Después de los últimos casos evidenciados de videos prohibidos publicados en Internet, siempre se planteó un “vacío legal” después de que fueran subidos a las páginas web. Sin embargo, una teoría plantea que los culpables siempre son las personas, y no Internet.
Cuando surgen problemas con algún video íntimo en Internet, terminan afectando a un solo elemento: la propia Internet. El caso más reciente es el de Florencia Peña, donde inmediatamente se habla de un “vacío legal” en esta cuestión, pero los actores quedan de lado, abogados, denunciante y quien anuncia que un video podrá ver la luz próximamente.
Un artículo publicado en el suplemento Ñ de Clarín, indica que el teórico de medios Lev Manovich puntualizó en 2006 que lo que define a los llamados nuevos medios no es la circulación de los contenidos sino cómo se producen, se almacenan y se modifican. En el ADN de cualquier objeto digital está poder copiarlo, modificarlo, almacenarlo en un espacio casi infinito, y compartirlo. Sin embargo, la Web, por sí misma, no decide qué se copia y qué distribuye. Lo hacen las mismas personas y con distintos objetivos, tanto buenos como malos, como violar la intimidad, difundir pedofilia, robar, etc. Las personas cometen los delitos, y como tales, sí tienen leyes, que las juzguen.
El Código Civil, para estos casos, permite juzgar tanto al responsable del robo como a quienes difunden el material. También hay penas a través del Código Penal y, para evitar la difusión, medidas cautelares para que buscadores como Google y Yahoo!, o páginas como Facebook restrinjan contenidos de sus búsquedas.
Eso deja de lado la afirmación del “vacío legal” que es, en verdad, la excusa que tienen algunos grupos para impulsar medidas contra la libre circulación de contenidos en Internet. Los abogados hacen lobby, poniendo a los niños como excusas para instalar leyes que reponsabilicen a los proveedores de Internet por lo publicado. En el mundo hay leyes en ese sentido y en Argentina, el diputado del PRO Julián Obiglio presentó un proyecto para que, ante una simple demanda, se “baje” un material. Esto, según Beatriz Busaniche, de la Fundación “Vía Libre”, podría impactar “en dos temas clave: la libertad de expresión y el fomento de la innovación”. Esta censura e Internet controlada estaría a un paso del proyecto que impulsó la diputada del Frente Peronista Natalia Gambaro, quien propone tipificar penalmente la suplantación de la identidad digital.
Busaniche indicó que “nuestra legislación penal ya incluye figuras para combatir la adulteración de documentos, la falsificación de firmas. Y también para la estafa y el fraude, y el abuso de menores, principales preocupaciones que parecen movilizar este proyecto”. Entonces, las leyes para un delito como difundir un video sexual ¿existen? Sí, aunque siempre pueden ser mejoradas. El riesgo está en crear otras leyes “más amplias” para “evitar futuros problemas” y con ellas afectar otras libertades esenciales, como la de expresión.
Lo público y lo privado también cambió. Según Paula Sibilia, la intimidad se desplazó a ámbitos que antes eran privados, y hoy ya no hay hombres ni mujeres públicos sin una privacidad pública. En el medio están los “mercaderes” de la televisión, que no expondrían a sus hijas en las redes mediáticas pero sí lo hacen con la intimidad de otras mujeres. Cada uno debe cuidarse a sí mismo, y una forma de hacerlo es ir contra la compulsión de tener cuanto celular y red social nueva se abra y con ellos dar “sí” a las opciones de mostrar en qué calle estoy, con quién, etiquetate o contactame.
Sí aún lo seguimos haciendo, no será culpa de Internet, sino nuestra, y de esos mercaderes de los medios.