UPSRA se encuentra en plena ebullición, con una intervención cuestionada. La proclamación de un candidato, apañado por Barrionuevo y Triaca, adjudicándose la victoria en las elecciones que deberían realizarse el 14 de enero de 2019, las denuncias por corrupción y recursos de amparo a la espera de resolución, agravan el malestar y la inquietud.
El Sindicato de Vigiladores Privados (UPSRA) fue el señorío feudal por más de veinte años de un burócrata llamado Ángel García, quien a partir de entonces debió hacer frente a las numerosas denuncias que cosechó a lo largo de su gestión en los juzgados de los doctores Ariel Lijo, Julián Ercolini y Sergio Torres.
Las denuncias, en torno a su modo de conducción, arbitrario y violento, establecieron las reglas de juego de un sindicato donde la definición de los diferendos raramente resultó pacífica.
Durante sus tiempos de gloria, Jorge Triaca decidió intervenir diversos sindicatos para colocar a su gente y meter mano en sus respectivas cajas. El caso más destacado fue el del SOMU, que constituyó un escándalo que aún hoy está a la espera de aclaraciones y definiciones del poder judicial. Pero sólo fue el más relevante entre muchos otros casos. Uno de ellos, donde hoy el conflicto está a punto de estallar, fue UPSRA.
A fines del año 2016, el entonces ministro de Trabajo decidió la intervención, prestando atención a las denuncias por irregularidades en el acto electoral realizadas por Leónidas Riquelme, a las que el juez Claudio Bonadío dio curso inmediato.
Recordemos que Riquelme es un sindicalista vinculado a Luis Barrionuevo y al propio Triaca, quien logró de este modo un posicionamiento decisivo dentro del gremio. El primer Ddlegado normalizador, Rodolfo Alonso, hombre del Enrique “Coty” Nosiglia, no consiguió hacer pié en el sindicato, por lo que, meses después, fue reemplazado por Roberto Porcel, un hombre del riñón del propio ex ministro -luego devaluado en secretario- de Trabajo.
Sin embargo, la “normalización” que impuso Porcel sólo se limitó a profundizar la matriz diseñada en su momento por García. En cuanto al manejo financiero, se han formulado denuncias sobre un faltante de 15 millones de pesos, sin explicación oficial.
Tal como en el caso del SOMU, la intervención impulsó la duplicación de sueldos de actores cercanos al hoy secretario de Trabajo.
Respecto a la seguridad del propio sindicato, Porcel contrató a la empresa AG Security, formalmente a cargo de Cristian Felice, a quien se sindica como administrador de los negocios de su medio hermano, que se desempeñaría como titular de una subcomisaría en Opendoor.
La empresa de Felice, de este modo, entraría en contradicción con la Legislación vigente, que impide que familiares de funcionarios policiales monten empresas de seguridad privada. El contrato sellado con la intervención incluyó la contratación de alrededor de quince efectivos para las tres sedes del gremio: la central en CABA, el Campo de Deportes en Moreno y un establecimiento en La Plata.
LAS DENUNCIAS DE LOS TRABAJADORES
Los vigiladores en cuestión han sido objeto de maltrato y discriminación laboral desde un primer momento. Por ejemplo, mientras quienes se desempeñan en la obra social del sindicato –ajenos a AG Security- trabajan en turnos de ocho horas, con un salario de bolsillo de 24 mil, los agentes de AG Security cumplen jornadas de doce horas, con un sueldo de sólo 20 mil.
Además, aseguran que han sufrido presiones diversas, se les ha impedido su afiliación sindical y, en casos de reclamos, fueron amenazados o directamente despedidos por mensaje de texto, como ocurrió con tres efectivos en el mes de enero de 2018.
Según trascendió, también fueron obligados a desempeñar tareas de inteligencia, filmar y fotografiar a manifestantes opositores a la intervención, etcétera, en flagrante contradicción con la normativa vigente.
ALGUNA DE LAS TANTAS IRREGULARIDADES
Como dato adicional, fuentes extraoficiales señalaron a este medio que la empresa no contaría con autorización legal de la CABA para realizar sus actividades, y que el domicilio que figura en los recibos de sueldo de sus agentes sería nada más y nada menos que un terreno baldío.
El caso de la obra social de UPSRA llama realmente la atención, ya que no fue intervenida, y continúa siendo administrada por Celeste Ferrara de García, esposa del sindicalista desplazado por Triaca y procesado por Bonadío.
La marcha de la intervención estuvo plagada de controversias a lo largo de estos dos años, con recambios frecuentes de funcionarios a cargo de la intervención. En 2018, Patricio Lombrilla reemplazó a Porcel, con la misión de allanar el camino al secretariado General a Riquelme, promovido por Triaca y Barrionuevo.
En una asamblea realizada en Parque Norte, donde efectivos policiales y de seguridad privada impidieron la participación de afiliados opositores, que fueron “corridos como ratas”, con el aval de Triaca, se decidió convocar a elecciones para la normalización de UPSRA para el 14 de enero de 2018.
La iniciativa es sumamente controversial, ya que se encuentra pendiente de decisión el amparo presentado en su momento por el depuesto Ángel García, y se correría el riesgo de que, ante una sentencia judicial favorable, el sindicato llegaría a tener dos secretarios generales validados por elecciones de sus afiliados.
No obstante, lo que agrava más la situación, es la designación, como miembro de la junta electoral, de la esposa del denunciante Riquelme, Laura Pelegrini, quien a la vez se ha presentado como candidato para asumir la conducción del gremio.
El accionar de la junta electoral no se hizo esperar y rápidamente borró de un plumazo a las dos listas opositoras a Riquelme que se presentaron para competir en los comicios del sindicato, argumentando que los avales ofrecidos eran “truchos”. Los candidatos opositores –Ángel García y Julio Gutiérrez- replicaron que, en realidad, los únicos avales “truchos” serían los presentados por la lista de Riquelme, por lo cual recurrirían a la Justicia nuevamente, para hacer valer sus derechos.
Quien quiera hacerse un festín con las acusaciones cruzadas y el destape de los trapitos sucios del gremio no tiene más que entrar a Facebook y consultar el grupo la La Voz del Vigilador, que alberga un verdadero festín de promiscuidades y denuncias de corrupción.
El reemplazo de Porcel por Lombrilla generó, además, graves tensiones con Felice, el gerente general de AG Security, quien, en los últimos días, se despachó con una denuncia judicial estruendosa, al acusar a Triaca por el desvío de fondos por 15 millones de pesos. La causa incluye cargos de corrupción, cohecho e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Mientras tanto, el candidato Leónidas Riquelme, pese a todas las objeciones y denuncias judiciales en danza, se presenta públicamente, de la mano de Barrionuevo, como nuevo secretario General de UPSRA.
Incluso fue recibido, días pasados, por la Cámara de Empresas de Seguridad de Buenos Aires como próximo secretario General. Sin embargo, su principal adversario, Gutiérrez, ha presentado en la Justicia una denuncia por las irregularidades en el desempeño de la junta electoral, aduciendo fraude en la presentación de avales de Riquelme, y parcialidad al cuestionar los propios, que -en su opinión- se ajustarían a los requerimientos vigentes.
Mientras todo es confusión y nada se resuelve en el SOMU, el interventor Lombrilla avanza sin pausa en el cumplimiento del cometido que le fuera asignado y, para calmar los ánimos, consiguió cerrar un acuerdo laborar por el que los vigiladores privados cerrarán el año con un 41 por ciento de aumento.