El Secretario de Gobierno del Partido de General Pueyrredón explicó en la 99.9 el proceso que han seguido desde hace un tiempo a esta parte para llegar a la caducidad del servicio precario para Rancho Móvil: “la ONG tampoco tenía su inscripción correspondiente”. Además, se refirió al tema Uber.
La caducidad del permiso precario para Rancho Móvil en la zona de Acantilados, ha sido una de las decisiones del gobierno local que, en muchos medios se ha relacionado con publicaciones periodísticas al respecto. Sin embargo, el Secretario de Gobierno del Partido de General Pueyrredón, indicó en la 99.9 que se trató de un largo proceso que se desarrolló desde el área de Turismo.
“Hace más que un semestre que el EMTUR estaba realizando actas de inspección y relevamientos fotográficos. Ahí se labraron los informes técnicos y el dictamen jurídico data del 16 de octubre del año pasado donde se aconseja la caducidad del permiso y desmantelar las construcciones impropias. Luego de ese dictamen, se hizo una tarea con la Dirección de ONG´s para constatar que Rancho Móvil tampoco tenía su inscripción, por lo que había varias irregularidades”, explicó.
En ese sentido, agregó que “no fue por una publicación periodística que se derivó en la caducidad del permiso precario. Es algo que lleva por lo menos 6 meses de trabajo”.
También aprovechó la oportunidad para señalar la postura municipal en el caso Uber luego de que el Concejo Deliberante le diera el aval al proyecto que plantea fuertes sanciones para las empresas que estén fuera de la ley: “acá no se trata de castigar o perseguir a Uber sino de controlar al transporte que no es legal. El estado tiene la potestad exclusiva y excluyente. Todos los que fueron infraccionados con la legislación anterior, no eran marplatenses, sino que eran personas que llegaron de afuera y empezaron a desarrollar esta tarea al margen de la ley”.
A veces se termina perdiendo de vista la potestad que tiene el estado en este tipo de cuestiones, ya que el transporte público es una responsabilidad municipal: “estamos hablando de una actividad que autoriza y controla el estado, no se puede imponer de manera particular por quien quiera desarrollarlo”, concluyó.
GUILLERMO VOLPONI Y SU ABSTENCIÓN
El concejal Guillermo Volponi fue el único de los ediles locales que se abstuvo en la votación del proyecto que elevó el intendente Carlos Fernando Arroyo para aumentar las puniciones de quienes desarrollan actividades en transporte de manera ilegal. En diálogo con la 99.9, explicó su postura: “fue una ordenanza apresurada y necesitaba un debate más profundo”.