El titular del Consejo de la Magistratura le pidió a la Corte que rechace el per saltum de los jueces trasladados; Lugones juega con el oficialismo en el tribunal.
El Consejo de la Magistratura le pidió a la Corte Suprema que confirme el fallo de la jueza de primera instancia María Biotti, que rechazó las pretensiones de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli para permanecer en sus cargos. Los tres jueces esperan una definición del máximo tribunal, y a partir de ahora corre el plazo de 48 horas para que se pronuncie sobre el tema la Procuración General de la Nación.
La Corte ya aceptó el per saltum y tiene que definir la cuestión de fondo. Una vez que la Corte tenga la respuesta de la Procuración, estará en condiciones de emitir un nuevo fallo, que finalmente anulará o confirmará los traslados de los jueces. El Consejo pidió que se le dé la razón al Gobierno Nacional, que mediante un decreto y con el aval de la mayoría oficialista en el Senado dejó sin efecto los traslados de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
A diferencia de lo que consideró la Corte el martes, el Consejo de la Magistratura señaló que no hay gravedad institucional para hacer lugar al per saltum presentado por los jueces. La postura de este organismo ya se expresó claramente en contra de lo solicitado por los jueces en ocasiones anteriores, cuando éstos pidieron que sus traslados no fueran revisados por el Senado mediante una acción de amparo. Mediante la resolución 183 -recurrida por Bruglia, Bertuzzi y Castelli- el Consejo aprobó que el Senado pudiera revisar los pliegos.
Pero Lugones indicó a la Corte que los jueces deberían haber dirigido su demanda al Senado o al Poder Ejecutivo, que decretó la suspensión de sus traslados, y no al Consejo de la Magistratura, que hizo una “mera recomendación”. Sin embargo, los jueces apelaron a la Justicia la resolución 183 dictada por el Consejo, y es por eso que la Corte le dio intervención sobre el caso.
“Debe ponerse de relieve que la intervención que le cabe a este Cuerpo en el procedimiento de traslado de magistrados se limitó a la mera emisión de una recomendación al Poder Ejecutivo Nacional -como tal de carácter no vinculante- y de esa circunstancia se deriva con claridad que la pretensión actual de los recurrentes no se identifica con acto alguno atribuible a este órgano de la Constitución Nacional”, sostuvo.
“La acción intentada mediante el presente recurso extraordinario por salto de instancia es inadmisible por ausencia de agravio concreto, efectivo y posible”, señaló el titular del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, al referirse al caso de Bruglia y Castelli. Lugones juega en tándem con el oficialismo en el tribunal.
“Mal direccionada”
“Evidentemente, y tal como ha sido señalado en intervenciones anteriores, a más de adolecer de razón jurídica sustantiva y de no haberse escogido la vía jurídica adecuada, la presente acción se encuentra mal direccionada y por ende condenada a su fracaso definitivo”, concluyó Lugones ante la Corte Suprema.
Al referirse al caso de Castelli -que fue trasladado al TOF 7 durante el gobierno de Macri y ahora fue regresado a su tribunal de origen en San Martín-, el titular del Consejo escribió: “La medida cautelar reclamada no verifica la concurrencia de ninguno de los supuestos de admisibilidad y procedencia que le resultan exigibles, a punto tal de haber incluso quedado demostrada la falta de sustento jurídico de la acción cuya eventual procedencia pretendió asegurar.
Y sostuvo: “la acción intentada mediante el presente recurso extraordinario por salto de instancia es inadmisible por ausencia de agravio concreto, efectivo y posible”.
Ayer, en declaraciones radiales, Lugones dijo que si la Corte Suprema acepta el per saltum de los jueces “abriría una caja de pandora”.
Ahora resta que el procurador Eduardo Casal se pronuncie sobre el tema. Tiene un plazo máximo de 48 horas por lo que el lunes los jueces de la Corte ya estarían en condiciones de evaluar las respuestas y dictar un nuevo fallo.