En total son 24 personas apuntadas por la Justicia por la desaparición de 30 dosis en enero pasado y la inoculación de miembros de la obra social del gremio.
La jueza federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de Seleme, procesó a 24 imputados por el robo de 30 dosis de vacunas Sputnik V del Hospital Regional de esta ciudad en enero último, y resolvió embargos de hasta dos millones de pesos. Tras tomar 40 declaraciones testimoniales y 28 indagatorias, la justicia resolvió el procesamiento del secretario general del sindicato de los Camioneros y exdiputado nacional, Jorge Taboada, parte de la comisión directiva y de la obra social de ese gremio -que integran una lista de 19 vacunados-, y cuatro integrantes del Área Programática Sur, dependiente del ministerio de Salud de Chubut.
El escándalo estalló en febrero último con el faltante de vacunas contra el coronavirus. En un expediente de 160 fojas, la investigación develó el vínculo entre dos enfermeras del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia con un referente del gremio de los Camineros, quien realizó las gestiones para la irregular vacunación. El caso tuvo como telón de fondo la investigación en torno al “vacunatorio vip” a nivel nacional, que provocó la renuncia del exministro de Salud de la Nación, Ginés González García.
Fuentes judiciales aseguraron a LA NACION que se pudo reconstruir el robo de vacunas en Comodoro a través de los chats y la declaración de testigos. La causa incluye hasta el registro de un grupo de WhatsApp en donde, pese a lo irregular de la vacunación, quienes recibieron la dosis intercambiaban acerca de los síntomas registrados tras recibir una primera dosis.
A la lista de procesados se les imputan delitos tales como incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y encubrimiento.
Los procesados
Según la justicia, el proceso para el robo comenzó sobre principios de enero pasado pero la colocación de las dosis se produjo recién sobre el 27 de ese mes. En la cadena de irregularidades, la investigación apuntó como máximo responsable al jefe de Epidemiología y Patologías Prevalentes del Área Programática Sur, Jorge Benítez, y a las enfermeras que hicieron posible la operatoria para que las vacunas y su consecuente colocación lleguen al gremio de los Camioneros. En el caso de Benítez, se lo procesó por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La lista incluye a la enfermera Alicia Muñoz por malversación dolosa de caudales públicos, a quien se le trabó embargo por 2 millones de pesos. En tanto, a otra enfermera del Hospital Regional que le habría ayudado a guardar las vacunas a Muñoz -según algunas comunicaciones telefónicas que mantuvieron-, se la procesó como encubridora de malversación de caudales públicos. A quien se desempeñaba como responsable de la cámara de vacunas, Daniela Cocha, la procesaron por presunta malversación culposa de caudales públicos por impericia y se le trabó embargo por 100 mil pesos.
En tanto, de las 21 personas identificadas en una primera etapa de la investigación por el Ministerio Público Fiscal provincial y la Brigada Policial de Investigaciones que habían recibido la aplicación de la vacuna en Camioneros, 19 fueron procesadas por presunto encubrimiento de malversación de bienes del Estado. Entre ellos están el Jorge Taboada y el secretario adjunto Elías Guzmán. A la lista se agrega Marcos Paura, otro integrante de la obra social de Camioneros, que había recibido la vacuna, apuntado como presunto instigador del delito de malversación, indicaron fuentes oficiales.
La causa llegó a manos de Parcio para que la trabaje junto a sus cuatro secretarios penales, Juan Ignacio Oske, Mauricio Aburre, Juan Manuel Gutiérrez y Damian Mazzuco luego de que la Justicia Provincial dictara su incompetencia tras la investigación. En esta causa trabajaron Prefectura Naval Argentina y su departamento de Inteligencia Criminal, y Gendarmería Nacional con el peritaje de los teléfonos y computadoras secuestrados en los allanamientos.
La ruta de las vacunas
La investigación logró seguir la ruta de las vacunas que terminaron de manera irregular en el gremio de los Camioneros. La maniobra de la sustracción de las dosis para luego ser vendidas a la obra social sindical comenzó por un sistema sin control, según surgió en el cotejo de esos elementos. Tanto en la investigación previa de la Justicia Provincial como en la Justicia Federal se lograron rastrear listados escritos a mano, incluso con tachaduras y otras desprolijidades.
En la primera etapa de investigación y antes de que el expediente quede en manos de Parcio, los fiscales de la justicia provincial sostuvieron que “se han violado todos los protocolos de conservación y traslado de la vacunas, el orden de prioridades establecido para la vacunación según los criterios de prioridad epidemiológica, como así también el posterior registro de la aplicación de las dosis”. También cuestionaron entonces la demora de las autoridades sanitarias locales y de la provincia para realizar la denuncia ante la Justicia.
Según los registros, el 26 de enero de este año se retiró de la cámara de frío un lote con 100 dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik V, de las que se aplicaron 70 a partir de turnos otorgados.
En esa jornada, se guardó el remanente de 30 dosis, junto a otras 10 que sobraban del día anterior, por lo que el sobrante era de 40. Sin embargo, al día siguiente se constató que quedaban sólo 10 dosis, por lo que entre la tarde del 26 y la mañana del día siguiente habían desaparecido 30 unidades.
Una de las vacunadoras en la jornada del 26 de enero era la enfermera Muñoz , la misma persona a la que señaló Taboada como la enfermera que les ofreció la posibilidad de vacunarse en su obra social, luego de que se conoció la investigación judicial por el faltante.
“Nosotros pagamos el servicio de inmunización y recibimos una factura legal”, explicó el dirigente camionero desde su radio, para rechazar las sospechas en su contra.
Pese al faltante, recién el 2 de febrero, cinco días después de detectarse el faltante de las dosis se dio aviso a la directora del Área Programática SUR, Miriam Monasterolo, quien en esa misma jornada dio inicio a una investigación administrativa y derivó el caso al Ministerio Público Fiscal, según consta en las actuaciones de los fiscales provinciales Andrea Rubio y Juan Carlos Caperochipi. Ambos fiscales intervinieron en la primera parte de la investigación y ordenaron el allanamiento a la sede de de la obra social de Camioneros.
Uno de los elementos que se buscó establecer en la investigación de la Justicia Federal es por qué la sustracción detectada involucra a la segunda dosis y no a la primera. Todo indica que hubo un primer robo de vacunas del componente 1, pero nadie lo denunció. Esa primera dosis se llegó a aplicar entre los días 7 y 8 de enero, según se habría constatado.
También queda otra duda por despejar en la investigación: si la desaparición fue de 30 vacunas y los vacunados en camioneros totalizaron 20, según reconoció Taboada -15 personas de la obra social y 5 de la comisión directiva del sindicato, según sus declaraciones periodísticas-, todavía restaría determinar adónde fueron las otras 10 dosis.