Cercado por protestas por atrasos salariales, la Legislatura se aprestó a iniciarle juicio político, pero lo salvaron emisarios de Fernández.
El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, sorteó los obstáculos de una de las semanas más duras de su mandato bajo el paraguas político del kirchnerismo, que alineó a los diputados opositores del Frente para la Victoria para desactivar la amenaza de pedido de un juicio político.
En medio del vendaval, el oficialismo de Chubut consiguió además esquivar los dardos de los propios diputados provinciales de Cambiemos, reacios a pagar el costo político de interrumpir el mandato de quien reasumirá el cargo el próximo 10 de diciembre.
Fuentes del PJ admitieron a LA NACION que los mensajes llegaron desde el entorno de Sergio Massa y que fue el propio diputado camporista Eduardo “Wado” De Pedro quien siguió de cerca la crisis de Chubut y contribuyó a desactivar un potencial jury al gobernador.
La última semana fue para Arcioni la peor desde el inicio del conflicto, en julio, cuando anunció la vuelta al pago escalonado de haberes a empleados estatales.
El ingreso a la Legislatura de un proyecto que impulsa el aumento de sueldos al gobernador, a vice, ministro y personal político reavivó el enojo social, sumado a la muerte en un accidente en la ruta 3 de dos docentes que habían participado de las marchas en esta capital.
En una semana matizada por rumores, la Legislatura de Chubut suspendió una sesión clave prevista para el jueves último. Tras los incidentes del martes por la noche -que incluyeron la quema del propio recinto legislativo tras la muerte de los docentes en el accidente- los legisladores activaron la amenaza: “Tenemos el diseño de varios escenarios posibles. Hay que resolver quién se sienta en la cabecera de la mesa de un pacto de gobernabilidad amplio”, disparó el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Blas Meza Evans.
El dirigente instó a “contribuir a poner coto a este desmanejo y restablecer la normalidad. Las vías son que Arcioni renuncie, vaya a juicio político o sea suspendido”.
Las declaraciones fueron una bomba política en una Legislatura en la que, a la hora del recuento de votos, no se alcanzaban los dos tercios para activar un juicio político. Arcioni todavía cuenta con el potencial apoyo de los legisladores del Chubut Somos Todos, el partido del fallecido Mario Das Neves.
Durante el miércoles, sin embargo, corrieron los listados de integrantes del jury, iniciando el conteo con los posibles votos de los integrantes, que requiere una mayoría especial de dos tercios para abrir a un proceso de debate y un número mayor aún para lograr la suspensión en el cargo.
El día clave fue el jueves: a los rumores y reuniones se sumaron los problemas edilicios por los incidentes del martes y el paro del personal legislativo, que se encuentra en retención de servicios por el pago escalonado de haberes.
Sin embargo, la sesión suspendida reveló que el alineamiento de Arcioni con Alberto Fernández tensó la relación con la Nación, pero alcanzó para desactivar la ola desestabilizadora de un sector del PJ provincial.
Un apoyo terminó de diluir esta semana cualquier escenario desestabilizador. Fue el propio intendente de Comodoro Rivadavia, el kirchnerista Carlos Linares, quien aseguró: “Nosotros acompañamos la gobernabilidad y el marco institucional”.
Mientras la Legislatura define la posibilidad de retomar las sesiones, el panorama en Chubut está lejos de cambiar: según admitió el propio gobernador, el pago escalonado -base del conflicto que mantiene paralizada a la provincia- continuará al menos hasta noviembre.
El paraguas nacional permitió a Arcioni sobrellevar una de las semanas mas complicadas de su mandato, atado a su relación personal con Massa -con quien compartió escenario la noche del 9 de junio en Comodoro Rivadavia, tras su reelección como gobernador- y amparado por el apoyo que brindó a la fórmula del Frente de Todos.
Pese a las protestas gremiales en crecimiento en Chubut, Arcioni sumó su imagen a la foto de los cierres de campaña nacionales. Ahora, el mandatario provincial, que reasumirá su mandato el próximo 10 de diciembre, pone las fichas en la victoria de la fórmula de Alberto Fernández para sobrevivir a crisis futuras con fondos desde la Nación.
El escenario provincial anticipa meses complicados para la provincia. Según datos del Ministerio de Economía de la provincia, la deuda pública de Chubut ascienda a US$915 millones. De este total, el 87% corresponde a títulos (bonos a cancelar hasta 2026); el 8%, a deudas con el Estado, y el 5%, a organismos internacionales de crédito.
Esta provincia debe afrontar pagos trimestrales de deuda por unos US$30 millones en cada caso. Esta cifra equivale a un mes completo de recaudación de regalías hidrocarburíferas, uno de los principales ingresos líquidos que tiene Chubut en su presupuesto provincial.