Plantas obligadas a ceder parte del sueldo. Muchos prefieren abonar además una prepaga. Auditoría 2016 reveló fallas y dejó mal parado al gremialista Norberto Di Próspero.
La senadora Lucila Crexell presentó un proyecto que dejará al gremialismo parlamentario patas para arriba: la filosa legisladora del Movimiento Popular Neuquino (MPN) plantea que la Dirección de Ayuda Social (DAS) permita “el derecho de los trabajadores a la libre elección de la obra social”.
En la actualidad, los trabajadores están obligados a delegar la porción del sueldo correspondiente por salud a la DAS y no pueden triangular hacia otra obra social o prepaga, situación que genera furia en empleados que durante décadas tuvieron que soportar tropelías y desafíos en cuanto a atención.
Crexell fue más allá del proyecto. En los argumentos de la ley, la legisladora informó sobre una consulta que realizó en 2017 a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Senado, que en un dictamen del 3 de octubre pasado le respondió acerca de la imposibilidad -por distintas normativas- de la derivación de aportes.
“Como puede advertirse, la limitación al derecho de opción para los agentes del Congreso tiene sólo sustento en el alcance de la normativa vigente. En opinión de la suscripta, ello constituye una clara limitación de un derecho que indudablemente debe reconocerse a los agentes que se trata, constituido por la posibilidad de opción entre los distintos prestados de salud existentes”, aseveró la legisladora.
La senadora además explicó que el decreto 576-93 reafirma que “los aportes y contribuciones que, por imperativo legal, se efectúan sobre la base de la remuneración del trabajador a favor del Sistema de Salud, le pertenecen y puede disponer de ellos para la libre elección del agente del seguro, pues constituyen parte de su salario diferido y solidario”.
Por otra parte, Crexell marcó la contradicción entre los fundamentos de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Senado y la normativa de la DAS, que aclara que “el personal transitorio de ambas cámaras” podrá ser “afiliado voluntario”. La legisladora agregó que “ello no ocurre, según se ha explicado”.
Además, la neuquina acopla la trastocada mecánica de “agentes temporarios que ingresan al Congreso para acompañar a los legisladores y tienen algún tipo de corbertura anterior y procuran mantenerla”, situación que choca con el descuento compulsivo a favor de la DAS, que genera un “manifiesto perjuicio”.
Para el caso de la DAS, el Senado tomó control en 2016 y, por una excepción, continuó con el seguimiento de los movimientos el año pasado. De hecho, Gabriela Michetti ordenó una auditoría en 2016 que relevó una serie de falencias que dejaron mal parado al líder del mayoritario gremio legislativo (APL), Norberto Di Próspero, otrora “compañero” exvicepresidente Amado Boudou.
Con la auditoría en medio de una puja judicial, los resultados no aparecieron hasta que los dio a conocer Ámbito Financiero, en una serie de notas que comenzaron a publicarse desde el 23 de junio pasado. La información de quienes revisaron la DAS mostró que “el sistema que tiene” contaba con “un software de desarrollo propio, basado en DOS, data de 1993”, que contenía “carencias y limitaciones varias, algunas de ellas significativas”.
Las “transacciones” del sistema implementado desde 1993 no tenían “impacto contable”. En ese sentido, se agregó: “La contabilidad se lleva en libros manuales y está 0% informatizada, incluso para fines de gestión interna. Los datos que surgen de los libros se vuelcan en planillas Excel para gestionar, con la consecuente demora y riesgos de integridad en el armado de la información”.
Además, los estados contables correspondientes al ejercicio 2015 no se encontraron presentados dentro del término correspondiente”, y se sostuvo que la situación patrimonial de la obra social al 31 de diciembre de 2014 “era deficitaria”. Los pasivos comerciales también gatillaron alertas. “La información genera el riesgo de toma de decisiones erróneas desde el punto de vista financiero, toda vez que no se tiene certeza de los montos adeudados, así como tampoco qué tan vieja es dicha deuda”, informaron los auditores.
El estudio también metió lupa en compras “significativas”, como por ejemplo, para “obras realizadas en el entrepiso de Alsina 1825, compra de equipos e insumos informáticos, adquisición de herramientas eléctricas y de materiales para telefonía”. Otro dato: existe desde la década del noventa un contrato entre la DAS y la empresa de sepelios Casa Sierra SRL, que apareció en el radar periodístico tras el asesinato de María Marta García Belsunce.
Hasta 2008, se abonaba una “cápita por cada afiliado titular de la DAS” pero “desde esa fecha, el monto a abonar es una suma fija que se indexa con cada modificación del contrato”. Los auditores encontraron “aumentos en los montos fijos superiores a la inflación real medida por cualquier organismo, sin incorporar tampoco nuevos beneficios”.