El abogado Jorge Vitale aclaró esta mañana en la 99.9 que la causa sobre los planes Argentina Trabaja fue iniciada por él después de un informe que realizó la UCA denunciando desvío de fondos. “Se han creado cooperativas que son sellos, nada más”, remarcó.
La malversación de fondos públicos en el gobierno de Cristina Fernández parece ser moneda corriente. En las últimas horas, los medios nacionales intentaron reflotar una denuncia sobre la función de los planes Argentina Trabaja, focalizados en una sola parte de la investigación.
La denuncia inicial había sido del Dr. Jorge Vitale, que esta mañana en la 99.9 explicó: “he advertido que algunos medios trataron de profundizar en el caso de los planes Argentina Trabaja, pero fueron bastante limitados. Hablan de una causa que fue iniciada con posterioridad y que tiene como objetivo la zona de Quilmes. Cuando inicié la denuncia fue por todo el plan Argentina Trabaja, que suma 5.000 millones de pesos que maneja la ministra Alicia Kirchner”.
Aquella primera presentación tuvo que ver, en realidad, con un trabajo universitario que ponía sobre la mesa cifras realmente increíbles. “Fundé la denuncia en un informe de la UCA, que durante los años 2010, 2011 y 2012 hizo un estudio de campo en todos los lugares donde se aplicaba el plan. El fuerte de todo esto se produce en la Provincia de Buenos Aires. Se han creado cooperativas que son sellos, nada más”. Luego abundó. “ese informe dice quiénes son los beneficiarios, quiénes reciben el dinero y cómo lo reciben. Dice que el plan es una red de defraudación de dinero público, que son nulos los contratos, que los encargados de controlar no tienen ninguna veracidad y control en la entrega del dinero”.
La conclusión es muy sencilla: “sumando lo que perciben con presentismo y puntualidad, son 2.600 pesos por mes. Se detectó que en su gran mayoría es gente que no recibe más de 1.000 pesos y el resto se queda en la caja política”.
No solamente el Gobierno nacional se queda con esa parte, sino que hay también una tajada para los municipios: “por cada trabajador que entra en el plan, el 30% es para los municipios, para que se les provea de insumos. Todas las denuncias indican que no hay insumos, el que quiere trabajar no lo puede hacer. Son utilizados para llamarlos en cada acto de gobierno; ahí está el presentismo, si no van les hacen caer el plan”, explicó Vitale.
La investigación aún está en progreso. Pero los datos sobre la creación de cooperativas en Buenos Aires también llamó mucho la atención del abogado: “en un año crearon 3.827 cooperativas en la Provincia de Buenos Aires, la mayoría en el Conurbano, concentradas mayormente en José C. Paz”.
El caso está más que claro, pero quienes investigan siguen recogiendo informes y testimonios para ver hasta qué punto llega la defraudación de fondos públicos: “es una de esas causas sobre la cuales se está trabajando y no sé cómo terminará”.