De los 220 reporteros que permanecen en prisión en 32 países, más de 40 han sido condenados por el régimen de Pekín.
Cuando la Bolsa china volvió a hundirse la semana pasada, el autoritario régimen de Pekín se olvidó de su burbuja y de la ralentización que sufre su economía y, al más puro estilo comunista, se puso a buscar culpables a modo de purga revolucionaria. Tras abrir una investigación policial de la que solo se conocen los datos aportados por los medios estatales, controlados por la propaganda, fueron detenidos varios agentes de fondos de inversión y un periodista de la respetada revista económica «Caijing», que ha destapado no pocos casos corrupción.
Ante la televisión estatal CCTV, el reportero Wang Xiaolu fue obligado a confesar que había «desestabilizado» el mercado con un artículo en el que informaba de que las autoridades iban a dejar de inyectar dinero público en la Bolsa, como han estado haciendo hasta ahora para evitar que siga cayendo. «No debería haber publicado ese reportaje que afectó tanto al mercado en un momento tan sensible. Yo he causado grandes pérdidas al país y a los inversores. Lo siento profundamente», reconoció Wang Xiaolu, último profesional de un medio de comunicación detenido en China.
Y es que el periodismo es un trabajo de alto riesgo no solo en las guerras, sino también cuando se ejerce bajo una dictadura. Con todo su poder, los regímenes autoritarios pueden silenciar a la oposición y controlar a los medios, imponiendo la censura sobre los asuntos más sensibles o encarcelando a los periodistas que se salten las normas.
De los más de 220 reporteros que, según el Comité Para la Protección de los Periodistas, se pudrían entre rejas a finales del año pasado, 44 estaban en China. Tan elevado número, doce más que en 2013, pone de manifiesto la creciente represión ordenada por el presidente Xi Jinping para acallar a la oposición civil, que también se ha extendido a los abogados defensores de los derechos humanos y a los colectivos sociales y ONG. Por delante de Irán (30), Eritrea (23), Etiopía (17), Vietnam (16) y Siria (12), el régimen de Pekín mantiene a la sombra al mayor número de informadores del mundo. Según Reporteros sin Fronteras, que denunció lo «absurdo» que era responsabilizar a un periodista de la caída de la Bolsa, China se sitúa en el puesto 176 de 180 países en libertad de prensa, tan solo por delante de Siria, Turkmenistán, Corea del Norte y Eritrea.
Entre los periodistas, blogueros y académicos encarcelados por difundir noticias o sus propias ideas en medios de comunicación –sobre todo a través de páginas «web» de internet –, destaca el profesor universitario Liu Xiaobo, premio Nobel de la Paz en 2010 e histórico participante en las protestas pro-democráticas de Tiananmen en 1989. Detenido a finales de 2008 tras liderar la «Carta 08» por la Democracia, fue condenado en diciembre de 2009 a once años de prisión por «subversión contra el Estado» en un juicio al que no pudieron asistir la Prensa ni los diplomáticos de otros países. Confinada bajo arresto domiciliario, su esposa, la poetisa Liu Xia, no pudo acudir a recoger el premio Nobel y tiene restricciones para recibir en su casa a sus familiares, allegados y, por supuesto, a la Prensa. Y su cuñado, Liu Hui, dueño de una inmobiliaria, fue sentenciado en 2013 a once años por una disputa comercial que, según sus abogados, ya se había solventado.
En abril, la veterana periodista Gao Yu, de 71 años, fue condenada a siete años de cárcel porque, según las autoridades, reveló «secretos de Estado» al haber publicado un «documento confidencial» en una página «web» extranjera en agosto de 2013. En concreto, se trataba del «Documento Número 9», una comunicación interna del Partido Comunista que databa de abril de ese año y alertaba de los «peligros políticos» que amenazaban a China, como una democracia constitucional al estilo occidental, el respeto a los derechos humanos y la independencia de los medios. Gao Yu, que ya había cumplido varias penas de prisión en el pasado, también apareció confesando su delito en la televisión estatal, pero su abogado aclaró luego que lo había hecho por las amenazas policiales sobre su hijo.
En septiembre del año pasado, el intelectual uigur Ilham Tohti fue condenado a cadena perpetua por promover el separatismo de su región, Xinjiang, donde buena parte de su población autóctona, que profesa la religión musulmana, aspira a la independencia. Nacido en 1969, Ilham Tohti impartía clases de Economía en la Universidad de las Minorías de Pekín, donde llevaba años investigando sobre las relaciones entre la mayoritaria etnia «han» y los uigures de Xinjiang. Aunque se le consideraba una voz moderada porque estaba plenamente integrado en el sistema universitario chino, había tenido frecuentes enfrentamientos con el régimen por denunciar la represión en Xinjiang desde su página «web» Uighur Online. Junto a él fueron condenados otros siete estudiantes uigures que trabajaban en dicho portal de internet.
Debido a las tensiones separatistas en China, la mitad de los periodistas y blogueros encarcelados son uigures de Xinjiang o tibetanos. Entre ellos destaca Kunckok Tsephel Gopey Tsang, también conocido como «Chomei», detenido en 2009 durante los meses previos al 50 aniversario del exilio del Dalai Lama en la India y condenado a 15 años de prisión por sus artículos en su blog.
Al igual que este escritor tibetano, una treintena de los presos encerrados por delitos de información en China han sido acusados de cargos contra el Estado. De todos ellos, quien más tiempo lleva a la sombra es Yang Tianshui. Tras pasar una década entre rejas por su oposición a la matanza de Tiananmen, fue detenido en 2005 y condenado a 12 años de cárcel en 2006 por sus artículos críticos contra el régimen, publicados en páginas «web» del extranjero prohibidas en China, como Boxun y Epoch Times (portavoz del ilegalizado culto Falun Gong).
Mientras el régimen de Pekín continúa su auge como superpotencia mundial, casi medio centenar de periodistas chinos paga con la cárcel su lucha por la libertad de información.