Como lo había planteado el presidente Fernández hace unos días, los inmuebles que no registren ocupación ni cambios, podrán ser expropiados en esa ciudad tras ocho años.
El Concejo Deliberante de la ciudad de Avellaneda, Buenos Aires, aprobó sin previo debate una ordenanza que establece que los dueños de terrenos vacíos o con edificaciones frenadas tienen un plazo máximo de ocho años para construir o terminarlas si no lo hacen, el municipio puede declarar la utilidad pública y expropiar.
Avellaneda es el bastión del actual ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. De hecho, el funcionario es aún el intendente en uso de licencia, y fuentes en la oposición municipal aseguran que su incidencia sobre la gestión del municipio es gravitante.
“Viene aproximadamente cada 15 días, todo lo que aquí sucede pasa por él”, aseguraron a un medio porteño.
Luego, al cabo de ocho años después de que el inmueble quedará inscripto en el Registro, y siempre bajo la condición de que no se haya construido, el municipio queda facultado para declararlo de utilidad pública y expropiarlo. La expropiación debe ser aprobada por la Legislatura provincial y realizarse a cambio de una indemnización, según establece la Constitución provincial.
Es decir, el inmueble puede ser expropiado por el municipio por la mera ausencia de construcción, aún cuando se pagaron los impuestos en tiempo y forma, e incluso cuando se lo hizo con un nivel de aumento impositivo notoriamente elevado.
El martes pasado, en un acto que se llevó a cabo en Mercedes junto al Gobernador Axel Kicillof, el primer mandatario aclaró: “Que los particulares entiendan, solidariamente, que no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno. No tiene sentido guardarlo para que el día que se muera, un hijo lo herede. Tiene mucho más sentido volverla productiva hoy, y que en ese lugar alguien construya el techo en el que van a crecer sus hijos”.