El senador era gobernador cuando ocurrió el crimen.
El juicio por el homicidio y posterior encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos culminó ayer en esta provincia y dejó más dudas que certezas. Lo único que quedó en claro el debate oral y público, que duró más de un año, es el hecho de que hubo una maniobra de encubrimiento montada desde el poder político local para proteger a los autores del asesinato, cometido en febrero de 2006, hace exactamente 13 años.
Cuatro exfuncionarios durante el gobierno de José Alperovich fueron condenados ayer a cumplir penas de entre cinco y seis años de cárcel por el delito de encubrimiento agravado, en concurso ideal con falsificación de instrumento público. Ellos son el exsecretario de Seguridad, Eduardo Di Lella y el exjefe de Policía, Hugo Sánchez, quienes purgarán una pena de seis años de prisión; el exsubjefe de la fuerza, Nicolás Barrera, condenado a cinco años y seis meses de cárcel; y el ex jefe de la Unidad Regional Norte, Héctor Brito, quien recibió una pena de cinco años. También fue condenado el expolicía Waldino Rodríguez, quien purgará una sanción de tres años de prisión de ejecución condicional y tareas comunitarias.
El único imputado como autor secundario del secuestro y posterior homicidio de Paulina, el electricista Roberto Luis Gómez, fue absuelto por el tribunal, que estuvo integrado por los jueces Rafael Macoritto, Carlos Caramuti y Dante Ibáñez. Los magistrados consideraron que no había pruebas suficientes como para condenar a Gómez por el crimen, aunque ordenaron iniciar una investigación para determinar si participó del encubrimiento del hecho.
Paulina Lebbos tenía 23 años cuando desapareció, el 26 de febrero de 2006, a la salida de un boliche de la capital tucumana. Su cuerpo sin vida fue encontrado 13 días después al costado de una ruta, mutilado, en avanzado estado de descomposición y con signos de estrangulamiento. Durante el desarrollo del juicio que culminó ayer pudo confirmar que el cadáver de Paulina fue “plantado” en el lugar donde lo encontraron dos baquianos, a quienes obligaron a mentir para que digan que el hallazgo fue realizado por la Policía de Tucumán. También se confirmó que la escena fue alterada, que las pruebas recolectadas en el lugar fueron mal preservadas y que las actas donde se informaba del hallazgo del cadáver fueron falsificadas. Estos y otros elementos son los que determinaron la condena, por el delito de encubrimiento, de los exfuncionarios de Alperovich.
Alperovich, bajo sospecha
A partir de los elementos que surgieron durante el juicio, el tribunal dispuso que el fiscal de causa, Diego López Ávila, investigue a distintas personas que podrían haber participado del homicidio y posterior encubrimiento del asesinato de Paulina.
Alberto Lebbos, el papá de la víctima, apuntó desde un principio contra el poder político. “Esta es una banda, una asociación ilícita, que se conformó con la responsabilidad ideológica del clan Alperovich-Rojkés para proteger a los asesinos de Paulina, que siguen libres”, señaló Lebbos tras el dictado de la sentencia.
En el fallo, los jueces pidieron que sea investigado Sergio Kaleñuk, hijo de Alberto Kaleñuk, exsecretario privado de Alperovich, “por la posible comisión o intervención en la privación ilegítima de la libertad seguida de muerte de Paulina Alejandra Lebbos, y/o por del delito de falso testimonio”. Idéntica medida se adoptará contra uno de los líderes de la barra brava de Atlético Tucumán, Gustavo “El Gordo” González, quien durante el juicio quedó vinculado con Kaleñuk.
También se solicitó que sea investigado César Soto, la expareja de Paulina, “por la posible participación en el hecho de privación ilegítima de la libertad y posterior homicidio de Paulina Lebbos o por falso testimonio”.
Además, el tribunal ordenó que sea investigado el actual senador nacional José Alperovich por el presunto delito de encubrimiento. Esto debido a que cuando era gobernador decretó el ascenso en el cargo del comisario Enrique García, condenado en 2013 debido a graves irregularidades cometidas en el inicio de la investigación del crimen de Paulina.
También quedó en la mira de la justicia el actual jefe de Policía de Tucumán, José Diaz, debido a que formó parte de la junta que dispuso el ascenso, de manera irregular, del comisario García.
Además, será investigado por el presunto encubrimiento del crimen el comisario Francisco Picón, quien hasta ayer se desempeñaba como subjefe de Policía (renunció horas antes de que se conociera la sentencia). Está sospechado de haber firmado un acta policial falsa el día que estuvo en el lugar donde encontraron el cuerpo de Paulina.
El fiscal López Ávila también investigará por “encubrimiento y/o falso testimonio” a Virginia Mercado, la amiga con la que Paulina había salido a bailar el día que desapareció, debido a que las múltiples contradicciones de su testimonio durante el juicio.
Los “hijos del poder”
Durante la investigación, fueron vinculados al caso Gabriel y Daniel Alperovich, los hijos del exgobernador Alperovich y de la exsenadora Beatriz Rojkés. Es que una de las hipótesis señalaba que Paulina había estado horas antes de desaparecer en una fiesta con “hijos del poder”.
Sin embargo, esta pista fue descartada por el fiscal López Ávila por falta de elementos probatorios. Por ejemplo, no se pudo realizar una comparación de ADN entre las muestras de sangre extraídas a los sospechosos y los pelos encontrados en el cuerpo de Paulina debido a que el material genético no había sido bien preservado.