Las medidas propuestas incluyen un proyecto de ley que penaliza el ocultamiento de dinero obtenido por los partidos para sus campañas.
Bajo la presión de las multitudinarias protestas y con su popularidad por los suelos, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha enviado al Congreso el prometido paquete de medidas anticorrupción. «Los brasileños, incluso los que no me votaron, saben que la corrupción no es un fenómeno nuevo», ha afirmado Rousseff, quien acababa de conocer la noticia de la caída de su popularidad del 23% al 13%, 10 puntos menos en el último mes y casi 30 menos desde que comenzó su segundo mandato de gobierno hace apenas tres meses.
Las medidas propuestas por Rousseff incluyen un proyecto de ley que penaliza el ocultamiento de dinero obtenido por los partidos para sus campañas (hasta ahora se consideraba solo una falta castigada con una infracción administrativa). Se aumentan las penas por el lavado de dinero en campañas electorales. Se agiliza la confiscación de bienes de personas condenadas por corrupción. Se abrirá una investigación contra los empleados públicos en todos los casos en los que sus bienes declarados no sean acordes con su nivel de ingresos. Estos podrían ser castigados con entre tres y ocho años de prisión.
La actividad de los partidos políticos será vigilada y se penarán actividades como poner trabas a la fiscalización de actividades u omitir informaciones para ocultar el origen de ciertos recursos o en la presentación de cuentas. El uso de fondos opacos en campañas electorales puede ser castigado con entre tres y seis años de cárcel. Rousseff también firmó el decreto que sanciona a las empresas privadas envueltas en casos de corrupción, que estimula la adopción de códigos de ética y buena conducta y de directrices para detectar desvíos e irregularidades contra la administración pública. Las penas se extenderán también a los donantes que no actúen con transparencia y para quienes se prevén multas que multiplicarán por cinco o diez los valores donados y no declarados.
«La corrupción roba el poder legítimo al pueblo, ofende y humilla a los trabajadores», dijo la presidenta, que también se refirió al daño que la corrupción genera en la clase media y los empresarios, sectores entre los que es menos popular, y comparó el sistema patrimonialista de poder, que confunde lo público con lo privado, a «la herencia nefasta de la esclavitud en la desigualdad».
Rousseff trató de explicar que la corrupción no era sólo un problema de su Gobierno, ni de su Partido de los Trabajadores (PT), ni apenas brasileño, y repitió frases de su campaña, en las que defendía que los escándalos ahora salen a la luz. «Somos un Gobierno que no transige con la corrupción», afirmó la mandataria.
«Quiero tener el orgullo de ser la presidenta que dio los primeros pasos en la construcción de este proceso. Comenzamos hace tiempo, en 2003 y hoy lo mejoramos», dijo remontándose a los años de su partido en el Gobierno. «El Brasil de hoy combate la corrupción. Las noticias de casos aumentan, pero justamente porque no las barremos más debajo de la alfombra”, señaló.