El 23 caducarán los mandatos de los tres últimos con pliegos aprobados por el Senado; se estima que es parte de la estrategia oficial para dejar a la entidad a merced total del Poder Ejecutivo
Es cuestión de un puñado de días para que caduquen los mandatos de Gabriela Ciganotto, Carlos Pérez y Carlos Sánchez, los tres únicos directores del Banco Central (BCRA), cuyas designaciones fueron oportunamente validadas por el Senado de la Nación, como marca la ley.
De ocho, si se los cuenta de corrido, o cinco, en el caso de los hábiles. Un plazo insuficiente para evitar que esta institución pase a estar completamente a cargo de funcionarios designados “en comisión”. Más cuando desde la comisión de Acuerdos del Senado, a cargo del diputado Marcelo Guinle (FVP-Chubut) y encargada de evaluar esas designaciones, reconoció a LA NACION que el tema no está en agenda. “No tenemos ninguna instrucción del Ejecutivo para tratar dichos pliegos”, dijo.
De esta forma, el directorio -un cuerpo de 10 miembros y hoy formado por 8- quedará, a partir del lunes 23 del corriente, totalmente compuesto por directivos designados por el Poder Ejecutivo. Funcionarios que no recibieron jamás el aval parlamentario, ideado precisamente para darle a quienes ocupan este tipo de cargos el respaldo formal de dos de los poderes en procura de resguardar su libertad de criterio en el desempeño de funciones a las que arribaron, supuestamente, por su idoneidad.
Entre ellos se cuentan su presidenta Mercedes Marcó del Pont (que ejerce el cargo de esa manera desde hace 3 años), su vicepresidente, Miguel Pesce, y de quien tiene a su cargo la Superintendencia de Bancos, Santiago Carnero. Es decir, los ejecutivos más importantes de esa estructura. Todo, pese a que la propia Carta Orgánica del BCRA, aún después de su última reforma en marzo de 2012, establece en su artículo 7 la obligatoriedad del aval del Parlamento . Otro tanto sucede con el caso de los síndicos.
Se trata de una anomalía llevada al extremo deliberadamente, a criterio de cinco ex presidentes de esa institución consultados por LA NACION para examinar causas e implicancias de esta manifiesta irregularidad, que alcanzará su clímax apenas venzan los mandatos de los designados con “todas las de la ley”. De una irregularidad riesgosa en un país en que la excepcionalidad suele volverse norma.
La exigencia del acuerdo del Senado para las máximas autoridades del BCRA, junto al mandato por un plazo que supera en dos años al del presidente que los designa y la existencia de causales específicas de remoción (incluso con un procedimiento especial -previo consejo de una comisión bicameral-), fueron dispuestos para dotar de la mayor independencia política posible a esa institución.
UNA ANOMALÍA QUE YA ES REGLA
Pero fue relajada en los años previos al colapso de la convertibilidad, y tras estallar el debate con los partidarios de una dolarización de la economía local a la ecuatoriana. A fines de 1999, se autorizó al Ejecutivo a “realizar nombramientos en comisión durante el tiempo que insuma el otorgamiento del acuerdo del Senado”. El decreto 1373/99 que lo facilitó lo fundamentó en “el momento político que atraviesa el país, en relación a un recambio de autoridades, y presentó como una medida cuyo objetivo era para mantener “la operatividad de los distintos organismos”, mientras se trataran los pliegos de las autoridades designadas por el Gobierno, aunque nunca por un tiempo indefinido.
Incluso la autorización al presidente para que designe en comisión de manera transitoria aparece contemplada en el inciso 19 del artículo 99 de la Constitución, que lo faculta a “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y ocurran durante su receso”. Pero aclara que “expirarán al fin de la próxima Legislatura”.
La anomalía hecha regla hoy por un gobierno que mantiene manifiesto control del Senado, deja a la vista que se trataría de una estrategia prevista que siguió metódicamente luego del escándalo que generó la remoción por decreto de Martín Redrado de la presidencia del BCRA, en enero de 2010, cuando resistió que se institucionalizara el uso de reservas para pagar deuda pública.
