El Parlamento comienza a debatir un proyecto de ley que permitiría por primera vez entregar fugitivos a Pekín, lo que ha despertado el temor de los ciudadanos a perder su independencia judicial.
La manifestación tenía previsto comenzar a las 15.00 (11.00 hora peninsular). Tres horas más tarde, aún quedaba centenares de personas en el punto de partida esperando su turno para empezar a marchar. Las calles de Hong Kong se habían convertido en un puro río de gente vestida en su mayoría de color blanco, elegido como símbolo de la luz y la justicia. Las colas para tomar alguno de los trenes de metro para llegar superaban la media hora.
La policía tenía que abrir accesos inicialmente cerrados para dejar pasar a la multitud. Las aglomeraciones recordaban, y superaban, a las protestas de hace cinco años, cuando medio millón de personas se sentaron en la calle en el centro de la ciudad para exigir más democracia. Esta vez, con un sentimiento generalizado de “ahora o nunca”, los ciudadanos protestaban contra el proyecto de ley de extradición que, por primera vez, permitirá a la excolonia británica entregar fugitivos al sistema judicial chino. Una violación intolerable, a sus ojos, de su sistema de libertades.
Un recuento de la Universidad de Hong Kong para la Ciencia y la Tecnología, según el periódico hongkonés South China Morning Post, arrojaba un recuento preliminar de casi 200.000 personas. Fuentes cercanas a la organización, citadas también por este periódico, aseguraban que los participantes podían superar el medio millón de personas.
Bajo un calor de justicia -las temperaturas rondaban los 32 grados centígrados, con una humedad del 80%-, muchos de los manifestantes portaban pancartas rojas con letreros negros, en mandarín, cantonés e inglés, en los que se leía el lema de la protesta: Fan song zhong, Faan sung jung, No to extradition to China (No a la extradición a China). El proyecto de ley, que en principio se votará el miércoles en el legislativo autónomo, ha tocado como pocas cosas la fibra sensible de la ciudadanía: el temor a que la inexorable conversión de Hong Kong en una ciudad china más se lleve por delante la preciada independencia judicial y el resto de las garantías y libertades que Pekín prometió mantener durante 50 años tras la devolución británica de la colonia en 1997.
Si las sentadas de hace cinco años dividieron visiblemente a la ciudad – grosso modo, jóvenes prodemocracia frente a mayores proChina-, en esta ocasión la propuesta ha sacudido a todos por igual. Estudiantes, legisladores prodemocracia, abogados, periodistas o empresarios debaten desde hace semanas en sus conversaciones públicas y privadas sobre la denostada propuesta.
“Soy un hombre de negocios y nunca me había interesado la política antes, pero en los últimos años Hong Kong se está deteriorando”, afirmaba al SCMP el empresario Ben Liang, que emigró de la China continental a Hong Kong hace veinte años y participaba en la concentración con sus dos hijas, de 23 y 5 años. “Conozco el sistema chino bien, porque he sido parte de él. Espero que Hong Kong todavía pueda defender lo que le importa”.
Da igual -a los ojos que quienes protestan- que el proyecto de ley ya se haya suavizado dos veces, para precisar que solo se entregará a los acusados por delitos que acarreen penas superiores a los siete años. Está en juego algo de principio. Algo que afecta al alma misma de la ciudad. Y no ayuda la profunda desconfianza sobre el sistema judicial al otro lado de la frontera. Una desconfianza que se ha visto reforzada esta semana con la conmemoración del 30 aniversario de la sangrienta disolución de las manifestaciones de Tiananmen.
“Es una propuesta, o una serie de propuestas, que asestan un golpe tremendo… al Estado de derecho, a la estabilidad y seguridad de Hong Kong, a la posición de Hong Kong como un gran centro financiero internacional”, declaraba el jueves el último gobernador británico del territorio, Chris Patten.
Los defensores de la medida alegan que antes de que la jefa del Ejecutivo autónomo, Carrie Lam, apruebe cualquier orden de extradición, tendrá que celebrarse un juicio y un tribunal independiente tendrá que dar su visto bueno. No se entregará a ningún sospechoso que vaya a afrontar persecución religiosa, tortura o la pena de muerte. Sus detractores subrayan, por contra, la falta de transparencia e independencia del sistema judicial chino. Las leyes chinas permiten que un detenido pueda permanecer en paradero desconocido, aislado y sin acceso a un abogado durante seis meses. Las organizaciones pro derechos humanos denuncian también detenciones arbitrarias y confesiones forzosas.
“Bajo la legislación actual, el Gobierno de Hong Kong solo puede extraditar a sospechosos a los países con los que mantenga acuerdos de extradición, o decidir caso por caso en las solicitudes de los demás países. Los cambios a estas provisiones deben ser ordenados por el jefe del Ejecutivo autónomo, que es elegido a dedo por el Gobierno chino”, sostiene la organización pro derechos humanos Human Rights Watch.