El Tribunal de Cuentas multó a funcionarios de La Paz por la falta de control en el manejo de planes sociales por alrededor de 39 millones de pesos. Además, constataron que un concejal había cobrado de más y tuvo que devolver el dinero.
Graves irregularidades detectó el Tribunal de Cuentas en la redición de cuentas de la gestión del intendente Fernando Ubieta en La Paz. Entre otras cosas, observaron que un concejal cobró de más y tardó dos años en devolver el dinero, pero lo más grave gira en torno a la discrecionalidad con la que se repartieron 39 millones de pesos del programa “Trabajar por La Paz”. Además, se encontraron inconsistencias en las bases de datos de las cuentas por cobrar (base de contribuyentes) “que no permiten cumplir con la adecuada custodia y cobranza de los mismos”.
El fallo 17711 habla de graves irregularidades en los sistemas de control internos de La Paz y establece multas de 30 mil y 20 mil pesos para el contador Sergio Omar Barrientos y el tesorero Exequiel Vespa. La sanción parece leve si se tiene en cuenta se trata del manejo de 39 millones de pesos de forma discrecional.
En concreto, establece que en el año 2020 la Municipalidad de La Paz puso en funcionamiento el programa “Trabajar por La Paz” para “generar empleo y ejecutar trabajos en beneficio de la comunidad”. En concreto, estaba previsto que se implementara entre febrero y octubre del 2020 para beneficiar a 600 personas con montos de $5.000 a $30.000. Sin embargo se prolongó en el tiempo y en diciembre de ese año eran 931 beneficiarios.
Pero según determinó el Tribunal de Cuentas, se entregaron 39.9 millones de pesos sin que se hiciera un estudio para evaluar la necesidad de las personas que recibieron el dinero.
“Del análisis realizado, se detectó que: a) No hay solicitud del beneficiario que exponga la necesidad del subsidio. b) No hay dictamen de Asistente Social que certifique el estado de necesidad de quien solicita el subsidio. c) No se implementó un ‘recibo prenumerado’ con el detalle de las entregas, que contenga además del nombre del beneficiario, número de documento de identidad y firma o constancia de recepción; el destino del subsidio y que estuviera intervenido por quien efectivamente entregue el dinero. d) No hay constancia de CUIT, CUIL o CDI. e) No hay, en la mayoría de los casos, ‘Legajo Social'”, enumera el órgano de control.
En este sentido, determina que el dinero se entregó de forma discrecional sin que existan “antecedentes de prestaciones sociales anteriores, recibidas del mismo u otro órgano o institución, durante el período de un año” o al mismo tiempo un “diagnóstico social actual, breve y descriptivo, que contenga la descripción del problema principal, las necesidades básicas insatisfechas y el impacto familiar”. Tampoco se observa la existencia de una “opinión profesional en la que conste el nivel de gravedad del problema, el momento en que debe efectuarse la prestación y el tipo de prestación que se sugiere” o por lo menos un “informe periódico de seguimiento del caso”.
El argumento que esgrimieron desde la comuna para justificar la falta de documentación fue la pandemia. Básicamente, aseguraron que “el aislamiento social no permitió el contacto con los beneficiarios para solicitar documentación que el acuerdo exige como requisito”.
Sin embargo, la explicación no fue suficiente para el Tribunal de Cuentas que avanzó con la multa a los funcionarios involucrados y puso en conocimiento de lo ocurrido a la Fiscalía de Estado. “La declaración de emergencia administrativa y la situación de aislamiento señalada por los responsables en su descargo, no justifica la falta de acreditación documentada de la necesidad de los beneficiarios a quienes se les asignó el subsidio (incisos a y b del Acuerdo N° 5383), ni se ha verificado en hechos posteriores (año 2021) haberse subsanado el incumplimiento observado”, determina el fallo.
Otras irregularidades que saltaron a la luz
Desde el Tribunal de Cuentas también observaron otras inconsistencias en los balances. Desde falencias en el sistema de contribuyentes que impiden gestionar cobro de deudas hasta un concejal que se quedó con $31 mil pesos que no le correspondían.
En concreto, se observó que el concejal Juan Carlos Marquez cobró en el 28 de febrero del 2020 $31.373 pesos de más que correspondían a otra agente del mismo apellido. La comuna nunca se percató y fue recién luego de que el Tribunal de Cuentas lo observara que el edil devolvió el dinero.
“El funcionario tuvo en su poder plata, que le correspondía al erario municipal, por más de 2 años, sin que ninguno de los responsables a cargo del Control Interno de la Comuna realizara las gestiones pertinentes a fin de lograr la devolución de los fondos. Queda evidenciado que la devolución de los mismos se origina en la observación realizada por el HTC”, remarca el fallo.