Prístina recibirá 21 millones anuales por albergar 300 reclusos que cumplen condena en el país escandinavo.
Cerca de la localidad kosovar de Gjilan, unos 40 kilómetros al sudeste de la capital Prístina, hay una cárcel con 200 reclusos. En 2023 ya no estarán allí: serán reubicados en otras prisiones del país para convertir Gjilan en una suerte de isla penitenciaria danesa a la que serán trasladados 300 presos extranjeros que hoy cumplen condena en el país escandinavo. A partir de entonces, los administradores serán daneses y regirán las leyes de ese país. Es el resultado de un —inusual, pero no inédito— preacuerdo firmado este lunes por las autoridades de ambos países: uno rico con un problema de saturación carcelaria y creciente mano dura con los extranjeros (Dinamarca) y otro con cientos de celdas vacías, una de las economías más pobres de Europa y al que solo reconocen como Estado en torno a la mitad de los países miembros de la ONU (Kosovo).
En virtud del pacto, rubricado en Prístina por la ministra de Justicia de Kosovo, Albulena Haxhiu, y su homólogo danés, Nick Haekkerup, las celdas en Gjilan estarán disponibles hasta diez años. A cambio, Kosovo recibirá 21 millones anuales para inversiones de capital, principalmente en el desarrollo de energías renovables.
Ninguno de los trasladados será danés ni de alto riesgo. Serán todos extranjeros condenados a penas que no superan los 10 años y que, cuando las purguen en Kosovo, serán deportados a sus respectivos países. Solo “presos no peligrosos”, precisó el ministerio kosovar. No habrá condenados por actos de terrorismo o crímenes de guerra ni personas con problemas de salud mental. “No tenemos capacidad para ello”, precisó Haxhiu en una comisión parlamentaria. El personal del centro seguirá siendo kosovar.
El ministro danés describió el acuerdo como “un paso histórico que permitirá liberar espacio en nuestras cárceles a la vez que reduce la carga de trabajo de nuestros funcionarios de prisiones”, pero también como “un mensaje claro a los ciudadanos de terceros países condenados a la expulsión: vuestro futuro no está en Dinamarca y, por tanto, no debéis purgar allí vuestra pena”, según aparece citado en un comunicado.
“Hemos hecho lo posible para asegurarnos de que está dentro de las reglas. Se aplicarán exactamente las mismas normas que en las prisiones en Dinamarca”, agregó Haekkerup. “Seguirán pudiendo recibir visitantes, aunque por supuesto será difícil”. La medida se engloba dentro de un paquete de reformas para el sistema penitenciario nacional, dotado con 538 millones de euros, entre las que se incluyen la contratación de más guardias de prisiones y la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad, precisó el ministro, que cifra en mil las plazas que le faltan al sistema para 2025.
En Kosovo, el Gobierno que lidera el partido nacionalista de izquierdas Vetevendosje, que obtuvo en las elecciones del pasado febrero la mitad de los votos (el mayor porcentaje obtenido en unos comicios en el país), ha informado del acuerdo en comunicados, ruedas de prensa y en el Parlamento, pero el texto es confidencial y ha sido negociado al menos desde el año pasado sin consultar a la sociedad civil.
A la espera de que se desvelen los detalles, Driat Cerabregu, del Centro Kosovar de Rehabilitación de Víctimas de la Tortura, ONG con sede en Prístina, ve un riesgo de empeoramiento de las condiciones del resto de presos en el país. “Conociendo la situación general, va a llevar a la sobrepoblación carcelaria y a un deterioro en la situación de los presos”, asegura por teléfono.
Kosovo tiene 1.642 presos en 11 cárceles que pueden albergar hasta 2.400, según las cifras oficiales. Pero, precisa Cerabregu, existe una suerte de sistema penitenciario dual, con tres presidios recientes como Gjilan —edificado en la década pasada en base a los estándares del Consejo de Europa— y otros, la mayoría, que datan de los años sesenta y setenta, cuando el territorio era parte de Yugoslavia. “En los nuevos la situación es bastante buena, pero en los otros las celdas son más pequeñas y los presos tienen menos espacio en general”, agrega. También es allí donde se dan más casos de autolesiones, suicidios y peleas entre reclusos. “Hay unas pocas denuncias de maltrato, pero nada generalizado”, apunta Cerabregu, que cuestiona las cifras oficiales de celdas vacías y teme, por ello, que algunos de los reclusos de Gjilan acaben en estas prisiones más antiguas. El lunes, al anunciar el acuerdo, el Ministerio de Justicia precisó que parte del dinero recibido permitirá “aumentar la calidad e infraestructura general del Servicio Correccional de Kosovo”.
