Así lo dispuso la jueza federal Silvina Domínguez, luego de la polémica generada por el impulso de un habeas corpus por parte de organismos de derechos humanos.
Tras el operativo de seguridad conjunto llevado adelante por las fuerzas nacionales en Villa Mascardi, Río Negro, la jueza federal de Bariloche, Silvina Domínguez, dispuso que las cuatro mujeres mapuches que se encuentran detenidas desde el martes en el penal federal de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, vuelvan finalmente a Bariloche.
Según pudo saber LA NACION, la decisión de la magistrada fue adoptada justo cuando estaba por resolverse un habeas corpus impulsado por organismos de derechos humanos para denunciar las condiciones de traslado y detención de las mapuches; y que motivó la salida de Elizabeth Gómez Alcorta de su rol al frente del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.
La decisión de volver a llevar a Bariloche a las detenidas fue de la jueza federal subrogante Domínguez, la misma que había dispuesto que sean llevadas desde Mascardi a Ezeiza con el argumento de que no había lugar en ningún centro de detención de mujeres en la provincia patagónica.
La detención en Bariloche y el traslado a Buenos Aires de las cuatro mujeres mapuches motivó la presentación de un habeas corpus por parte del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en el que se denunciaron violaciones a los derechos humanos por las maneras en que habían sido llevadas a 1500 kilómetros de sus domicilios e incomunicadas.
El habeas corpus fue tramitado por el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, que tiene jurisdicción en la cárcel de Ezeiza, y por la fiscal federal Cecilia Incardona. Villena había citado a una audiencia para esta mañana a fin de resolver sobre la situación de detención de estas mujeres y cuando estaba por concretarse esa reunión es que la jueza de Bariloche ordenó el traslado nuevamente hacia la Patagonia.
La magistrada argumentó que ahora sí hay cupo para alojar mujeres en Bariloche, por lo que el habeas corpus quedó abstracto.
Las detenciones
En total fueron siete las mujeres detenidas el martes tras el operativo realizado por la Policía Federal para recuperar los territorios usurpados. Cuatro de ellas fueron llevadas a Buenos Aires y otras tres quedaron en Bariloche, en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Dos de las que quedaron en Bariloche están amamantando a sus hijos y la tercera tiene un embarazo de 40 semanas, por lo que está internada.
La jueza federal Domínguez trasladó desde Bariloche a Buenos Aires a otras cuadro detenidas y les tomó declaración indagatoria por zoom. Las mujeres son Andrea Despo, Martha Luciana Jaramillo, Florencia Melo y Débora Vera. Integran la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y viven cercana de Bariloche. Además, Martha Luciana Jaramillo es madre de dos chico de 4 y 8 años.
Las mujeres fueron detenidas el martes 4 de octubre, por la mañana. Estuvieron retenidas en la PSA en el Aeropuerto Internacional de San Carlos Bariloche. En la madrugada del jueves 6 de octubre, fueron trasladadas a la alcaidía del Servicio Penitenciario Federal que está en el palacio de Tribunales, en Plaza Lavalle y, al día siguiente ingresaron al Complejo Penitenciario IV de Mujeres de Ezeiza.
De acuerdo a las fuentes judiciales consultadas por este medio, la fiscal Incardona las visitó ayer en la cárcel y las mujeres le refirieron que no sabían los motivos de su traslado, explicaron que no tuvieron oportunidad de objetarlo y en todo momento expresaron su voluntad de quedarse en Bariloche. Dijeron que fueron sometidas a violencia y maltrato en estos días.
En Ezeiza estuvieron alojadas en una celda común, con teléfono, anafe, heladera, baños, estufa y ventilador, camas con colchones y frazadas y un patio al exterior. Las mujeres dijeron que desconocían de qué delito se las acusaba, que no podían contactarse con sus abogados de inmediato. Contaron que fueron trasladadas en avión esposadas, sin saber dónde las llevaban y para ir al baño en el avión no les quitaron las esposas.
Dijeron además que en las celdas les impidieron seguir vestidas según la tradición mapuche, sin usar el color azul, ya que está prohibido en el Servicio Penitenciario Federal (es el color de los uniformes de los guardiacárceles) y tampoco se les permitió usar un pañuelo en la cabeza. Dijeron que antes de subirlas al avión fueron desnudadas y revisadas otra vez; y la misma situación se repitió cuando llegaron a la sede Cavia de la Policía Federal Argentina, luego a la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal y, también, en el Complejo IV.
Las cuatro mapuches aseguraron que fueron encadenadas y esposadas para trasladarlas, incluso, durante el vuelo del avión. Pidieron que les dejaran ingresar al penal las hierbas que tenían sus familiares para poder purificar el ambiente en el que se encontraban. La fiscalía observó tras esas entrevistas que se violó “el derecho a la protección de la familia, a recibir un trato digno y a respetar la integridad psíquica y moral de las mujeres de modo de que se afectaron sus derechos y garantías”.
En el caso de Martha Luciana Jaramillo, ella tiene dos hijos de 4 y 8 año y su traslado afecta también los derechos de los niños de permanecer con su madre. Todas estas observaciones y los argumentos a considerarse en la audiencia de esta mañana, que finalmente no tuvo lugar, iban a ser evaluados por el juez Villena, pero el hecho de que la jueza Domínguez de Bariloche hubiera ordenado que regresaran las mujeres a la Patagonia, convirtió en abstracto el habeas corpus.