La presidenta Dina Boluarte adopta la medida para los próximos 30 días en medio de unas movilizaciones a favor de Castillo que han dejado siete muertos.
Perú transita por una cartografía incierta. El Gobierno ha extendido este miércoles el estado de emergencia a todo el país debido a la intensidad de las protestas, que por el momento han dejado siete muertos. Los manifestantes piden la disolución del Congreso y la convocatoria de unas nuevas elecciones, seis días después de que el presidente Castillo diera un autogolpe poco exitoso y acabara detenido. Su sucesora, Dina Boluarte, no ha logrado aplacar el descontento de la ciudadanía, lo que ha provocado cada vez más enfrentamientos entre los manifestantes y las autoridades.
El ministro de Defensa, Alberto Otárola, ha informado de que la medida se extiende durante los próximos 30 días. “Debido a los actos vandálicos y violentos, a la toma de carreteras y caminos que, ciertamente, ya son actos que se están estabilizando y están siendo controlados por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas y que requieren de una respuesta contundente y de autoridad por parte del Gobierno”, dijo el ministro. Con el estado de emergencia, los militares se hacen cargo de la seguridad pública y quedan suspendidos algunos derechos básicos, como la libertad de tránsito y de reunión. El Gobierno puede decretar un toque de queda.
Las protestas se desencadenaron el pasado 8 de diciembre, un día después de que Pedro Castillo intentara disolver el Congreso sin éxito. Boluarte trató de calmar la mecha inicial presentando una propuesta de elecciones para abril de 2024, pero resultó insuficiente. El sur del país se declaró en rebeldía. Se cortaron carreteras, aeropuertos y se sucedieron imágenes de vandalismo. Los manifestantes exigen a la presidenta que zanje la crisis actual con una convocatoria inmediata de elecciones. En la ciudadanía ha calado el mensaje de “que se vayan todos”, un grito de hartazgo ante la inestabilidad. En los últimos cuatro años ha habido seis presidentes distintos.
El expresidente Castillo está detenido por tramar una rebelión, pero eso no ha impedido que otros presidentes de la región se solidaricen con su causa. Gustavo Petro está siendo especialmente activo. “La crisis en el Perú, el apresamiento, sin juez ni defensa, de un presidente elegido popularmente ha puesto en serio cuestionamiento el papel de la Convención Americana en el ordenamiento jurídico latinoamericano”, escribió el presidente colombiano en Twitter. Días atrás, López Obrador, Alberto Fernández y Luis Arce se habían juntado con Petro para lanzar una carta en defensa de Castillo. Llamaban a “quienes integran las instituciones a abstenerse de revertir la voluntad popular expresada en el libre sufragio”. Fue una forma de desconocer la autoridad de Boluarte.
Castillo ha abrazado este discurso desde su lugar de detención. Se considera todavía el presidente legítimo de Perú, a pesar de que fue destituido por el Congreso después de su maniobra para deshacerse de la cámara. Con la Constitución en la mano, Castillo es un ciudadano más. La Fiscalía trabaja en una acusación que suma más de 50 años de prisión por el intento de autogolpe, a lo que hay que sumar otras 54 causas por corrupción que le abrieron durante su etapa como jefe de Estado del país.