“La motivación del acuerdo es completamente económica”, señala por teléfono Eraldin Fazliu, presentador de Interaktiv-KTV, un programa de televisión político del Grupo Koha que recientemente dedicó un debate al tema. Fazliu lamenta la “falta de transparencia” del pacto y su potencial impacto en los derechos de los presos. “La idea de comerciar con presos suena un poco medieval. Me sorprende que lo haya hecho un Gobierno socialdemócrata”, añade.
A diferencia de las reservas humanitarias al pacto de algunas ONG kosovares, algunos diputados opositores en el país han criticado el pacto desde otra óptica. Hajdar Beqa, del Partido Democrático, expresó en el Parlamento su temor a que el traslado de presos salpique a alguno de los 1,8 millones de habitantes de Kosovo. “Pueden ser drogadictos o personas que hayan estado involucradas en la prostitución”, señaló.
“Sistema de vuelos”
El acuerdo también ha despertado en Dinamarca críticas entre activistas y miembros de la oposición. Rasmus Kjeldalh, director de la asociación de protección a la infancia Borns Vilkar, ironizó en Twitter: “Supongo que ya estará organizado un buen sistema de vuelos a Kosovo que garantice el derecho de los hijos a ver a sus padres encarcelados”. La diputada Samira Nawa, del Partido Social Liberal, señaló en la cadena TV2 que “el sistema penitenciario de Kosovo ha sido criticado por organismos internacionales por la corrupción, la violencia entre los presos y la escasa preparación de algunos trabajadores”. En 2020, una delegación de los servicios penitenciarios daneses visitó Kosovo para ver en persona las condiciones de las cárceles.
Otro país escandinavo, Noruega, llegó hace años a un acuerdo similar con Países Bajos. En verano de 2015, unos 250 presos en cárceles noruegas fueron trasladados a la prisión de Norgerhaven, 150 kilómetros al noreste de Ámsterdam. El contrato se canceló a finales de 2018, después de que el Defensor del Pueblo noruego considerara que vulneraba derechos fundamentales de los reos.
La tasa de encarcelamiento en Dinamarca, de 5,8 millones de habitantes, es una de las más bajas de la UE: 72 reclusos por cada 100.000 habitantes. Solo Finlandia, Eslovenia y Países Bajos tienen una menor proporción entre rejas. Sin embargo, desde 2015 la cifra de presos en el país ha aumentado de 3.400 a 4.200 (lo que supone una tasa de ocupación por encima del 100%, según las estadísticas nacionales), mientras que el número de funcionarios de prisiones ha caído de 2.500 a 2.000.
El pasado septiembre, el Gobierno socialdemócrata puso en marcha una reforma legal para impedir que los condenados a cadena perpetua puedan entablar relaciones sentimentales en sus primeros 10 años en prisión. Con esta medida, el Ejecutivo de Mette Frederiksen reaccionaba a un caso mediático. Una joven había visitado en la cárcel a Peter Madsen, uno de los criminales más conocidos en el país, y se había enamorado. Madsen fue condenado en 2018 por asesinar y descuartizar a Kim Wall, una periodista que iba a entrevistarlo en un submarino casero construido por él.
En los últimos años, Dinamarca ha mostrado mano dura con la inmigración y el asilo al introducir múltiples restricciones. Algunas han provocado la indignación de grupos de derechos humanos. Entre ellas, una ley que permite enviar a países fuera de la UE a los solicitantes de asilo mientras se resuelven sus casos; o la decisión de revocar permisos de residencia de sirios alegando que la zona de Damasco ya es segura. La semana pasada, Inger Stojberg, ministra de Integración entre 2015 y 2019, fue condenada a dos meses de prisión incondicional por ordenar la separación ilegal de parejas de refugiados.