El abogado impulsa una estrategia judicial en distintos municipios bonaerenses para exigir que los fondos recaudados por las tasas rurales sean destinados efectivamente al mantenimiento de los caminos. Advirtió que existen desvíos millonarios de recursos y aseguró que el objetivo no es recuperar el dinero, sino garantizar infraestructura para la producción y la vida en el campo.
La discusión por el destino de las tasas rurales suma nuevos capítulos en la provincia de Buenos Aires. El abogado Abdón Torres Barthe, que lleva adelante presentaciones judiciales en distintos municipios para exigir transparencia en la utilización de esos recursos, explicó en la 99.9 que la estrategia apunta a demostrar cuánto se recauda y cuánto se invierte realmente en los caminos rurales, con el objetivo de obligar a los municipios a destinar esos fondos a la finalidad para la que fueron creados.
Consultado por la polémica que se generó en Pehuajó a partir de las declaraciones del intendente Pablo Zurro, aclaró que actualmente no está trabajando en ese distrito. “No sé por qué tanta preocupación, pero se ve que por ahí tiene miedo de que algún productor de allá me llame. Yo no estoy trabajando en Pehuajó todavía, sí en bastantes partidos”, señaló.
Torres Barthe indicó que las distintas acciones judiciales comenzaron con pedidos de acceso a la información pública para conocer “dónde estamos parados en cuanto al gasto de la tasa de caminos viales y la recaudación de esa tasa”. A esa información sumó otra que considera relevante: la denominada tasa de marcas y señales.
“Cuando uno quiere mover un animal tiene que tener una guía de tránsito. Estamos viendo cuánto se recauda de eso. Originariamente era una tasa destinada a los caminos porque el ganado se movía en pie y destrozaba los caminos. Después quedó como una suerte de remanente y se creó otra tasa, la de caminos rurales. Hoy hay dos tasas que están pagando los productores para arreglar los caminos: la de marcas y señales y la de caminos rurales”, explicó. Además, reveló que también solicitaron información sobre la tasa de Seguridad e Higiene, que pagan numerosos proveedores y actividades vinculadas al sector agropecuario.
El abogado sostuvo que la primera etapa consiste en obtener la información oficial y que luego llegará una segunda instancia judicial. “Una vez que tengamos la prueba se le va a solicitar a la municipalidad que invierta todo ese dinero desviado en los caminos rurales”, afirmó.
Como ejemplo mencionó el caso de Varadero, donde aseguró que la documentación obtenida revela un importante desfasaje entre lo recaudado y lo efectivamente invertido. “Entre 2022, 2023, 2024 y 2025, actualizado por inflación, hay un desvío de 1.500 millones de pesos que se cobraron de tasa y no fueron a parar a los caminos rurales. En el mejor de los casos se gastaba el 50% de lo recaudado y en otros años apenas el 30 o el 40%. Después en qué se gastó el resto lo sabe Dios. A nosotros nos interesa en qué se gastó lo destinado a caminos rurales”, remarcó.
Según explicó, la reacción de los municipios suele ser inmediata pero pasajera. “Ni bien hacemos el planteo ponen las máquinas y los camiones un rato, pero después no”, ironizó.
Torres Barthe enfatizó que el reclamo de los productores excede cualquier discusión tributaria. “Nos dimos cuenta de que los productores en realidad no quieren la devolución de la tasa, quieren tener caminos. Necesitan saber que van a poder sacar la producción, que los chicos van a poder ir a la escuela y que una ambulancia va a poder entrar. El tema de los caminos no es sólo una cuestión económica”, sostuvo.
En ese sentido recordó un estudio de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), según el cual el mal estado de los caminos rurales puede duplicar el costo del flete e incrementar hasta un 10% el costo final de la producción agropecuaria.
El abogado también describió la situación crítica que observa en distintos municipios donde trabaja, entre ellos General Alvarado y Necochea. “En Necochea la situación es desesperante. El otro día estuve en La Dulce y a apenas dos mil metros encontré un lago en medio del camino. Me dijeron que ese camino está cortado”, relató.
Para Torres Barthe, el problema va mucho más allá de la logística productiva y afecta directamente la calidad de vida de quienes viven en el ámbito rural. “Hay otra cuestión que es la angustia que le provoca al productor no saber cómo van a estar los caminos y depender de la lluvia. Los egipcios solucionaron el tema de las inundaciones hace cuatro mil años con canales y nosotros seguimos teniendo problemas”, comparó.
Finalmente, resumió el objetivo de las acciones judiciales que impulsa en distintos distritos bonaerenses: “Apuntamos a solucionar el problema central de la vida rural para que la gente pueda seguir teniendo caminos, pueda entrar y salir de su casa todos los días. En la ciudad uno deja el auto a una cuadra y camina; en el campo no podés dejar el auto a tres kilómetros porque es tu única vía de acceso”.
Si querés, también puedo preparar una versión con un enfoque más político, poniendo el eje en el cuestionamiento al uso de las tasas municipales y la responsabilidad de los intendentes.