Los expertos de la Facultad de Arquitectura de la UBA debían identificar imágenes de un vehículo sospechado, pero cometieron un grave error. Para el fiscal Delgado, fue intencional. Ahora busca dilucidar “por qué lo hicieron y quién lo ordenó”.
Dos nuevos protagonistas se suman al caso de las amenazas denunciadas por el fiscal federal Guillermo Marijuán, quien impulsó la investigación por supuesto lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez. También fue suyo el pedido de indagatoria para la procuradora general Alejandra Gils Carbó, por la designación del fiscal de la PROCELAC, Carlos Gonella.
Quienes se suman a la causa son los peritos Jorge Gómez y Rodrigo Adrián Ruiz, ambos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El fiscal federal Federico Delgado les imputa “la presentación de pruebas falsas ante un juez de instrucción a quien debían auxiliar, en la tarea de hallar la verdad“. Esa “verdad” es, justamente, quién y por qué amenazó a Marijuán.
El 6 de mayo pasado, un empleado de la fiscalía de Marijuán atendió un llamado en el que una voz anónima le dijo: “si apela, matamos a sus hijas“. La frase intimidatoria parecía aludir a una decisión del juez federal Sebastián Cassanello, que por esos días había desestimado una denuncia contra Gils Carbó por las designaciones en fiscalías especiales. La referencia a las hijas de Marijuán estremeció a los colaboradores y al propio fiscal, porque poco antes, mientras tomaba café con un amigo esperando que sus niñas salieran de un partido de hockey, un desconocido le entregó un sobre igualmente amenazante.
La causa por el llamado telefónico recayó en el juez Cassanello. El magistrado consiguió identificar el teléfono público desde el cual partió la comunicación y (por la hora, gracias a los registros de las cámaras de seguridad) detectó el automóvil del cual se bajó una persona para marcar el número de la fiscalía. La pista parecía encaminada a esclarecer el caso, solo restaba identificar al vehículo y a su propietario.
El 28 de mayo, Cassanello solicitó a los expertos de la UBA que identificaran el automóvil “captado al momento en el que una persona efectuaba un llamado telefónico desde una cabina pública ubicada en la intersección de las calles San Juan y Chacabuco de esta ciudad”. Los peritos Gómez y Ruiz, profesores del área de Técnicas Audiovisuales, determinaron que se trataba de “un Peugeot, modelo 307, de entre los años 2007 a 2012, de color ‘blue de Chine‘”. El juez obtuvo nuevas cámaras de seguridad que mostraban al vehículo circulando por la calle Piedras, tras haber realizado el llamado amenazante. Pidió la ampliación del peritaje y el segundo informe, enviado al juzgado hace poco más de un mes, mencionó que se trataba de “un Peugeot 308, Active, color ‘azul bourrasque’, modelo 2012/2013“. En resumen, dos automóviles diferentes.
Cassanello decidió requerir un tercer informe a la División Scopometría de la Policía Federal. Para su sorpresa, con un rigor científico superior, el reporte confirmó que los registrados en los dos grupos de imágenes eran un mismo auto que no coincidía con ninguno de los dos descritos por los peritos de la UBA: “un Peugeot, modelo 307, de color negro”. El informe fue avalado por los peritos policiales Ariel Distasio y Gabriel Hernández, y por Alejandro Ezequiel Suan, técnico de Peugeot Citröen Argentina S.A.
El fiscal Delgado atribuyó intencionalidad al error de los peritos de la UBA y denunció que “este acto infiel generó ganadores y perdedores. Entre estos últimos, se hallan los integrantes de la administración de justicia. Corresponde develar, en cambio, quiénes integran la coalición ganadora”. Una de las hipótesis de trabajo, que no quedó consignada en el dictamen, es que quien realizó el llamado intimidatorio pudo haber tenido relación con Marijuán o, al menos, lo conocía lo suficiente como para vehiculizar la amenaza.
Delgado no tiene dudas sobre la conducta de los técnicos de la UBA: “es evidente que falsearon deliberadamente un informe técnico en el marco de un proceso judicial. Si los peritos erraron deliberadamente en determinar en qué auto se movilizaba quien profirió la intimidación, el paso siguiente es dilucidar por qué lo hicieron y quién o quiénes se lo ordenaron.
La causa está a cargo del juez federal Julián Ercolini, a quien el fiscal le pidió una batería de medidas, entre ellas, entrecruzamientos telefónicos, secuestros de computadoras, peritajes sobre e-mails entrantes y salientes e informes a empresas de telefonía celular. “De esa diligencia podría surgir la primera respuesta al interrogante”, se esperanzó el fiscal.