En Argentina hay una cultura históricamente aceptada por la sociedad, acerca de las formas de acceder y practicar el poder, ya sea en un centro estudiantil, en un gremio, en una cámara empresarial o en la misma administración de la “cosa pública”. La ciudadanía consintió que las estructuras internas, los “aparatos del poder”, sean determinantes.
Los que heredaron el poder, naturalmente siempre deseosos de diferenciarse de sus antecesores, corren el riesgo de la clásica calificación de “traidores” en la política si se apartan de la lógica instalada. Y los recién llegados al poder, rápidamente son siempre rodeados por quienes “explican” los manuales, las conductas y los comportamientos del cómo ejercer la autoridad, incluyendo la necesidad del temor para su aplicación.
Adicionalmente, esta “teoría del poder” incluye también la creencia que la corrupción moral, y la económica que se deriva de ella, está fatalmente instalada en los imprescindibles aparatos y que es inevitable coexistir con esa situación, aceptando límites “tolerables”, a modo de impuestos “no legislados”. Súmese las presiones que desde un poder del Estado se ejerce sobre otros –y de los externos contra el Estado-, a lo que hay que agregar un escaso respeto a las instituciones (ley incluida), lo que configura un escenario difícil de manejar.
Sobre este y otros temas conversamos con el senador por la Unión Cívica Radical, Mario Cimavedilla, quien expuso su particular teoría de por qué pasa lo que pasa. El momento era oportuno en medio de la tensión por el conflicto con el multimedios Clarín.
Noticias & Protagonistas: En el Consejo de la Magistratura, ¿el FpV puede llevar a juicio político a los integrantes de la cámara civil de Capital Federal que le falló en contra al Gobierno?
Mario Cimadevilla: Hasta ahora no hay nada presentado, aunque por supuesto que puede hacerse la denuncia. Pero eso sí: de ahí a que la denuncia prospere y signifique algún tipo de sanción a los camaristas, creo que se les va a complicar mucho. Usted sabe que para remover un juez se requieren 2/3 de los integrantes del Consejo, y no los tienen. En el bloque opositor que represento logramos que no lo tengan, y eso bloquea esa pretensión oficialista, sancionando a jueces probos cuando dictan sentencias que no les gustan.
N&P: Pero se habló de eso, y medios periodísticos lo exponen como dándolo por sentado, siendo que esto que usted dice es conocido. Pueden denunciar, pero no seguir adelante…
MC: Hay medios afines al Gobierno que pretenden crear presión sobre los jueces, y publicitan rumores dando por sentado cosas que no se pueden dar. Se dijo que los iban a remover, que no se puede gobernar dictando sentencias; eso es cierto, pero peor es dictar justicia desde el Poder Ejecutivo. Estamos lejos de la instancia en que los jueces gobiernen con sus sentencias, pero sí vemos un intento de avance claro del Ejecutivo sobre el Poder Judicial.
N&P: ¿Qué escenario visualiza, con lo que pasó con la Corte? Se habló de que los magistrados estaban preocupados por las presiones. Zaffaroni dijo que la Cámara está “alzada” contra el supremo, pero ¿los jueces no son todos iguales, en cualquier instancia?
MC: Todo juez tiene autonomía para resolver conforme a su leal saber y entender. La Corte no es jefe de todos, ni la Cámara está sobre el tribunal de primera instancia. Se esperaba que se demorara la Corte un día más, pero la cosa es clara: se quería pasar de una instancia a la Corte, y eso no se podía hacer. Por vía ordinaria se puede llegar, pero siempre que interpongan un recurso extraordinario y no el “per saltum” de Cámara a Corte. Eso no existe.
N&P: Hoy se especula con que una presentación del Gobierno podría llevar esto a fines de 2013. Parece que por más que el Gobierno agite, el desguace de Cablevisión no tiene mucha oportunidad, porque las expectativas políticas para Cristina Kirchner en 2013 no son buenas…
MC: Claro. Incluso, a pesar del fallo del Dr. Alfonso, todavía existen las vías recursivas, la Cámara, la propia Corte, que es donde terminará, porque los dos apelarán. Y una vez que quede firme, recién entonces corre el plazo de desinversión para Clarín: en el tiempo hay un tranco largo.
N&P: ¿La Ley de Medios tiene que ser revisada? Hay quejas en el interior de que reduce brutalmente la programación propia.
