Esta semana, en paralelo con los hechos de violencia que se viven de manera cotidiana, una página de horror se vertió sobre la comunidad marplatense. Una seguidilla de cuatro violaciones alteró de manera rotunda la vida cotidiana.
El impacto es, además, brutal; porque las jóvenes fueron violentadas en las redes sociales, toda vez que algún imbécil subió el corte de información policial que es parte del expediente procesal.
La detención de una persona que dijo llamarse “Claudio Gómez”, y que dio un DNI no correspondiente con dicha identidad, aún está bajo escrutinio; y seguramente será develada en las próximas horas. Los fiscales Moyano y Berlingieri están trabajando de consuno, y cuando menos uno de ellos lleva una investigación de características similares a estas dos últimas.
El detenido buscaba huir de dos funcionarios policiales que participaban del esquema investigativo destinado a detener a este vándalo sexual. Al momento de la detención, rápidamente se dio orden de retirarlo de la vía pública por temor a una algarada del numeroso grupo de ciudadanos que se arremolinaban en el lugar. Si bien está aprobada por ley la creación del banco nacional de datos genéticos, el mismo aún no está implementado, y es una herramienta que requiere urgente puesta en acción.
Lo que la ley no contempla es la situación de la mujer violada. A diferencia del violador, del cual se descuenta tiene antecedentes por dicha conducta, y tendrá en unos años acceso a la libertad y fin de su castigo; sus víctimas enfrentan una condena perpetua. En nuestro país, la ley 25.087 impone tres figuras penales: la del abuso sexual simple, que se castiga con una pena que va de seis meses a cuatro años de cárcel, la del abuso sexual gravemente ultrajante, que prevé penas que van de 3 a 10 años, y el abuso sexual con acceso carnal por cualquier vía (la violación) que se castiga con penas que van de los 6 a los 15 años de prisión.
En definitiva, el denominado “violador serial” dio en llamarse Claudio Alberto Valente, de 42 años. Condenado a 11años y 8 meses, tenía salida transitoria concedida por un tribunal del Gran Buenos Aires. Su rad criminal concluyó al ser detenido por oficiales de calle de la DDI. El Fiscal Mariano Moyano especuló que, en condiciones objetivas, en un caso como este en donde se le pueden atribuir cuando menos cuatro hechos aberrantes, podría caber el solicitar una condena de hasta 50 años.
Pero nada va a poder reparar lo sufrido a todas y cada una de las víctimas. En este estadío de las cosas, pende sobre la sociedad la propuesta del Juez Eugenio Zaffaroni para reformar el código penal que implica, en la propuesta, eliminar la prisión para quienes cometan este aberrante crimen.