La argentina que trabaja en distintas misiones de Naciones Unidas luchando por la igualdad de derechos para las mujeres, habló en la 99.9 sobre el caso de la psicóloga asesinada.
El caso Daglio ha generado la respuesta inmediata de aquellas personas que han advertido durante mucho tiempo lo que podía pasar con la liberación masiva de presos con la excusa de la pandemia y con un evidente uso político. La argentina Albertina Piterbarg, trabaja en misiones de la ONU justamente para garantizar los derechos de las mujeres y brindó su opinión en la 99.9, notablemente enojada por la situación.
“El crimen es una muerte anunciada porque en abril de 2020 cuando comenzó la suelta de presos, todos los que trabajamos en la prevención de la violencia de género sabíamos que soltar a 7 mil o más delincuentes las que iban a pagar el precio son las más vulnerables que son las mujeres. Era previsible y le tocó a María Rosa pagar con su vida una pésima política pública”, explicó.
También recordó que el inicio de esta situación se dio por una decisión judicial que a su vez, tuvo otros actores: “la génesis del asesinato de María Rosa comenzó el día que el juez Violini aceptó ese hábeas corpus colectivo. Hay muchas manos manchadas con las sangre de María Rosa. El asesinato se da en el contexto de dejar afuera de la cárcel a Boudou, Jaime y Delía entre otros. Violini es amigo de Julio Alak y no debemos olvidar el rol de la Comisión Provincial por la Memoria y Roberto Cipriano García; todos ellos son responsables incluso Zaffaroni que salió a respaldar públicamente la suelta de presos”.
Piterbarg también apuntó hacia el colectivo feminista que no se expresa en este tipo de situaciones, pero tiene manifestaciones para otros tantos: “no nos olvidemos también del discurso cínico de defensa del feminismo, el uso de la letra e, el pañuelazo y todo eso; es un uso cínico y militante que a toda esta gente y a la masa militante, como a la Ministra de Género que se llena la boca hablando de los derechos y el fin del patriarcado, después son cómplices, accesorias a una política pública que afecta los derechos de las mujeres”.