En momentos en los que las generaciones jóvenes se asoman a los hechos que han permitido consolidar la democracia desde uno de sus episodios fundacionales, el Juicio a las Juntas, el gobierno argentino torna en cambio al pasado y abjura de la política de Derechos Humanos que ha marcado con distinción internacional a la República Argentina.
La postura del gobierno argentino frente a la criminal conducta del gobierno de Venezuela deja ene videncia que, a través del paso del tiempo, la postura de los gobiernos peronistas sigue siendo la de entender a la violencia como un instrumento necesario de la política.
Fue el peronismo el que se embarcó y desangró a la nación en una guerra intestina entre facciones, empleando la violencia como instrumento de la política para prevalecer. Las «organizaciones armadas», así llamadas por Juan Domingo Perón, era un instrumento de lucha contra la dictadura, avaladas por el propio líder en el exilio.
Se trató de una relación de conveniencia para ambos: por un lado, los dirigentes Montoneros que surgieron de la puja de poder entre facciones contrarias durante el gobierno de Onganía, que llevaron al asesinato de José Pedro Aramburu, y a la instalación en el imaginario popular de una guerrilla que respondía a la violencia del Estado con la del pueblo en armas; y el irresponsable de Perón que alentó el equívoco en un juego de violencia en el contexto de la guerra fría, y que contaba con financiamiento cubano. La misma raíz del conflicto, la violencia para obligar a que haya elecciones y provocar la vuelta de Perón, sirvieron en bandeja el escenario cuya primera puesta en escena se dio el día del retorno del líder con una batalla armada entre facciones contrarias cuyo saldo luctuoso aún hoy no se conoce.
Lo que sin duda no se conoce —y Argentina 1985 no refleja— es todo lo acontecido desde el triunfo de Raúl Ricardo Alfonsín hasta el momento en el que se celebra el Juicio a las Juntas: la CONADEP y su labor crucial, posibilitando la pieza acusatoria central de la fiscalía. Esa misma CONADEP que el peronismo se negó a integrar. El mismo agrupamiento político que avalaba la ley de auto amnistía dictada por Reynaldo Benito Bignone, el último presidente de facto.
Dicha ley proclamaba, en su artículo primero: «Declárense extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Los beneficios otorgados por esta ley se extienden, asimismo, a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas, cualquiera hubiere sido su naturaleza o el bien jurídico lesionado. Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares conexos». Alfonsín derogó esta ley que el PJ apoyaba para cerrar el capítulo del horror, y dio paso a la formación de la CONADEP.
Con su abstención a la votación de continuidad a la investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, el PJ expone que considera la violencia como instrumento legítimo y necesario de la praxis política: matar se considera necesario si de detentar el poder se trata, y no puede ser sometido a las leyes del común.
1985-2022, una misma convicción política que atraviesa la historia.