El Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) analizó cuáles podrían ser los cambios en el nuevo Código Penal que complique avanzar en los casos de corrupción.
La reforma del Código Penal sigue siendo un tema cuestionable y la circulación pública del Ante Proyecto ya genera distintos análisis. El Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, Agustín Carrara, explicó en la 99.9 cuál es la visión que tienen en el abordaje de las causas de corrupción.
“El ante proyecto tiene algunos puntos positivos y otros negativos introduciendo temas que en la práctica puede tener repercusiones serias en los casos de corrupción”, anticipó.
En cuanto a esos puntos preocupantes, brindó un ejemplo: “se cambia la forma en la que prescriben los casos de corrupción. El Código Penal indica que la prescripción se suspende mientras haya una persona que sea funcionario público y ahora se introduce que debe ser un funcionario que pueda impedir o dificultar la investigación. Esto introduce una visión limitada de la corrupción donde parece que un juez o un fiscal solamente puede dificultar la investigación”.
Lo que advierte Carrara es que por más que se introduzcan estos cambios, puede ser que los casos sigan tardando demasiado tiempo en avanzar: “se va pasando el tiempo y se puede cerrar el caso, se muestra un sistema ineficiente porque puede tardar más de dos décadas en juzgar a una persona. Ahí entra el planteo de reformar, más allá del Código Penal, la forma en la que trabaja la Justicia”.
Incluso señaló que la Justicia Federal tendrá desde el mes de junio un nuevo sistema que busca agilizar el tratamiento de las causas: “los operadores tendrán que adaptarse para las destrezas que se necesitan. Si pasamos las cosas que tenía que hacer el juez a que las haga el fiscal, pero las hace de la misma manera, no sirve de nada”.
Por último, consideró necesario crear reglas claras en la recuperación de los elementos que se secuestran por casos de corrupción: “todo el dinero, los inmuebles, autos, buques y lo que está involucrado, tiene que ser recuperado por el estado y que se aplique en políticas sociales. Que la gente vea lo que nos estábamos perdiendo”.