MC: Siempre hay margen para mejorar. En la aplicación de cualquier ley pueden surgir situaciones no previstas que ameriten modificaciones. La ley puede tener intenciones que todos compartimos. El problema está en que el justicialismo, en cualquier vertiente, actúa de la misma manera: los del peronismo federal, cuando gobernaron San Luis o Chubut, fueron peores que Cristina, conciben el poder en la misma manera. Al justicialismo no les gusta someterse a la Constitución ni a la ley.
N&P: ¿Usted lo que dice es que priorizan el poder a cualquier variable?
MC: Sí, es la forma en que conciben el Gobierno. Creen que el poder es lo superior, y que hay que someterse a su capricho. El partido de gobierno concibe el poder así. La propia historia condena al justicialismo. Cuando en 1949 Perón ve que no puede seguir en el poder, no se somete a la Constitución que estaba vigente sino que la modifica para perpetuarse. Hace lo mismo Menem, los Kirchner en Santa Cruz, y lo que pretenden ahora. Malversan el funcionamiento de cualquier institución.
N&P: ¿Podría ampliar el concepto?
MC: Si nosotros hablamos de tener un organismo que evite las prácticas monopólicas, el acaparamiento de mercaderías, la manipulación de los precios, vamos a concluir ambos que es necesario tener una Secretaría de Comercio. Pero después voy y lo pongo a Moreno, entonces pasa lo que pasa. Esta malversación de las instituciones lo hacen en todos los órdenes; el INDEC coincidiremos en que es necesario para hacer previsible la marcha de una economía, contando con indicadores que tengan certeza. Pero después lo manipulo para que sirva a mi relato. Y lo mismo el Congreso, donde la oposición puede aportar, pero no, es una “escribanía” del Gobierno. El peronismo considera que debe ejercerse el poder subrogando la ley, las instituciones, al capricho de la Presidenta.
Culturalmente objetable
Nuestros problemas centrales serían, como mínimo, dos: a) la corresponsabilidad ciudadana a la responsabilidad de los dirigentes políticos; o sea ¿cómo producir personas ciudadanas y no meros electores?: la respuesta es educación para la independencia económica y la dignidad de las personas; y b) que el debate de las ideas políticas no se efectúe entre “enemigos”, sino entre circunstanciales adversarios que pujan por más bienestar general.
Pero para eso hay que generar una cultura política y una sociedad que la acompañe. Entre nosotros a veces da la sensación de que lo que mejores resultados produce es el miedo, generador de respeto. Hay quien dijo que a De la Rúa lo desalojaron porque nadie le tenía miedo. Cimadevilla dice al respecto: “Si a Carlos Menem le reprocho algo, es lo cultural, más que la banalidad. Cuando a un país le va mal económicamente, con tres o cuatro cosechas saca la cabeza del agua. Pero cuando el deterioro es cultural, se necesitan generaciones”.
¿Habrá estado entre los disparates del menemismo eliminar la conscripción? Porque de alguna manera era un rito que permitía que muchos sectores no socializados se incorporaran, se disciplinaran, había control sanitario, pero todo quedó en la nada luego del lamentable episodio del soldado Carrasco. En cambio hoy, lo dicen los mismos docentes, los chicos hasta cierta edad -13 o 14 años- van más o menos bien hasta que empieza la llamada “cultura wachiturra”, con algunos que directamente caen en el delito. Quizás sea necesario recuperar un tipo de autoridad que no debe confundirse con fascismo: “Hemos retrocedido, la cultura del trabajo se está perdiendo –agrega el senador radical-, hay familias que viven del asistencialismo; no es que esté en desacuerdo, pero no hay que confundirlo con justicia social”.
En un trabajo de la Defensoría del Pueblo de Mar del Plata sobre los chicos en la calle aspirando pegamiento (que no se les debería vender por ley provincial), encontraron que hay pibes de 14 o 15 años que tienen papá y abuelo drogadicto, es decir, hay ya tercera generación de drogadictos estructurales. “Quienes tenemos hijos adolescentes vivimos preocupados no sólo por su suerte en el estudio, sino que nos desvela que no sea víctima de tentaciones de este tipo porque se desarticula todo. El Gobierno no tiene una política de ataque serio a la droga. Los chicos saben bien dónde comprar, ¿cómo es que la policía no lo sabe? Hay que ir en serio en estas cosas”, concluyó el entrevistado.