Entidades que agrupan a los defensores de los derechos de las víctimas de la delincuencia impulsan la medida.
La polémica liberación de presos a raíz de la pandemia del coronavirus puso en alerta a las organizaciones que defienden los derechos de las víctimas de la delincuencia y sus familias.
En las últimas horas se anticipó que tres jueces bonaerenses serán denunciados por las entidades ante el Consejo de la Magistratura Provincial.
La denuncia por “mal desempeño” recaerá sobre magistrados de los departamentos judiciales de San Isidro, Lomas de Zamora y Bahía Blanca, según anticiparon a este diario fuentes del Observatorio de Víctimas de Delitos, que se constituyó bajo la órbita de la Cámara de Diputados de la Nación.
Hasta anoche no habían trascendido las identidades de los magistrados a los que serán denunciados.
“Concedieron libertades a personas que cometieron delitos muy graves”, afirmaron desde el Observatorio, que hasta el Gobierno anterior estaba en el Ministerio de Justicia.
La falla jurídica de esas resoluciones es que no habrían dado vista de las liberaciones, como obliga la Ley de Víctimas sancionada a nivel nacional.
“Algunos jueces empezaron a enviar las notificaciones con 20 días de retraso a los familiares de las víctimas”, dijo la fuente consultada por este diario y precisó: “Se va a presentar un primer caso testigo, con mucho fundamento, y detrás de esa denuncia vendrán otras, sobre las que se están terminando de reunir las pruebas”.
De todos modos, en el Observatorio que cuenta con el apoyo político de Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, no difundieron la identidad de los jueces que serán denunciados ante el Consejo de la Magistratura bonaerense. También habrá denuncias a magistrados federales, se anticipó.
El Observatorio, que dirige Sandra Rossi, ya le pidió a la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata que revocara la prisión domiciliaria de Héctor Jurado, autor de abuso sexual gravemente ultrajante, porque la víctima no había sido notificada previamente de la concesión del beneficio. Y el tribunal accedió a esa petición.
Paralelamente, la diputada nacional Graciela Camaño (Consenso Federal) presentó un proyecto de ley en el que propone la prohibición de las excarcelaciones de quienes hayan cometido delitos graves, como homicidios, secuestros, violaciones o aquellos relacionados con la corrupción, entre otras faltas.
Entre esos delitos menciona los perpetrados contra la vida, los cometidos con motivo de violencia de género, aquellos contra la integridad sexual, los de secuestro extorsivo, el robo agravado, la asociación ilícita prevista en el artículo 210 del Código, los que vayan contra el orden económico y financiero, entre otros.