El ex vicepresidente presentó frente al CIDH un documento que explica que no hubo “garantía convencional que no se haya violado”.
El ex vicepresidente Amado Boudou demandó el Estado argentino por haber enfrentado un proceso “amañado y arbitrario en el que no ha habido garantía convencional que no se haya violado” por su condena en el caso Ciccone.
En un documento de 22 carillas que presento frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) explicó que se violó la “legalidad, en un contexto de discriminación política y persecución”.
Además, agregó que “junto con quien fue presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y buena parte de su Gabinete de ministros” fue “objeto de una campaña de persecución judicial” durante el Gobierno de Mauricio Macri.
En diciembre de 2020 se agotó la vía de reclamo judicial de su condena de cinco años y seis meses de prisión, por lo que Boudou, junto a su abogado Alejandro Rúa, explicaron en la presentación los pasos que siguió la causa. Dijo que se inició “con intervención de los servicios de la inteligencia clandestina” y luego las autoridades “implementaron desde su asunción y en sede judicial una política ilegal de persecución”.
Mencionó que hubo “un plan sistemático ideado en lo más alto del Gobierno Nacional” que buscaba “la extorsión política y económica” y el método que se fue el “‘lawfare’ o guerra jurídica”, haciendo referencia a un informe de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación, denominado “Espionaje ilegal 2016-2019”
”Se trataba de lograr una sentencia anticipada construida mediática y judicialmente, sin que existiera correlación alguna con la verdad de los hechos”, para crear “un clima de odio, rencor y revancha que justificara la intervención judicial sin que importaran las pruebas y mucho menos el debido proceso y las demás las garantías constitucionales”, expresó.
Recordando su detención en noviembre de 2017, lamentó que fue un objeto de humillación pública al ser “retirado” de su domicilio en horas de la madrugada. ”Tuvo el evidente objetivo de humillarme públicamente”, sostuvo Boudou, quien explicó que fue sin citación previa, “pese a que siempre había comparecido a las citaciones” y, además, exhibiéndolo ante la “TV en pijama y pantuflas, ventilando ilegalmente imágenes del procedimiento”.
Boudou afirmó que su causa fue divulgaba como “hechos de campaña” con un “profuso tratamiento mediático en primera plana”, para lo cual se “diseccionó cuidadosamente” el proceso “desvirtuando su rigor objetivo, material y procesal”.
Se apuró “en elevar a juicio un tramo de la causa vinculado con la actuación” que se le reprochaba, entre otros, “junto los acusados José María Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele”, planteó que este último luego se convirtió en “arrepentido”.
Expresó que a los 10 días de encontrarse “arbitrariamente detenido” se hizo público que Vandenbroele ingresó al programa de protección de imputados arrepentidos, y se quejó de que el tribunal rechazara “los reclamos de sus defensas para que se conocieran los términos del acuerdo”, algo que según la normativa vigente está sólo admitido “en la etapa de instrucción” y no cuando está en marcha el juicio.
”Ante la manipulación de las voluntades judiciales afectadas no hubo ningún recurso real a mi disposición para la defensa de mis derechos”, dijo Boudou.
Señaló que “todo eso fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia mediante una simple negativa sin expresión de razón alguna, dejando a este modo agotados los recursos internos y por ende expedita la vía internacional”. ”Sigo aún preso. Y en síntesis, el Estado Argentino es responsable por la violación” a las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, concluyó.