La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires comunicó su postura ante las declaraciones del Gobierno Nacional sobre democratizar al Poder Judicial. “La independencia del Poder Judicial no debe ser concebida como una situación de privilegio para los jueces, ni para las ‘corporaciones’ de jueces y abogados, sino como una garantía de la imparcial determinación jurídica de la verdad”, destacaron.
El Poder Judicial está en discusión desde hace unas semanas, especialmente a partir de las declaraciones vertidas por integrantes del Gobierno Nacional sobre “democratizar” la designación de los jueces. Advirtiendo esta tendencia, la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado con algunas aclaraciones al respecto.
En principio, señalan que “cuando se menciona a la democracia, es preciso aclarar que no consiste sólo en un método para la elección de los representantes del pueblo mediante el sufragio y para la adopción, por su intermedio, de las decisiones colectivas en los asuntos de trascendencia política, lo que constituye la dimensión formal o instrumental del funcionamiento de un sistema democrático”. Y agregan: “la democracia tiene también un significado material, que está directamente referido a los contenidos de las decisiones que se adoptan en un Estado de Derecho. Aquí es donde resulta indispensable distinguir, por un lado, los temas de interés público que integran el ámbito de lo ‘decidible’, donde se debe privilegiar la voluntad de las mayorías populares. Y por el otro, las cuestiones que a ninguna mayoría, por importante que sea, le está permitido decidir, pues integran el ámbito de lo ‘no decidible’, por tratarse de cuestiones que están constitucionalmente sustraídas del sector de las decisiones políticas de coyuntura (por ej., el principio de legalidad, el debido proceso o la presunción de inocencia, entre otras)”.
De esta manera, aclaran que la voluntad popular, por aplastante que fuese, no debería legitimar la condena del inocente ni la absolución del culpable: “no podría hacer verídico lo que es falso, ni falso lo que es verídico”. También advierten que existe ya un poder público que se encarga de “velar por la efectiva vigencia de los derechos y las garantías fundamentales: ése es el papel institucional atribuido al Poder Judicial”. A continuación insisten: “si el Poder Ejecutivo Nacional, al auspiciar la democratización del Poder Judicial, tuviera el propósito de unificar las esferas en un solo ámbito de poder institucional, importaría un retorno a etapas históricas superadas de nuestra organización nacional, merced a la sanción de la Constitución Nacional de 1853 “.
Como conclusión, destacan que “la independencia del Poder Judicial no debe ser concebida como una situación de privilegio para los jueces ni para las ‘corporaciones’ de jueces y abogados, sino como una garantía de la imparcial determinación jurídica de la verdad en los conflictos de intereses entre los ciudadanos y, sobre todo, entre los ciudadanos y los otros poderes estatales”.
Por último, concluyen: “la democratización del Poder Judicial nada tiene que ver -como algunos han sostenido, en el orden provincial- con las reformas introducidas en las normas que regulan la composición y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, que son contrarias al texto expreso de la Constitución Provincial, al exacerbar el control político en el proceso de designación y en el enjuiciamiento de los jueces, con evidente desmedro de la independencia del Poder Judicial y de los derechos y garantías de los bonaerenses”.