A 200 años de la Asamblea que el 31 de enero de 1813 abolió la esclavitud en nuestro país, todavía existen bolsones de trabajo esclavo a la vista de gobernantes, sindicalistas y ciudadanos en general. Las actividades más afectadas son la rural y la textil.
Corría el año 1951 cuando Hugo del Carril comenzó a filmar la película “Las aguas bajan turbias”. En medio de una historia de amor, se podían apreciar las condiciones de trabajo infrahumanas que padecían los obreros de los yerbatales misioneros de la época. Han transcurrido 60 años y esa realidad nos vuelve a abofetear cada tanto.
En el marco del Operativo Verano que la AFIP realiza en la zona de Cuyo, en los últimos días se detectaron casi cincuenta trabajadores informales en una empresa de empaque de uvas. Vivían y desarrollaban sus tareas en condiciones indignas; y obviamente, ninguno estaba debidamente registrado.
La UATRE siempre fue un gremio cómplice de las patronales. Las indignantes situaciones de trabajo fueron descriptas en informes, trabajos, libros y también en muchos artículos periodísticos.
No es que la esclavitud efectivamente haya dejado de existir en algún momento de la historia, sino que simplemente desaparece de la tapa de los periódicos. Pero hace apenas unos días, lo que era un secreto a voces saltó otra vez a las páginas de los diarios de todo país. Y una vez más, en lugar de solucionar el problema, los sindicatos, la oposición y el Gobierno comenzaron a tirarse culpas unos a otros; sin dudas, su deporte preferido.
Denuncias realizadas a los ministerios provinciales y a los sindicatos, hay miles. Incluso, existe más de un libro publicado con investigaciones de sociólogos y economistas de universidades nacionales que jamás fueron leídos por nadie que se molestara en terminar con el flagelo. El trabajo semi-esclavo en los campos argentinos es harto conocido.
La empresa cuyana inspeccionada ya había sido fiscalizada en la última cosecha y se habían detectado las mismas irregularidades. Entre otras anomalías, los inspectores encontraron que los trabajadores dormían en campamentos precarios levantados con bolsas de nylon. Los lugares para descansar estaban armados con colchones que los propios trabajadores debían comprar con sus bajos ingresos, y estaban apoyados sobre pallets de madera o cajones que la empresa empleadora les vendía. Algunos dormían directamente sobre el piso de tierra.
El campamento no contaba con lugares refrigerados para mantener los alimentos de la gente en estado apto de conservación, algo fundamental debido a las elevadas temperaturas que se registran en esta zona sanjuanina y que pueden superar los 35°.
Además, los lugares asignados por la empresa para la vivienda de los trabajadores y sus familias, carecían de conexión eléctrica y agua corriente. Los únicos dos baños existentes se encontraban en estado deplorable y eran utilizados por más de cuarenta personas.
Norma Giarracca, titular de Sociología Rural de la UBA, escribió: “¿es el trabajo casi esclavizado de los migrantes del Norte una novedad de los últimos años, que ahora la Justicia, las autoridades nacionales y provinciales del área de trabajo descubren? Lamentablemente, desde siempre las empresas nacionales e internacionales se han comportado del mismo modo. La UATRE siempre fue un gremio cómplice de las patronales. Esas indignantes situaciones de trabajo fueron descriptas en informes, trabajos, libros y también en muchos artículos periodísticos”.
En el mes de diciembre pasado, Hugo Moyano encabezó una nueva protesta en Plaza de Mayo, con mediana convocatoria. Los discursos fueron duros contra el Gobierno y volvieron a apuntar, sobre todo, al pago de Ganancias para las categorías medias y altas de sus afiliados. A su derecha estaba el “Momo” Venegas, titular de la UATRE, gremio de los trabajadores rurales. Los problemas de sus afiliados están lejos de empezar y terminar en el pago de ése tributo; padecen regímenes laborales en negro o esclavos en las grandes extensiones de los dueños del campo, que casualmente también apoyaron la movida política.
El “Momo” Venegas, hombre de Eduardo Duhalde, toma las denuncias casi como un cascoteo a su propio rancho; y puede que así sea. Pero que no me cuente a mí el verso del sindicato protector de los derechos de sus trabajadores, porque me van a doler los labios de tanto reírme. De sindicatos conozco bastante, y afirmo sin miedo a equivocarme que la UATRE, en cuanto a defensa de sus afiliados, es de los peores; si no el peor.
Eduardo Buzzi, titular de Federación Agraria, durante una nota a la prensa y hablando de este tema responsabilizó al Ejecutivo por esta situación. Dijo que el Gobierno está en deuda respecto de la resolución del trabajo en negro y que los empresarios “repudiamos el trabajo esclavo, que lo investiguen y los metan en cana”. Bueno, tiene razón en responsabilizar en parte al Gobierno. Después de décadas de existencia de trabajo denigrante en algunos sectores rurales del país, nadie que esté en el poder se puede hacer el ignorante sobre este problema. Pero también habría que decirle a Buzzi que, si tanto repudian estos hechos, que hagan algo; como mínimo, denuncias concretas.
