Un fiscal pidió que se investigue si el Ministro favoreció a los distritos afines a la Casa Rosada.
El fiscal federal Gerardo Pollicita se pronunció a favor de abrir una investigación penal a raíz de una denuncia de varios legisladores contra el ministro de Planificación, Julio De Vido, por presunta discrecionalidad en el reparto de fondos para la construcción de viviendas, según confirmaron ayer fuentes judiciales.
“Luego de revisar y analizar la distribución de los fondos de los planes federales de vivienda (financiados por el Poder Ejecutivo Nacional) a las distintas provincias, notamos que ésta no siguió ninguna premisa establecida y que hay evidencias claras de que respondieron a las afinidades políticas del Gobierno Nacional con los gobiernos provinciales de turno”, explica la denuncia, firmada, entre otros, por la diputada Elisa Carrió.
Así, con el requerimiento de instrucción firmado por Pollicita, De Vido queda bajo investigación penal y formalmente imputado por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. En la misma situación quedaría el secretario de Obras Públicas, José López, y el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Germán Nivello; también, su antecesor en el cargo. Es que si bien los denunciantes no los mencionaron expresamente, sí pidieron que se investigue a los responsables de esas áreas.
El período de investigación, según el dictamen de Pollicita, irá de 2006 a 2013. Y para ello pidió al juez federal Ariel Lijo diversas medidas de prueba, como informes del Ministerio de Planificación, de las áreas respectivas de cada provincia y hasta saber si existe algún informe al respecto por parte de la Auditoría General de la Nación.
La denuncia fue firmada, además de Carrió, por los también diputados nacionales Manuel Garrido, Alcira Argumedo, Fernando Sánchez, Pablo Javkin, Carla Carrizo y Roy Cortina, los ex diputados Fernanda Reyes y Mario Cafiero, el senador Fernando “Pino” Solanas, los legisladores porteños Maximiliano Ferraro, Julio Raffo, Virginia González Gass, Rocío Sánchez Andía, Paula Oliveto, Hernán Arce, Inés Gorbea y Hernán Rossi y el dirigente socialista Mario Mazzitelli.
Basados en un informe de la economista Reyes tras el análisis de los números oficiales, los denunciantes concluyeron que los funcionarios imputados “no solamente administraron los fondos públicos sin respetar en absoluto los parámetros vinculados a la necesidad habitacional de cada una de las provincias, sino que, por el contrario, quedó evidenciado que la manifiesta arbitrariedad perseguía solamente fines políticos”. La denuncia incluye un detalle provincia por provincia para acreditar sus afirmaciones.
Clarín publicó el informe en enero pasado. En Santa Fe, por caso, en 2006, al peronista aliado Jorge Obeid le enviaron 220 millones de pesos para viviendas, mientras que en cinco años, a los socialistas que lo sucedieron, Hermes Binner y Antonio Bonfatti, solo les llegaron 181 millones. Córdoba, Corrientes, San Luis y la Ciudad de Buenos Aires también fueron perjudicadas en detrimento de provincias “amigas” o alineadas con el Gobierno Nacional. El total de fondos manejados es de $ 20 mil millones.