apuntó contra la Corte, el procurador bonaerense y el ministro de Justicia
Martín Ordoqui
Juez de Casación Bonaerense
Está acusado de integrar la banda delictiva del exjuez César Melazo, junto a policías de alto rango, barrabravas de los clubes de La Plata, ladrones y estafadores. No fue detenido por sus fueros, pero sí la Suprema Corte provincial le dio una licencia. También allanaron propiedades de su hermano y su despacho, y procesaron a una de sus funcionarias
César Melazo
Exjuez de Garantías de La Plata
Procesado con prisión preventiva, está acusado de liderar una megabanda “mixta” de policías, ladrones, barras y funcionarios judiciales. Renunció a su cargo en junio de 2017, pero eso no detuvo la investigación en su contra. Al igual que Ordoqui, se lo identifica como un juez cercano al kirchnerismo y al exministro Aníbal Fernández
Fernando Cartasegna
Exfiscal de La Plata
Durante los años de María del Carmen Falbo en la Procuración manejó causas resonantes. Pero alcanzó una notoriedad mayor cuando denunció amenazas contra su vida y apareció maniatado en su despacho. Luego se supo que era un montaje, se descubrió que armaba causas falsas y pedía coimas a los imputados. Renunció en 2017. Irá a juicio oral