La jurista y referente del Movimiento Ciudadano 20M advirtió en la 99.9 que el deterioro educativo argentino es consecuencia de un proceso que se profundiza desde hace décadas y reclamó que el Congreso declare la emergencia educativa a nivel nacional. Además, sostuvo que el artículo 5° de la Constitución Nacional permite aplicar la Garantía Federal para establecer estándares de calidad educativa de norte a sur del país.
Analía Marsella volvió a plantear la necesidad de reconocer la emergencia educativa en Argentina y sostuvo que el deterioro del sistema no puede atribuirse exclusivamente a un gobierno determinado. “La degradación constante, permanente y progresiva de la educación en Argentina” es, según afirmó, parte de un proceso que se extiende desde los años 90 y que atraviesa sucesivas gestiones nacionales y provinciales.
La jurista recordó que durante la pandemia impulsó una ley modelo de emergencia educativa que fue enviada a las legislaturas provinciales y al Congreso Nacional. “Con los resultados trágicos que habíamos ya comenzado a vivir y experimentar, pero además los que podíamos pronosticar que iban a ser una consecuencia natural de las medidas que se adoptaron”, explicó, cuestionando especialmente el cierre de escuelas durante ese período.
Marsella sostuvo que esas medidas fueron adoptadas “de manera drástica, desproporcionada, sin una planificación al respecto de las consecuencias que se iba a tener” y sin un plan de mitigación de los impactos educativos. “Las escuelas fueron lo primero en cerrar y lo último en abrir”, señaló, y cuestionó que no se hubiera previsto cómo recuperar los aprendizajes perdidos, particularmente entre los sectores más vulnerables.
La iniciativa que elaboró, según explicó, se nutrió del trabajo de más de 500 especialistas de distintas áreas y estuvo inspirada en “las mejores prácticas internacionales”. También recordó que la propuesta fue incorporada a una petición ciudadana que continúa disponible y que reunió cerca de 40.000 firmas. “Es algo auspicioso poder decir que es una de las más firmadas, pero por otro lado somos 40 millones de argentinos”, planteó.
Para Marsella, los malos resultados educativos que hoy generan preocupación no son nuevos. “Llevo más de 10 años insistiendo en que la educación en Argentina atrasa. En el 2020 dije que atrasaba veinte años, ahora puedo decir más de veinticinco, veintiséis años”, afirmó. Y remarcó que el problema debe analizarse como una cuestión estructural: “No me estoy refiriendo a una gestión de un gobierno en particular, me estoy refiriendo a lo que sucede desde los años 90”.
En ese sentido, sostuvo que las distintas medidas adoptadas a lo largo de las últimas décadas “no respondieron a una política pública pensada en el desarrollo de la nación”. “Cada una de esas medidas nos trajeron hasta acá”, afirmó, al vincularlas con el actual deterioro del sistema educativo.
Marsella también puso el foco en la necesidad de recuperar la objetividad en el análisis de la educación. “Hay una cosa que trato de combatir a diario que es la pérdida de la objetividad”, señaló. Para la jurista, cuando se habla de educación de calidad es indispensable recurrir “al método científico, a datos, a hechos” y contar con indicadores que permitan conocer cuál es realmente la situación del sistema.
En relación con las pruebas PISA, sostuvo que los resultados de 2019 ya mostraban un escenario preocupante. “Ya eran preocupantes. Estábamos muy mal entonces”, afirmó, al recordar que esas evaluaciones internacionales fueron realizadas antes de la pandemia. Por eso, consideró que las consecuencias del cierre prolongado de las escuelas deben analizarse sobre un sistema que ya arrastraba dificultades.
Marsella destacó, sin embargo, un cambio que considera positivo en la comunicación de los resultados actuales. Señaló que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue una de las primeras funcionarias en comunicar los resultados y que reconoció públicamente que habían sido malos. “Plantea la necesidad de mejorar. Eso para Argentina ya es mucho”, sostuvo.
La jurista recordó además que Argentina había sido excluida de las pruebas PISA en 2015 luego de que se detectaran irregularidades en la metodología utilizada para presentar los resultados. “Si pensamos que en el 2015 Argentina vergonzosamente fue excluida de las pruebas PISA porque se descubrió que el gobierno que teníamos en ese momento había fraguado las metodologías, había alterado los resultados para que muestren progreso, bueno, por lo menos hoy podemos partir de la realidad, de aceptar la realidad”, afirmó.
Frente a este escenario, Marsella insistió en que el primer paso debe ser reconocer formalmente la emergencia educativa. “Hay que reconocer la emergencia educativa, empezando por ahí”, remarcó. Y planteó que la respuesta debe alcanzar a todo el territorio nacional, más allá de las diferencias existentes entre las distintas provincias.
Su argumento se apoya en una herramienta constitucional que considera central: la Garantía Federal. “El artículo quinto de la Constitución Nacional permite y habilita y obliga a una garantía federal que permitiría al gobierno nacional adoptar medidas para garantizar de norte a sur del país que se cumpla con ciertos estándares de seguridad edilicia, de calidad de contenidos, de formación docente, salariales, todo lo que se necesite para poder llevar a la educación a un mayor nivel de calidad”, explicó.
Para avanzar en esa dirección, sostuvo que es necesario que el Congreso Nacional reconozca la situación de emergencia. “Para eso es necesario que el Congreso reconozca la emergencia educativa, así como se ha reconocido cantidad de emergencias en los demás rubros de la vida civil”, concluyó.