El Secretario de Gobierno se refirió en la 99.9 al fallo de la justicia sobre una presentación que habían hecho Juan Carlos Belmonte y su hijo, buscando ser reincorporados a sus puestos laborales. Además, se refirió a la causa por la exención de tasas a Aldrey Iglesias por el Hotel Provincial.
En las últimas horas, se dio a conocer que el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Mar del Plata rechazó la demanda interpuesta contra la Municipalidad de Gral. Pueyrredon por los ex agentes municipales Luis Alberto y Juan Carlos Belmonte, e impuso las costas del proceso a los citados accionantes.
El Secretario de Gobierno de General Pueyrredón, Alejandro Vicente, se refirió a este fallo en la 99.9 indicando que “la justicia mantuvo la cesantía que se había dispuesto en sede administrativa con un decreto del intendente sobre aquellos ex agentes que habían estado involucrados y habían sido responsables en el área de licencias de conducir provocando un perjuicio para la comuna de magnitud. Se había extinguido su vínculo laboral y con esta acción en la justicia, pretendían volver a trabajar”.
La determinación hacía sido tomada sobre casi una veintena de agentes, pero sólo dos fueron los que interpusieron esta medida ante la justicia: “fue en 2017 con un decreto municipal que se determinó la cesantía de 18 agentes en total y los que interpusieron la acción fueron Belmonte padre y Belmonte hijo. Ellos tienen una condena resuelta que creo que está en instancia de Casación, pero no influye para la cesantía. Son hechos del año 2014 cuando el municipio comienza la actividad sumarial”, recordó.
Vicente también dio detalles de la causa por el cobro de las tasas municipales que no abonó Florencio Aldrey Iglesias por el Hotel Provincial luego de una exención brindada por el gobierno anterior. “Está en etapa de prueba. En diciembre se tomaron testimonios y pasará a los alegatos para dictar luego la sentencia. Estimamos que, de no mediar ningún tipo de problema, para este año tendremos una sentencia al respecto. La comuna hizo un reclamo por casi 5 millones al momento de disponerse la nulidad del decreto. Eso fue en primer semestre de 2016”.
La medida además, por el contexto en el cuál fue tomada, es un dato no menor en la causa: “la decisión la tomó Pulti el 25 de octubre de 2015 cuando ya su suerte estaba echada y la legitimidad del acto estaba pendiendo de alfileres”, finalizó.