La investigación de la Administración Obama respalda las quejas de los manifestantes tras la muerte de un joven negro desarmado.
Una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos secunda la queja más extendida entre los residentes negros de Ferguson: la policía y la justicia los discriminan. Tras seis meses de pesquisas, el Gobierno federal ha concluido que los departamentos policial, judicial y penitenciario de ese suburbio de San Luis (Misuri) ejecutan rutinariamente prácticas con prejuicios raciales.
La investigación se inició tras la muerte en agosto de un negro desarmado de 18 años por al menos seis disparos de un policía blanco. El caso de Michael Brown desató una ola de protestas en Ferguson propiciadas en gran parte por una ira enquistada en la comunidad afroamericana sobre un supuesto patrón de abusos policiales. En el municipio de 21.000 habitantes en el Medio Oeste de EE UU, la mayoría de los habitantes son negros, pero los blancos ocupan la estructura política, policial y educativa.
El Departamento de Justicia ha concluido que entre 2012 y 2014 los agentes policiales violaron rutinariamente los derechos constitucionales de los ciudadanos negros de Ferguson mediante un uso excesivo de la fuerza y paradas de tráfico injustificadas que tenían fines recaudatorios, según avanzó este martes un alto cargo oficial a medios estadounidenses. Está previsto que los resultados de la investigación se difundan el miércoles.
Tras anunciar sus hallazgos, el Gobierno federal puede iniciar una negociación con las autoridades de Ferguson para forzar determinados cambios o, en caso de que fracase, demandar a la ciudad por una violación constitucional. En los últimos seis años, ha efectuado una veintena de investigaciones de derechos civiles en cuerpos policiales en EE UU.
La investigación del departamento que dirige el fiscal general Eric Holder es seguramente el mejor instrumento para propiciar cambios palpables en Ferguson. No es un caso excepcional: las tensiones por asuntos raciales entre el Gobierno federal y las autoridades locales han sido una constante en la historia reciente de EE UU. En los años 50 y 60, Washington forzó a cumplir las leyes de fin de la segregación racial a quienes se oponían.
Tras cientos de entrevistas y revisar 35.000 páginas de informes policiales, los investigadores federales determinaron que, pese a representar el 67% de la población de Ferguson, los negros suponen el 85% de las paradas de tráfico, el 88% de los casos en que la policía emplea la fuerza, el 90% de las citaciones judiciales y el 93% de los arrestos de la ciudad.
Los conductores negros tienen el doble de posibilidades de ser inspeccionados por un policía pese a ser menos probable que lleven armas o drogas. Los afroamericanos también colman la mayoría de incidentes en que perros de los agentes muerden a ciudadanos, en un incómodo eco de la represión policial en las marchas de negros a favor de los derechos civiles en los años 60.
En el sistema judicial de Ferguson, los afroamericanos tienen menos opciones de que un juez desestime su caso y suponen el 95% de las personas retenidas más de dos días en la cárcel. La mayoría de las órdenes judiciales son por infracciones menores, como aparcamiento o tráfico. El fiscal Holder -que visitó Ferguson tras la muerte de Brown- criticó hace unos meses este sistema por penalizar injustamente a los ciudadanos más pobres de la ciudad.
La discriminación, concluye la investigación, venía de arriba: se alimentaba en parte de estereotipos raciales de la cúpula. Los investigadores hallaron un correo electrónico de 2008 en una cuenta municipal que aseguraba que Barack Obama no iba a ser presidente mucho tiempo. “Qué hombre negro mantiene un trabajo estable durante cuatro años”, decía el mensaje.