El diputado provincial Andrés De Leo impulsa un proyecto para que los responsables legales de menores afronten los gastos que generan falsas amenazas, mientras advierte sobre el “efecto contagio” y cuestiona el uso de los recursos públicos.
El diputado provincial Andrés De Leo volvió a poner en agenda un proyecto que busca que los padres o tutores de menores de edad se hagan cargo económicamente de las amenazas, especialmente aquellas vinculadas a falsas alarmas en escuelas, que activan costosos operativos de seguridad.
En diálogo con la 99.9, el legislador explicó que la iniciativa no implica una novedad jurídica en términos de responsabilidad: “Uno no está inventando nada, el Código Civil ya establece las responsabilidades económicas por cuestiones del daño, la reparación económica y la responsabilidad de quien profiere ese daño”. Sin embargo, remarcó la necesidad de avanzar con una herramienta concreta: “Lo que busca esto es la reparación económica, que el Estado recupere todos los costos operativos inherentes a estas amenazas”.
De Leo recordó que la propuesta había sido presentada inicialmente en 2017, aunque sin éxito legislativo, y que ahora decidió actualizarla a partir de los recientes casos registrados en distintas jurisdicciones. “A raíz de estos eventos y de la experiencia que he visto, por ejemplo, en Córdoba y Santa Fe, donde se busca recuperar los costos operativos, me pareció mucho más atinado aggiornar la propuesta”, señaló.
El diputado subrayó el impacto que generan estas situaciones: “Estas amenazas de bomba activan protocolos de seguridad con evacuación de los colegios, con fuerzas de seguridad que tienen que intervenir para verificar si hay artefactos. Todo esto tiene un costo operativo directo e indirecto muy importante”. Y agregó que, en muchos casos, los responsables son menores: “Se ha corroborado que son menores de edad que, probablemente frente a la inacción del Estado, lo hacen como una broma”.
En ese sentido, advirtió sobre el fenómeno de imitación: “Esto tiende a copiarse, es contagioso”, y explicó que el objetivo de la norma es claro: “Que sean los progenitores, padres o tutores, quienes deban afrontar esta carga pecuniaria”.
Por otra parte, el legislador también se refirió a la situación de Bahía Blanca y el avance de las obras tras los daños sufridos por eventos climáticos. En particular, destacó la importancia del canal Maldonado, clave para el drenaje del agua: “Está licitado, algunas obras se han llevado adelante, pero la demora es todavía bastante importante”. Y comparó con la construcción original: “Entre 1949 y 1952 se hizo toda la obra completa, y hoy, con mayor capacidad del Estado y avances tecnológicos, seguimos con demoras que son un símbolo de lo que nos ocurre en la Argentina”.
Asimismo, mencionó que se logró destrabar una inversión de 27 mil millones de pesos para obras hídricas con aportes del sector privado: “Estas obras han empezado a transitar su primera etapa, y si se hacen en tiempo y forma, van a ayudar a mitigar fenómenos como el que tuvimos el año pasado”.
Sin embargo, fue crítico con la gestión municipal: “Hay una cultura del mal gasto público que persiste en Bahía Blanca”, afirmó. En esa línea, cuestionó el aumento de cargos políticos y la falta de austeridad: “No ha hecho ningún esfuerzo para disminuir gastos y volcarlos a infraestructura”.
Finalmente, De Leo planteó una mirada más amplia sobre el uso de los recursos del Estado: “Estoy a favor de un criterio progresivo en materia impositiva, pero tiene que haber eficiencia y austeridad en el gasto”. Y concluyó con una comparación internacional: “No es lo mismo el gasto público en Argentina que en países como Noruega o Dinamarca, donde los impuestos vuelven en servicios de calidad. Esa es la diferencia: acá muchas veces se sostiene estructuras que no le devuelven nada al vecino”.