El documento anual de la oficina antidrogas en Viena consideró que las decisiones tomadas por Uruguay afectarán negativamente la lucha contra las drogas en los países de América latina.
La oficina de control de drogas de la ONU lanzó ayer una fuerte advertencia sobre la legalización del comercio de marihuana. En el informe anual criticó la apertura llevada adelante por Uruguay. Esa decisión de las autoridades uruguayas de armar un sistema oficial de producción y venta de cannabis fue considerada “incompatible” con los tratados internacionales antidrogas.
Además, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) advirtió que la legalización del comercio de marihuana en Uruguay afectará a los países vecinos.
“No sólo repercutirá en la fiscalización de drogas en el Uruguay, sino que también afectará negativamente en las labores de lucha contra la droga, en particular la fiscalización del cannabis, en otros países”, indicó el documento redactado en la oficina de la ONU en Viena.
Para la Argentina resulta una alerta importante la opinión de los expertos convocados por la ONU, dado que la experiencia uruguaya es seguida con atención por las autoridades locales.
La situación del mercado ilegal de marihuana en la Argentina es considerada en ese informe de la JIFE-ONU, en el cual se informa que, al igual que en Brasil, “el número de consumidores es relativamente alto en relación con la magnitud de la población.
La oficina de drogas de la ONU también apuntó contra la legalización del comercio de marihuana registrada en los estados de Alaska, Colorado, Oregon y Washington y señaló que las autoridades norteamericanas deben tomar en cuenta que la interpretación de los tratados internacionales antidrogas “no es flexible”. Aunque el mayor peso de la crítica fue dirigido hacia Uruguay.
“La Junta desea reiterar su honda preocupación por los efectos negativos que la legislación de fiscalización del cannabis del Uruguay podría tener en el funcionamiento del sistema internacional de fiscalización de drogas.” Y se instó a las autoridades uruguayas a dar marcha atrás con esa medida.
El Congreso uruguayo aprobó en diciembre de 2013 esa legalización de la venta de marihuana bajo un sistema oficial. Aún no fue aplicada la medida impulsada por el gobierno de José Mujica, que el domingo pasado entregó el mando a Tabaré Vázquez, quien no se pronunció sobre la regularización de ese mercado de drogas.
Más allá del caso uruguayo, que tiene implicancias en el siempre latente debate local sobre despenalización de la tenencia de estupefacientes, el informe de la ONU hizo referencias a los volúmenes de drogas sintéticas capturados en la Argentina y concluyó que eso es producto de un mayor consumo de esas sustancias. El Ministerio de Seguridad dio respuesta a esa evaluación en una carta enviada a la JIFE-ONU el 11 de febrero, en la que se consideró que el aumento de los niveles de decomisos tenía que ver con una mayor eficacia en las operaciones de las fuerzas de seguridad.
De todas maneras, este informe antidrogas de la ONU tiene menos aspectos negativos sobre la situación de tráfico y consumo en la Argentina con relación a documentos presentados en los últimos años. Es más, la JIFE-ONU presentó como hecho positivo que “el gobierno argentino creó dentro del Ministerio de Seguridad una nueva dependencia dedicada expresamente a la lucha contra el tráfico de drogas”. Esa subsecretaría de lucha contra el narcotráfico está a cargo de Nicolás Dapena Fernández y desde su apertura, en febrero de 2014, se incrementó en 14 por ciento la cantidad de operativos antidrogas de las fuerzas federales.
La aparición de esa subsecretaría antidrogas también es uno de los hechos que serán destacados en el informe a cargo del Departamento de Estado norteamericano. Ese documento anual en el que Washington analiza la situación de consumo y comercio de estupefacientes en cada país será difundido en breve y en el caso argentino tendrá como otros aspectos positivos el redespliegue de gendarmes en la frontera norte y la acción de las fuerzas federales en Rosario. Sin embargo, habrá objeciones norteamericanas por las demoras en los juicios de drogas y la falta de jueces en el Norte -situación reclamada por la Corte Suprema- y se afirmará que en nuestro país existe la sensación de que el aumento de la violencia en el delito común está asociado al mercado de drogas. En la cancillería argentina ya se tiene una copia de ese informe que tendrá los puntos más fuertes y negativos en los análisis de desvío de precursores químicos y lavado de dinero.
El documento de la JIFE-ONU, en cambio, no hace foco directamente en la actualidad argentina debido a que nuestro país no fue este año una de las naciones evaluadas.
En su resumen internacional, la JIFE-ONU señaló que fueron detectadas 388 sustancias psicoactivas, con un incremento del 11 por ciento con relación a las drogas ilegales conocidas un año antes. Ese aumento se debe a diversas variantes de cannabis sintético que representan un peligroso mercado a mediano plazo. Frente a esa situación de potencial cambio en el paradigma de las drogas -de vegetales a sintéticas- es que esa oficina antidrogas lanzó una advertencia más dura que las habituales en un intento de frenar el camino de legalización de la marihuana abierto por Uruguay y algunos estados norteamericanos.
EN CONTRA DE LAS LEYES DE DERRIBO
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU declaró su oposición a las llamadas leyes de derribo. En su documento anual sobre el escenario de drogas, los expertos internacionales evaluaron las reglas del control del espacio aéreo que se aplican en Bolivia, Brasil, Venezuela (con varias avionetas derribadas) y Chile. La conclusión de la oficina antidrogas de las Naciones Unidas señala que “esas normas jurídicas pueden contravenir el Convenio sobre Aviación Civil Internacional y otras obligaciones internacionales en materia de aviación civil”. La crítica incluyó al “programa de interceptación no letal del tráfico aéreo” que fue implementado por Perú, en un intento de contener el incremento de vuelos ilegales utilizados por las organizaciones de narcotraficantes.