Tal como lo había anticipado N&P semanas atrás, con la palabra del abogado del Pedro Federico Hooft, el fiscal de la causa Claudio Kishimoto estaba bajo a partir de la aparición de un registro donde aceptaba que todo estaba armado. Días después, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, decidió apartarlo.
El pasado 16 de abril en N&P, a través de la 99.9 y con la intención de romper el cerco informativo, el abogado del juez Hooft, Pedro Granillo Fernández, anticipó que el fiscal federal Claudio Kishimoto había aceptado que la causa estaba armada.
Ahora, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, apartó al fiscal federal Kishimoto luego de que el funcionario judicial comentara informalmente que eran un “gran verso” los cargos contra el juez Federico Hooft, a quien el Gobierno acusa de violaciones de los Derechos Humanos durante la dictadura.
La reciente resolución 889/13 de la Procuradora deja en claro que el cambio de titular en la Fiscalía Federal N° 1 obedece a “razones de índole funcional”. Pero la licencia compensatoria que le concedió y el reemplazo por su colega Carlos Adrián Martínez coinciden con una reciente grabación en la que Kishimoto reconoció que “es un gran verso” la causa en la que se investigaba la presunta participación del juez Pedro Federico Hooft en delitos de lesa humanidad.
Hooft se desempeñaba al frente del Tribunal en lo Criminal y Correccional N° 4 del Departamento Judicial Mar del Plata y fue suspendido en sus funciones en marzo último, a la espera de que se le fije fecha para enfrentar un jury.
El relevo de Kishimoto, quien investigaba este caso desde 2008, lleva la firma de Gils Carbó y llega un mes después de que tomara estado público una grabación en la que el fiscal reconoce haber recibido presiones desde niveles superiores del Ministerio Público para cargar contra el magistrado. La cinta fue grabada subrepticiamente por el hijo de Hooft, que también es su abogado: Pedro Federico Guillermo Hooft. Y se registró durante una conversación informal con el fiscal; luego, fue presentada ante la Cámara Federal de Mar del Plata como prueba.
Las acusaciones contra el juez corren por cuenta de organizaciones de Derechos Humanos que dicen haberlo visto en centros de detención ilegales y lo acusan de no liberar a presos políticos. La causa contra Hooft lleva siete años y tuvo un cambio fundamental en marzo último, cuando se lo suspendió en sus funciones y se dispuso su enjuiciamiento con fecha a determinar.
Kishimoto, que llegó en 2008 a la Fiscalía Federal N° 1 como subrogante, tramitó el último período de la causa donde el magistrado está acusado de complicidad con delitos de secuestro, torturas, asesinato y desaparición de personas. Lo citaron a indagatoria en dos oportunidades, pero nunca se presentó.
Hooft ratificó su inocencia en los hechos que se le imputan. Se le cuestiona no haber concedido hábeas corpus a abogados locales presos tras “La Noche de las Corbatas”. Hooft denunció una “persecución penal” y resaltó el apoyo del ex fiscal del Juicio a las Juntas, Julio Strassera, quien dijo que esta causa es una “venganza personal” contra el juez.