Si bien el gabinete económico se concentra hoy en destrabar el frente judicial que se le abrió por la crisis de las tarifas de gas, ya busca el modo de evitar un nuevo traspié el año próximo, cuando su suerte en los comicios de medio término marquen su destino político. Se estudia un esquema de tarifa plana que divide aguas en la cartera energética.
Aún no se publicaron relevamientos públicos del impacto que tuvo en el nivel de aprobación del Gobierno la crisis desatada esta semana por el freno judicial al aumento de las tarifas de gas, que obligó al Poder Ejecutivo a anunciar un nuevo tope del 400% sobre las subas.
Pese a eso, la ausencia en el corto plazo de instancias electorales que canalicen el malhumor social provocado por las marchas y contramarchas del Ministerio de Energía juega a favor de la Casa Rosada. Pero al mismo tiempo deja una certeza: de repetirse, un error de esta magnitud afectará sin lugar a dudas el caudal de votos que sume el frente Cambiemos en las elecciones legislativas del año que viene.
En ese sentido, si bien la atención está hoy focalizada en destrabar el frente judicial con un guiño a favor de la Corte Suprema tras la feria que empieza el viernes, en el gabinete económico empezaron a trazar algunos lineamientos generales sobre cómo manejar la evolución de las tarifas de servicios públicos durante 2017.
Existe también un punto de partida: si el objetivo es reducir el déficit fiscal, a partir de enero habrá que pensar en cómo ejecutar un nuevo aumento tarifario, en especial en el área eléctrica. Los hogares pagan hoy un techo de $ 320 por megawatt por hora (MWh) que consumen. Apenas un tercio de lo que realmente cuesta generarlo: 988 pesos, según la programación estacional de Cammesa -la empresa que administra el mercado mayorista (MEM)- para el invierno.
El caso del gas es más complejo de proyectar porque el futuro del aumento de tarifas anunciado el 1° de abril -que motivó incremento superiores al 1500%, que esta semana fueron topeados en el 400%- aún es incierto.
El 2017
Una de las variables que manejan en el Enargas, el ente regulador del gas, es establecer a partir del año próximo un esquema de tarifa plana para evitar grandes saltos del monto de las facturas residenciales durante el invierno, cuando crece el consumo del fluido para combatir el frío. Fuentes que están trabajando en la iniciativa comentaron a 3Días que la idea es calcular el valor de las facturas de cada usuario residencial en función de la demanda registrada en 2013, un año estándar, según explicaron, que no fue ni frío ni cálido.
La tarifa plana permite pagar facturas con montos relativamente uniformes durante todo el año. Lo que determina el valor final ya no es el consumo de un bimestre determinado sino un ponderado anual. “Es un esquema que permite proyectar con más certidumbre cuánto pagarán los hogares para no estar tan expuestos a la variable climática, que fue lo que nos afectó este año”, explicaron allegados al Ministerio de Energía y Minería que dirige Juan José Aranguren. “Fue el tercer mayo más frío en la zaga de los últimos 30 años. Eso motivó una disparada del consumo que se reflejó en subas que no previmos”, admitieron.
Con todo, la aplicación de cuadros de tarifa plana recién es una idea germinal. Hay varios funcionarios de Energía que no están convencidos de su rédito. “En algunos países, esos esquemas son opcionales. Cada usuario puede elegir si prefiere desagregar el costo anual de la energía en facturas uniformes o pagar directamente en función de lo que se consume realmente. En la Argentina no hay demasiados antecedentes de este tipo”, explica otro colaborador de Aranguren.
La electricidad
En electricidad, el desafío es también de cuidado. A principios de este año, antes de que se desatara la crisis por el tarifazo de gas, la intención del Gobierno era segmentar en dos el aumento de las tarifas eléctricas. El 1° de febrero se optó por recomponer los esquemas de Edenor y Edesur -las dos mayores distribuidoras del país (nuclean al 40% de la demanda nacional)-, que llevaban casi 15 años congelados. Se lo alineó, a grandes rasgos, con los valores que aplicaban las empresas provinciales en el interior del país.
La segunda etapa se iba a instrumentar en septiembre y consistía en achicar un poco más la brecha entre los que pagan los hogares ($ 320 por MWh) y lo que cuesta (casi 1.000 pesos). Sin embargo, esa idea fue abortada por el malestar social asociado al aumento de tarifas y combustibles y la posición imperante en la Justicia de que sin audiencias públicas es ilegal aumentar las tarifas. Por eso, esta semana, Aranguren volvió a reiterar que una nueva suba está descartada.
El panorama abre interrogantes. ¿Qué hará el Gobierno en un año electoral? ¿Aumentará las tarifas de la electricidad durante el primer trimestre de 2017 para reducir la abultada cuenta de subsidios que requiere el sector, que este año orillará los u$s 9.300 millones? ¿O elegirá seguir financiando con déficit fiscal el costo del sistema eléctrico para no afectar el humor social en un año electoral que podría marcar a fuego el futuro político del Gobierno?
Aún es muy temprano para responder esas preguntas. Pero algo es seguro: la gobernabilidad y sobre todo, la consistencia del capital político de Cambiemos en las elecciones de medio turno no admiten otro derrotero de traspiés como el que está experimentando el macrismo por el manejo de las tarifas eléctricas.