El juez federal habló en la 99.9 sobre la resolución que adoptó ante el aumento desmedido de la tarifa de gas a un natatorio buscando que se revierta lo que definió como “una maniobra” que involucra al Estado Nacional, el ENARGAS y Camuzzi.
El juez federal Alfredo López interpuso una medida cautelar en un reclamo por el aumento en la tarifa del gas y se transforma en una noticia destacada pensando en la cantidad de pymes a las que se le hace difícil afrontar los costos.
El magistrado brindó en la 99.9 detalles sobre la particularidad de la resolución: “es una acción de amparo que interpuso el natatorio Agua Blanca porque estaba comprendido dentro de los usuarios de categoría SGP2 que tiene un beneficio otorgado por una resolución del ENARGAS y deben estar inscriptos en un registro de Mi Pymes”.
Se cambió la legislación y les quitaron ese beneficio de una forma incorrecta según lo analizado por López: “este año mediante una nueva resolución, se les quitó este beneficio. Esa aplicación es incorrecta porque fija que si aumenta más del 50% de la factura anterior, quedan afuera del beneficio; pero el anexo de la primera resolución establece que la tarifa debe ser computando el beneficio. Es decir que lo que efectivamente pagan no superaría el 50% y en este caso supera el 100%”, advirtió.
Para el juez se trata de una maniobra que incluye a tres estamentos que son los que ahora deben responder por ello: “fue una maniobra para sacar a todo este sector del beneficio que venían percibiendo con normalidad. La acción va contra el Estado Nacional, el ENARGAS y Camuzzi aunque este último debe refacturar. La medida fue informada a las tres demandadas”.
De todas formas, aclaró antes de finalizar que no se extiende al resto de las empresas en condiciones similares: “si bien hay muchos gimnasios, natatorios y pymes que están en este registro, cada acción vale para aquél que resulta demandante, no es una acción colectiva. No es una sentencia definitiva, es una medida cautelar y para otorgarla debí declarar la inconstitucionalidad de las normas restrictivas para medidas cautelares del gobierno anterior que limitaba las facultades del juez para otorgarlas”, concluyó.