El fiscal Walter Martínez Soto confirmó que el caso se resolvió rápidamente, pero alertó que no es un hecho aislado y que podría haber más involucrados: “Esto ya es un delito de intimidación pública, no una broma”
El fiscal Walter Martínez Soto se refirió a la investigación por amenazas en establecimientos educativos de Mar del Plata y destacó la rápida actuación policial y judicial que permitió identificar al autor, un joven de 17 años. Sin embargo, advirtió que se trata de una problemática en expansión y que no se limita a un solo caso.
“Ante una amenaza de este tenor, que puede parecer una broma pero provoca miedo y terror en las personas, se activó un protocolo con mucha fluidez. La comisaría séptima actuó rápido, hubo colaboración de los directivos y también de la familia del joven, lo que permitió determinar quién había hecho las inscripciones amenazantes”, explicó en la 99.9.
El fiscal subrayó que, pese a que el hecho pudo haberse originado como una “broma”, el encuadre legal es claro: “Cuando esto escala a estas dimensiones se convierte en un delito. Está penado por el Código Penal como intimidación pública, con una pena gravísima que puede llegar hasta los seis años de prisión”.
En ese sentido, precisó que el joven será citado a declarar y que “hay elementos como para avanzar hacia un juicio”, aunque aclaró que, bajo el régimen actual, “la pena máxima sería de hasta cuatro años de prisión” y no implicaría cumplimiento efectivo inmediato.
Martínez Soto alertó además que la situación no es aislada: “En Mar del Plata ya se sumó otro caso en la Escuela 27, y también hay uno en Miramar. Es la misma modalidad, casi el mismo mensaje, lo que nos hace pensar que hay algo que los une, una suerte de ‘desafío’ entre comillas”.
A partir de allí, remarcó que la investigación apunta también a quienes amplifican estas acciones: “No es solo quien lo hace, sino quién lo publica, quién lo fomenta o lo instiga. Hoy la tecnología nos permite rastrear huellas digitales y vamos a poder individualizar a todos los que hayan participado”.
Sobre el marco legal, explicó que la nueva Ley Penal Juvenil —que baja la edad de imputabilidad— aún no está vigente: “Recién entrará en vigencia entre septiembre y octubre. Si ya estuviera vigente, este joven estaría detenido, no hay duda”. Asimismo, advirtió que su implementación podría generar conflictos jurídicos: “Invade facultades de las provincias y puede haber interpretaciones distintas de los jueces, lo que va a generar problemas”.
El fiscal también hizo referencia al despliegue que generan este tipo de amenazas: “Implica un movimiento operativo enorme, con gasto de recursos y distracción de otras tareas en una ciudad donde la inseguridad es alta”.
En esa línea, no descartó avanzar contra los responsables civiles: “En algún momento se planteó que los padres respondan por daños y perjuicios. Puede parecer extremo, pero es necesario que la familia tome conciencia de lo que hacen sus hijos”.
Finalmente, Martínez Soto trazó una reflexión más profunda sobre el trasfondo social de estos episodios: “Esto es un síntoma serio. Son jóvenes a los que no les falta nada en términos materiales, pero sí falla el sistema familiar. Hay un desprecio por el otro que preocupa, porque estos chicos mañana van a ocupar roles en la sociedad”.
Y concluyó: “Se lo presenta como una broma, pero no lo es. La consecuencia es un delito concreto y nosotros, desde el Poder Judicial, tenemos que identificarlos, procesarlos y buscar una condena. Estamos ante una sociedad muy complicada, donde el sistema familiar está fallando enormemente”.