Por supuesto que el primer gran responsable es el empresario que lleva a cabo este tipo de explotación; especialmente cuando se trata de multinacionales que hacen fortunas. La filial argentina de Nidera paga el 1 por 10.000 de sus ventas en concepto de Impuesto a las Ganancias, claro indicador de sus maniobras delictivas. En los últimos ejercicios, y mientras sus ventas superaron los 12.000 millones de pesos, la empresa declaró márgenes de utilidad de un 7% promedio. Y queda muy claro que no es por los sueldos que paga a sus trabajadores ni por las instalaciones que les ofrece, o por la ropa de trabajo que les brinda.
Volvamos a la socióloga Norma Giarracca, de la UBA: “el interrogante es, ¿por qué el Estado democrático no hizo lo que correspondía hacer? ¿Por qué no se modificó la ley 22.248 de trabajo agrario? ¿Por qué este empeño en mantenerse en este modelo del agronegocio?”.
Otro rubro en el que las condiciones laborales suele ser deplorables es el textil. El 78% de la ropa que se confecciona en la Argentina se realiza en talleres clandestinos, donde más de 200.000 costureros están encerrados, trabajando más de 12 horas sin ningún derecho laboral o gremial y con un salario inferior al mínimo.
Solamente en el Conurbano Bonaerense hay más de 15.000 talleres clandestinos, donde se producen prendas para marcas archiconocidas y para ferias como la Salada. Cada uno, emplea a entre siete y diez costureros; la gran mayoría de ellos son inmigrantes bolivianos. Y más allá de los ocasionales allanamientos realizados cada tanto sólo para las estadísticas, el Gobierno no penaliza ni a las marcas (algunas muy famosas y con precios de venta altísimos) ni a los capos de la Salada, que abiertamente se jactan de confeccionar sus prendas en talleres ilegales con costureros súper-explotados.
El Gobierno nacional nos debe una explicación. Los gobiernos provinciales y los sindicalistas, también. Y la oposición, al menos debería preocuparse por el tema. Quizás cuando dejen de gritarse y echarse culpas entre todos, alguien piense en los trabajadores rurales y en los textiles. Quizás…
Formosa
Hay males comunes a la mayoría de los trabajadores rurales del interior el país: trabajo en negro o mediante “cooperativas de monotributistas” que eximen a los empresarios de pagar cargas sociales, condiciones de semi esclavitud o descuentos sobre los salarios por comidas horribles a precios gourmet.
Benigno López, presidente del Movimiento Campesino de Formosa, afirma que en los campos de importantes políticos y empresarios, sobre la frontera con Paraguay, el 75 % de los trabajadores son paraguayos indocumentados que trabajan en condiciones infrahumanas. El 60 % de los campos de Formosa emplean mano de obra en condiciones de servidumbre.
A los trabajadores se les descuentan las mercaderías que los propios patrones les venden a precios exorbitantes: yerba mate, aceite de girasol, arroz, fideos, harinas. “Por cada kilogramo de comestible que cuesta 10 pesos en el mercado, el patrón le descuenta al trabajador 30 pesos”, asegura López.
Además, afirma que en varios establecimientos formoseños próximos a la frontera “se desarrollan actividades ilícitas de mucha gravedad: apropiación ilegal de tierras, desmontes de bosques nativos y aterrizajes ilegales de aeronaves”.
Mendoza y Jujuy
Diego Montón, miembro del Movimiento Campesino de Mendoza, afirma que en su provincia la vid y el ajo son los principales cultivos. Cuando se requiere la mayor cantidad de mano de obra, se utilizan trabajadores golondrina más una parte de trabajadores temporales locales. Más del 80% es trabajo en negro. Sobre las condiciones a las que son sometidos los peones rurales, Montón cuenta que “en las fincas se arman grandes carpas, como las de circo, y ahí viven los trabajadores. Sin baño, muchas veces sin agua ni sombra”. Los salarios, además de paupérrimos, son efectuados mediante el pago con fichas en vez de dinero. Fichas que, como en las épocas de “los mensú”, luego pueden ser cambiadas por productos alimenticios en negocios de la zona.
En Jujuy, la producción de porotos, tabaco y caña de azúcar concentra la mayor actividad agraria. “Acá, los peones son expuestos a condiciones inhumanas. Las jornadas de trabajo se extienden hasta la madrugada y el pago es deplorable”, afirma Cristián Cabrera, del Movimiento Campesino de Jujuy.