“El tener a los directores «en comisión» genera una evidente dependencia del Gobierno, ya que pueden ser fácilmente removidos ante cualquier ataque repentino de independencia de criterio”, sostiene José Luis Machinea, que presidió esa institución entre 1986 y 1989. “Es una falta de respeto y un atropello más del Gobierno a la ley y las instituciones”, concluye por su parte Javier González Fraga, que tuvo mandato en el BCRA por dos etapas, en 1989 y entre los años 1990/91.
“Es una prueba de que el BCRA dejó de ser autónomo e independiente para pasar a ser un simple apéndice del Ejecutivo. Y deja a la vista la pretensión de que esté conducido por meros delegados que reciben instrucciones y deben atenerse a ellas”, opinó por su parte Roque Fernández, titular del banco entre 1991 y 1996.
“El Gobierno no busca aprobar los pliegos para condicionar a los directores en sus decisiones. Esto no sólo repercute en el debilitamiento del balance del BCRA, sino también en el manejo de la política cambiaria y monetaria, licuando la capacidad técnica en la toma de decisiones”, coincide Redrado, que estuvo entre 2004 y 2010.
“Tener a tiro de decreto a los designados, incluido nada menos que su presidente y vice, refleja la imposibilidad de que la autoridad monetaria se maneje de acuerdo con la autonomía que le exige su propia Carta Orgánica. Para que se entienda. Si mañana se despertara Mercedes Marcó del Pont con la firme vocación de reconocer la inflación y luchar contra ella, correría alto riego de ser despedida”, sostiene por su parte Alfonso Prat-Gay, uno de los pocos que, en su condición de diputado, reclamó repetidas veces que se regularice esa situación sin lograr siquiera respuesta.
La repetida referencia a la independencia del BCRA que hacen sus ex presidentes no es caprichosa. El artículo cuatro de su Carta Orgánica aún hoy (después de tantas reformas), a la hora de definir sus funciones y facultades establece que “no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional, ni podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionarlas, restringirlas o delegarlas sin autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación”.
En este marco es que la evolución del patrimonio del BCRA parece darle la razón a quienes creen que esta anomalía buscó asegurar que esta institución actúe como otra caja al servicio de las necesidades del Gobierno, aún en perjuicio de su patrimonio.
Un reciente trabajo de Juan Pablo Ronderos, economista de la consultora Abeceb.com, muestra que antes de la institucionalización del Fondo de Desendeudamiento como recursos para atender periódicamente el pago de la deuda con reservas, la deuda del Gobierno con el BCRA representaba el 28,5% de su activo. Hoy se duplicó y llega al 57,7 por ciento.
“Hubo, en los últimos años, un deterioro a pasos agigantados del balance del BCRA, al punto que desde mayo el stock de títulos públicos en su activo ya supera al de las reservas internacionales y eso va camino de agravarse porque las reservas tienden a caer y la deuda del Gobierno con el BCRA crece sin pausa”, alerta.
“Sin dudas este deterioro recorta los márgenes de acción de la entidad monetaria, no sólo ya para eventos extraordinarios como puede ser un shock externo inesperado, sino más importante aún, para el manejo de la política monetaria del día a día.”
Ronderos apunta que, en el período bajo observación, el BCRA perdió “el control del mercado cambiario y su batalla para que la política monetaria no quede absolutamente subordinada a la política fiscal”. Y alerta que “es imposible pensar un BCRA que pueda ser indefinidamente el único prestamista del Tesoro para financiar gasto público corriente, mediante emisión de pesos y el pago de la deuda pública con la utilización de reservas internacionales”.
“Puede ser una herramienta correcta y útil para una coyuntura específica, como una crisis externa que demande una política contracíclica luego de un período de orden macroeconómico. Pero no puede serlo siempre. Si no se entiende esta cuestión volveremos a estar expuestos a los vaivenes del mercado financiero, con todos los riesgos y problemas que ajustes de este tipo implican como está la vista en la historia de los emergentes, en general, y la argentina, en particular”, advierte.