Se presentaron ante un juez de California por contratos con la Conae.
Ni un minuto de paz. Con el Gobierno celebrando “los importantes apoyos” de México, Brasil y Francia, con los que espera convencer a la Corte Suprema de este país para que intervenga ante los “fondos buitre” , una nueva demanda de éstos presentada contra la Argentina pretende ahora embargar “derechos contratados por la Argentina”.
De acuerdo con la documentación del caso, como parte de sus actividades espaciales, la Argentina contrató servicios de lanzamiento con una empresa de Delaware llamada Space X, cuya principal base de operaciones está en California. El fondo NML quiere que se embarguen esos contratos como pago de la deuda que reclama.
El novedoso ataque, que en medios locales se interpretó como una nueva embestida de aquellos fondos, apunta a contratos que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), firmó con esa empresa para lanzamientos en los dos próximos años.
“Esos contratos de lanzamiento en Space X constituyen una propiedad comercial que mi cliente, NML, puede legalmente embargar”, dijo el abogado Robert Cohen, uno de los responsables de la estrategia de demanda contra la Argentina. Los satélites están destinados a evaluar “recursos naturales” en el país.
En forma paralela a la nueva embestida, NML hizo llegar un nuevo llamado al “diálogo” a la Argentina. “Estamos deseosos de sentarnos con la Argentina para negociar una solución a su abultada deuda”, reiteró Jay Newman, uno de los directivos del fondo. La noticia se conoció al cierre de una jornada en la que la Argentina celebró la presentación de una decena de documentos en favor del pedido para que la Corte Suprema acepte revisar el caso que, de no revertirse, la condena a pagar US$ 1300 millones a los holdouts y la expone a un nuevo default de deuda.
“Con el apoyo de países como Francia, Brasil y México crecen las posibilidades”, decían anoche voceros del Gobierno. También hubo presentaciones de bancos y de la Cámara de Comercio Argentino Norteamericana (AmCham).
“Son respaldos importantes”, subrayó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Otros analistas locales que vienen siguiendo el caso apuntaron a LA NACION que una presentación respaldada por tres países, entre ellos los dos más grandes de la región, “seguramente llamará la atención” de los jueces. “No está la principal voz [en referencia a Estados Unidos], pero la Argentina está consiguiendo apoyos para su causa”, señaló otro.
Se trata de documentos conocidos como amicus curiae (amigo de la Corte) por el que terceras partes se presentan voluntariamente a dar su parecer al tribunal.
El gobierno de Barack Obama se abstuvo de presentarse, si bien ha dejado claro que dará su opinión en caso de que los jueces de la Corte se lo soliciten.
El entusiasmo del gobierno argentino contrastó con el escepticismo de otros. “Sin el apoyo de Estados Unidos, las posibilidades de que la Corte tome el caso son muy escasas”, dijo Richard Samp, de la Washington Legal Foundation.
En el medio, la American Task Force Argentina (ATFA), el principal lobby de los acreedores en este país, aseguró que los apoyos de México, Brasil y Francia se lograron tras mediar algún tipo de “contraprestación” de la Argentina con esos países. La entidad se refirió a supuestas “concesiones comerciales” que la administración Kirchner habría ofrecido a cambio de que se presenten ante la Corte. “Eso es inaceptable”, sostuvo la ATFA.
En sus argumentaciones, Brasil se suma al reclamo de respeto por la soberanía, a la vez que cuestiona los efectos que un fallo desfavorable al país podría tener en el sistema financiero internacional.
La AmCham, en tanto, rescata la reciente maniobra de la defensa argentina que pide la “remisión” a la Corte de Nueva York de la interpretación dada hasta ahora a la llamada cláusula de “pari passu”, que reclama un “igual tratamiento” para todos los acreedores. La maniobra fue ponderada por abogados locales como una posible llave para un giro en favor del país.
La causa refiere a la demanda de los fondos NML y Aurelius Management por el default de bonos de deuda. Hasta ahora, lograron fallos favorables en dos instancias previas. La Corte Suprema es la última.