Por pedido de un fiscal que llegó de la Procuración, la Policía Federal secuestró al menos un teléfono celular y una computadora.
La vivienda del fiscal general federal Alejandro Salvador Cantaro, investigado por el delito de encubrimiento a una organización presuntamente dedicada a la comercialización de drogas, fue allanada esta mañana.
La medida en el inmueble del funcionario que está de licencia, ubicado en la avenida Alem, fue pedida por el fiscal Horacio Azzolín -uno de los que fue enviado por la Procuración para reemplazarlo- y dispuesta por el Juzgado Federal Nº 1.
Trascendió que secuestraron al menos una computadora y un teléfono celular, cuyo contenido será sometido a peritajes.
Las sospechas sobre Cantaro (estaba presente al momento de la diligencia) surgieron a partir de la investigación en la causa denominada Drogas Sintéticas II, que el mes pasado derivó en la detención de varias personas y la búsqueda de su sobrino, Sebastián Gauna San Millán, quien se mantiene prófugo.
Están procesados y con prisión preventiva Ezequiel Borja, Natalia Moscardi, Facundo Texido, Federico Raúl Hernando, Gastón Eduardo Sáenz, los hermanos Pablo Horacio y Gustavo Rafael Nogales y Emiliano Gastón Lucanera.
De las escuchas y las tareas investigativas de campo surge que Gauna San Millán usó el auto particular del fiscal al menos una vez para realizar una posible “transa” y consumir drogas en su interior y que su tío tenía contacto frecuente con Texido y que, al menos, podría estar en conocimiento de la operatoria de la banda.
En el requerimiento contra Cantaro presentado ante el juez, el fiscal Azzolín aludiría a los delitos de encubrimiento, omisión de denuncia, sin descartar su posible vínculo con la venta de drogas.
También se supo que desde hoy y por el término de 10 días, el magistrado dispuso el secreto de sumario en la causa.
De vieja data
Para quienes conocen la “interna” de la Justicia Federal, los delitos de encubrimiento y omisión de denuncia por los que hoy aparece imputado el fiscal Cantaro no sorprenden.
El supuesto abuso de poder del que habría hecho gala para encubrir a su sobrino y la organización desarticulada, antes lo habría puesto al servicio de los acusados en la causa FBB 831/15, en la que los imputados, en ese caso por asociación ilicita, prevaricato, encubrimiento y cohecho, eran los fiscales Antonio Castaño, Miguel Ángel Palazzani y José Alberto Nebbia, además del recientemente cesanteado exsecretario Álvaro Coleffi.
Esos hechos fueron antesala del desplazamiento del juez subrogante Santiago Martínez y del desembarco de su colega Alejo Ramos Padilla, que supuestamente llegó para evitar que avance la causa 10.451/14, en la que se investiga a empresas bahienses que proveian a Lázaro Báez de facturas truchas, y lo que fue la posterior persecución que sufrieron numerosos funcionarios que trabajaban en el Juzgado Federal.