El juez halló 150.000 euros de Aizóon en una cuenta que usó la Infanta. Ahora, decidirá si le toma declaración. El dinero fue enviado desde una cuenta de la empresa familiar a un depósito común y provenía, inicialmente, de los negocios bajo sospecha de Nóos.
El juez José Castro está concluyendo la investigación por el escándalo del caso Nóos, con la papeleta de la posible imputación a la hija del Rey. El magistrado reunió nuevos datos de la biografía económica de la Infanta Cristina de Borbón, esposa de Iñaki Urdangarin y principal imputado en el sumario junto a su ex socio en el Instituto Nóos, Diego Torres. Los registros de movimientos bancarios y las tarjetas de crédito de la Infanta ayudaron a Castro a desenredar uno de los últimos nudos de la causa: el beneficiario final de una alambicada operación de los duques de Palma por 150.000 euros de su firma Aizóon, de la que se desconocía el beneficiario final. Ahora sabe que ese dinero entró en una cuenta que usó la Infanta como titular y autorizada junto al duque de Palma.
La transacción, que suscitó la curiosidad del juez, data de 27 de diciembre de 2006, uno de los años de mayor actividad de Nóos por el flujo de fondos captados en los gobiernos de Baleares de Jaume Matas y de la Comunidad Valenciana de Francisco Camps. La operación fue fraccionada en dos transferencias de 125.000 y 25.000 euros. El dinero acabó en una cuenta de la que era co-titular autorizada la Infanta.
Dicha cuenta ya estaba reseñada en el sumario como perteneciente a la esposa de Iñaki Urdangarin. No obstante, en otros folios de la causa analizados por la Agencia Tributaria, Doña Cristina está señalada como “persona autorizada para disponer de los fondos”, con Urdangarin como titular.
El dinero de la procede de Aizóon SL, empresa familiar de la que son copropietarios al 50% los duques de Palma. Aizóon, según los investigadores, no cuenta con estructura empresarial ni personal específico. Pero se nutría de fondos procedentes de los negocios millonarios y bajo sospecha del Instituto Nóos. La sede de Aizóon estaba en la mansión de Pedralbes. Los duques facturaban un teórico alquiler de parte de su propiedad (más de 3.000 euros) por ceder la oficina a su propia compañía. Esa maniobra de auto alquiler la desbarató Hacienda al ser fiscalmente irregular.
El juez Castro debe decidir, en las próximas semanas, si cita como imputada a la Infanta por segunda vez, en esta ocasión por supuesto blanqueo de capitales, según el criterio que le marcó la Audiencia de Palma al bloquear la primera citación judicial de un miembro directo de la Familia Real.
La clave judicial para una posible imputación de la Infanta radica en el uso de fondos captados a través de la empresa Aizóon, “sociedad pantalla con finalidad defraudatoria”, según la Audiencia de Palma. La compañía manejó capital procedente de una masa de origen ilícito, de los negocios sucios de Urdangarin en el Instituto Nóos. Esta entidad, declarada como altruista y amparada en privilegios fiscales, captó más de seis millones de organismos públicos. El duque “interpuso” Aizóon, dicen los magistrados, para colar “ciertos servicios de carácter personalísimo”.
El magistrado encargó tres informes específicos a la Agencia Tributaria sobre la vida fiscal y patrimonial de la infanta Cristina: gastos, cuentas y declaraciones de impuestos, propios y de Aizoon. Otro informe, factura a factura, está siendo elaborado por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Judicial y apunta a los pagos a proveedores de los duques. En especial, se examina la participación de la Infanta en la encomienda de trabajos y compras a proveedores para las obras y decoración de su mansión de Barcelona (tres millones de euros), en cuya compra la pareja gastó seis millones. Ahora está en venta por diez millones, una vez que Doña Cristina y sus hijos se han ido a vivir a Suiza.
Por otra parte, Iñaki Urdangarin se queja ante el juez de la actitud procesal de Diego Torres, de quien cree que abusa del “manto protector” del derecho a la defensa con el objetivo de descalificarle continuamente. El letrado del duque, Mario Pascual, dice que “bajo el pretexto y abuso” está “constantemente invocado derecho de defensa”.