Scholz pide a varios países, entre ellos España, una tasa sobre ciertas adquisiciones.
Alemania quiere impulsar una tasa a las transacciones financieras con la introducción por lo pronto en diez países de la UE, entre ellos España, de un nuevo impuesto sobre la adquisición de acciones. El ministro de Finanzas alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, ha propuesto a nueve homólogos europeos un proyecto de ley según el cual las personas que compren acciones de grandes empresas deberán pagar al fisco un impuesto del 0,2% del valor de la transacción. Este impuesto sólo sería aplicable a títulos de empresas cuya capitalización bursátil supere los 1.000 millones de euros, que en el caso de Alemania son 145 firmas. En el conjunto de los diez países involucrados –además de Alemania y España, están Austria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Grecia, Italia y Portugal– la cifra asciende a más de 500 empresas.
“Por primera vez desde el 2011 estamos en una posición que nos permite alcanzar un acuerdo”, escribió el ministro Scholz el lunes a los nueve ministros de Finanzas o Hacienda aludidos. El Gobierno de gran coalición de conservadores y socialdemócratas de la canciller democristiana Angela Merkel –pero sobre todo los socialdemócratas– confían en una decisión rápida sobre un asunto que languidece desde hace largo tiempo, y en el que los diez países citados llevan años de “cooperación estrecha” –así evoca Scholz la relación entre ellos en su carta– sin que se haya llegado a conclusiones definitivas. Olaf Scholz afirma confiar en que una ley europea pueda ser “finalizada rápidamente”, para que entre en vigor a partir del 2021.
El Ministerio de Hacienda español recordó ayer que, en cuanto se forme un Gobierno, está dispuesto a recuperar su diseño del impuesto de transacciones financieras, contemplado en las cuentas fallidas del 2019. Fuentes del departamento que dirige en funciones María Jesús Montero, señalaron además que, como ocurre con la tasa Google, “cuando haya un impuesto a nivel europeo y no digamos en la OCDE, adaptaremos si es necesario nuestra normativa”. Según los presupuestos generales de este año, que tumbó el Parlamento, el Gobierno pretendía recaudar 850 millones al año con una tasa de transacciones financieras que iba a gravar con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros.
La tasa que propone ahora Berlín no se aplicaría a obligaciones y productos financieros derivados, y habría exenciones para diversos tipos de operaciones, como las salidas a Bolsa, las ampliaciones de capital, y los fondos de pensiones.
Con este impuesto sobre las acciones, el ministro Scholz busca obtener para el erario público germano ingresos adicionales de unos 1.500 millones de euros anuales, con el objetivo de destinarlos en su mayor parte a financiar la mejora de las pensiones mínimas. Esta medida relativa a la jubilación de los trabjadores de baja remuneración y largo periodo de cotización –medida con que los socialdemócratas intentan dejar su sello en el Ejecutivo– fue acordada a inicios de noviembre por la gran coalición. Pero la actual propuesta de Scholz de gravar transacciones financieras no concita necesariamente entusiasmo en su país. Los verdes, partido al alza en los sondeos, por delante del SPD, criticaron la medida, considerando que recaerá “únicamente en los pequeños accionistas”, una valoración similar a la de algunos diputados de la democristiana CDU.
En Francia, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, alabó la propuesta germana. “Vamos a examinar el texto en detalle para garantizar que el acuerdo final sea tan ambicioso como la tasa francesa ya existente; es una buena base para cerrar este dossier en el tiempo más breve posible”, declaró Le Maire, informa France Press. La idea de gravar las transacciones financieras se remonta a los años setenta del siglo pasado, y revivió en el 2011, cuando la crisis financiera castigaba a la Unión Europea, y se planteaba que bancos y bolsa contribuyeran a la financiación de la deuda. En la actualidad, además de Francia, también Italia y Reino Unido gravan ya determinadas operaciones financieras.