El castigo, de récord, es un aviso ante la ola de protestas contra el rey y el Gobierno.
Se avecinan tiempos complicados en Tailandia. El país de las sonrisas ha mostrado su peor cara con la condena a una antigua funcionaria a 43 años de prisión por compartir unos vídeos en las redes sociales considerados difamatorios hacia la familia real. Su castigo es el más grave impuesto hasta la fecha por este delito, y supone un aviso en toda regla para los miles de tailandeses que llevan meses protestando contra el Gobierno y la monarquía.
Anchan Preelert, de 63 años, fue arrestada en el 2015 junto a otras 13 personas por compartir en Facebook y YouTube vídeos y audios críticos con la institución regia. En un principio, fue sentenciada a 87 años de prisión por 29 cargos, pero el castigo le fue reducido a la mitad tras declararse culpable. El juicio se celebró a puerta cerrada y las pruebas contra ella se mantuvieron en secreto alegando motivos de seguridad nacional.
“El veredicto es impactante y envía la escalofriante señal de que no solo no se tolerarán las críticas a la monarquía, sino que serán severamente castigadas”, denunció Sunai Phasuk, investigador de Human Rights Watch en el país.
Ya desde la cuna, al tailandés medio se le enseña a reverenciar a la institución monárquica y temer las consecuencias de criticarla. Para los que osen contravenir ese dictado, el país cuenta con una de las leyes de lesa majestad más severas del mundo, que castiga con entre tres y quince años de prisión a quienes “difamen, insulten o amenacen” al rey o a sus allegados. Sin embargo, el articulado no especifica con claridad en qué consisten exactamente esos delitos, y las organizaciones de derechos humanos denuncian que la ley se ha empleado a menudo como una herramienta para acallar a la oposición y cualquier demanda de cambio.
En los últimos casi tres años, la norma apenas se había aplicado a instancias del propio rey Maha Vajiralongkorn, que pidió a las autoridades que detuvieran los enjuiciamientos. Sin embargo, ese paréntesis se cerró en noviembre del año pasado y, desde entonces, decenas de personas han sido acusadas de violar la ley, por lo que se enfrentan a severos castigos.
El cambio comenzó a fraguarse el pasado verano, cuando una serie de protestas estudiantiles constreñidas a los campus mutaron hasta convertirse en un movimiento contestatario mucho más amplio, que ya incluye a sectores campesinos o a las clases urbanas menos pudientes.
Tres son las principales reivindicaciones: la dimisión del primer ministro, el general retirado Prayut Chan Ocha, que se hizo con el poder mediante un golpe de Estado en el 2014; la reforma de una Constitución que se ajusta como anillo al dedo a los deseos de los uniformados; y la rendición de cuentas y limitación del poder de la monarquía.
Durante décadas, la monarquía tailandesa fue una institución intocable, con Bhumibol, padre del actual rey, sabiendo hacerse un hueco entre los débiles gobiernos democráticos, golpes de Estado y las dictaduras militares que se han sucedido en el país.
Pero si el anterior monarca gozaba del cariño del pueblo y se mantenía ajeno a cualquier crítica, el actual no suscita ni una pizca del respeto y veneración que le profesaban a su antecesor. Desde que se hizo con el trono, Vajiralongkorn se ha dedicado a consolidar su poder haciéndose con el mando de unidades claves del ejército o asumiendo el control personal de las propiedades de la Corona, mientras que sus escándalos amorosos y caprichos de niño rico cada vez molestan a más ciudadanos. “Este país pertenece al pueblo y no es propiedad del rey como se nos ha hecho creer”, se leía en una placa colocada por los manifestantes en octubre cerca del Gran Palacio de Bangkok.
Más de 40 jóvenes manifestantes han pagado su osadía con la acumulación de denuncias por violar la polémica ley. “Las autoridades están tratando de utilizar el mazo para devolver el genio a la botella”, afeó Sunai.
Pese a las críticas, todo apunta a que la campaña de acusaciones seguirá adelante. Ayer mismo, el ministerio de Economía Digital confirmó que piensan denunciar por difamar a la monarquía al político opositor Thanathorn Juangroongruangkit. Su supuesto crimen: criticar que la estrategia de vacunación del Gobierno depende demasiado de una empresa que en última instancia está bajo el control del rey. “Es obvio que utilizan la ley como herramienta política”, aseguró Pannika Wanich, una colega del acusado.