Son para designar a un camarista federal en Tucumán, un juez de tribunal oral en Santiago del Estero y un magistrado federal en Puerto Iguazú, en la Triple Frontera; no se aprobaban concursos desde octubre pasado.
Finalmente se rompió la inercia de la inmovilidad y el Consejo de la Magistratura, en su nueva conformación con 20 integrantes, logró ponerse de acuerdo para aprobar tres ternas para designar jueces federales en Tucumán, Santiago del Estero y en la sensible Puerto Iguazú, con jurisdicción en la Triple Frontera, territorio caliente del narcotráfico, y donde se investigan casos de financiamiento de actividades de terrorismo.
En un agitado plenario, el presidente del Consejo y de la Corte, Horacio Rosatti, dijo que ellos ya dieron el primer paso y que ahora “si hay voluntad política”, vendrán “el segundo y tercer paso”, en referencia a que Poder Ejecutivo deberá elegir de esas ternas de nombres a un candidato para cada cargo y el Senado, darles su acuerdo para poder cubrir las vacantes. Señaló Rosatti que su “objetivo es destrabar todos los concursos”.
Los candidatos elegidos son, para la Cámara Federal de Tucumán, Fernando Luis Rodolfo Poviña, juez federal subrogante con antecedentes en casos de derechos humanos y apoyado por el oficialismo, Pablo Roberto Toledo y Gonzalo Stordeur.
En este concurso la votación fue unánime. El oficialismo también propone a Poviña para la Cámara Federal porteña, uno de los más sensibles cargos en juego, y la oposición entiende que si favorece su designación en Tucumán, lo aleja de Buenos Aires. No obstante, una fuente oficial dijo a LA NACION que nada obsta a que en el futuro también se eleve la terna de la Cámara Federal porteña con Poviña y que el presidente decida para qué tribual lo promueve.
También se votó el concurso para un Tribunal Oral en lo Criminal Federal en Santiago del Estero, donde fueron enviados al Poder Ejecutivo los nombres de Leonardo Germán Brond, Ana Carina Farías y Ana María Maud. En este caso se abstuvo la senadora consejera Silvia Giacoppo, del radicalismo jujeño, alineada con el gobernador Gerardo Morales. El resto votó de manera afirmativa.
Para el juzgado federal de primera instancia de Puerto Iguazú, en Misiones, aún no habilitado, se propone a Juan Manuel Cabral, Marcelo Alejandro Cardozo y Javier Fernando Pastore. En este caso se abstuvieron la diputada radical Roxana Reyes y el diputado del Pro Pablo Tonelli. Votó en contra Pamela Tolosa, académica, y el resto, de manera afirmativa.
Hubo exhortaciones a que el Poder Ejecutivo avance ahora para no detener este impulso. Hasta hoy, el último concurso que había aprobado el Consejo había sido en octubre pasado.
En el plenario se discutió también la situación de los jueces trasladados. Un tema sensible porque la Corte, con el voto de Rosatti, dijo que podían seguir en su cargo hasta que se hicieran los concursos para los ocupar esos cargos de manera definitiva. Y ahora Rosatti, como presidente del Consejo, debe hacer cumplir su propio fallo y empujar la realización de esos concursos.
En el plenario Rosatti les dijo a los consejeros: “Yo escribí de puño y letra ese fallo y si no hubiera salido, hubiéramos tenido designaciones masivas sin realizar el procedimiento que la Constitución establece. Estoy muy orgulloso, lo sostengo y desde el primer minuto que vine acá estoy conforme”.
Rosatti agregó: “Estoy conforme con que estemos encontrando un mecanismo de confianza para destrabar concursos y el objetivo es destrabar todos los concursos. Teniendo en cuenta de dónde venimos y a dónde vamos, quiero agradecerles a todos. Haré todo el esfuerzo para que el Consejo de la Magistratura cumpla todos sus cometidos: la selección, la propuesta, el enjuiciamiento, el proceso disciplinario y el mejoramiento de la infraestructura y del uso de los recursos”.
El consejero Diego Marías, de los abogados y cercano a Juntos por el Cambio, dijo: “Gracias a la Corte rompimos la inercia de que no salga nada, ya hemos votado concursos y rompimos la inercia. Algunos concursos no serán del agrado de algunos, pero hemos podido dar funcionamiento a este Consejo. Celebro que la Corte esté en esta mesa porque ha logrado lo que no pudimos hacer nosotros en este tiempo”.
El juez Alberto Lugones, de la lista celeste -la más cercana al Gobierno- en la interna de los jueces, dijo: “En un tema relevante como traslados, a veces uno tiene que cumplir lo que promete y en lo que a mí respecta era concluir con el carnaval de traslados. Está bien”.
“Yo no puedo celebrar como dice Marías, porque si aprobamos tres ternas por plenario llegaremos a cubrir los cargos en 25 años”, ironizó Lugones, y reclamó que se cubran las vacantes en San Martín, donde hay casos urgentes de narcotráfico, trata, lavado y delitos de lesa humanidad por juzgar.
Lugones dijo que las “llamadas de la política” habían frenado el Consejo y mandado a no votar, en alusión a indicaciones de los líderes de Juntos por el Cambio de bloquear los concursos en los que se pudieran poner jueces proclives al gobierno en tribunales sensibles.
“Hoy, Presidente, le temen más a usted que a las llamadas de afuera”, le dijo el juez Lugones a Rosatti, y dijo: “Lo que pasa en San Martín pasa en la Ciudad de Buenos Aires, donde hay seis vacantes de jueces que preocupan a muchos que se llenan la boca diciendo que se juzgue la corrupción”.